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Las personas, haciendo hileras como hormigas, subían y bajaban el empinado sendero cargando los enseres de sus viviendas. Al hombro llevaban costales y bolsas llenas de trastes o ropa, mesas y taburetes de comedor, camas, colchones, televisores y equipos de sonido. También llevaban peces, pericos, pollitos, gatos, conejos y perros, sacados en peceras y jaulas o, simplemente, cargados de brazos.

El camino era custodiado por uniformados de la policía y el ejército, mientras empleados de la administración municipal ayudaban a cargar los enseres hasta los camiones. Seguramente los trasteos irían a parar a la casa de algún familiar o a una pieza de alquiler, porque la mayoría aún no sabe para donde irse.

La amenaza los cogió por sorpresa. Ocurrió en la tarde del domingo cuando miembros de un combo les dieron dos días para irse de ese sector conocido como El Cañón, ubicado en el barrio La Loma del corregimiento San Cristóbal, en el occidente de Medellín.

Hasta el martes 7 de mayo se registraba el desplazamiento de 43 familias, compuestas por 178 personas, de las cuales 61 son menores de edad, 89 mujeres y 89 hombres, según cifras entregas ese día por el secretario de Seguridad de Medellín, Arnulfo Serna.

La Loma es una zona semirural de calles empinadas y senderos de cemento, rodeada de casas con pequeñas huertas, jardines o potreros. Algunas, por sus corredores adornados de matas, tienen el aspecto de antiguas viviendas campesinas. Otras son como pequeños apartamentos de ladrillo, uno al lado del otro.

Hasta esas viviendas se aproximó el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, para pedirles a las personas que no abandonaran sus casas, que la fuerza pública y la Alcaldía los iban acompañar esa noche, así como la noche anterior, y que esa compañía sería también mañana e incluso las próximas semanas.

• Vamos a montar una base militar en la parte de arriba y aquí abajo habrá un CAI móvil de la policía -les anuncia el mandatario a dos morenas que, sentadas en el andén de una casa, cargan un niño descalzo cuyo rostro expresa el mismo desconcierto que se ve en las caras de los adultos.

• Pero es que la policía no va a estar siempre con nosotros. Ellos después se van y quedamos solos. Además, ya tenemos todas las cosas abajo –donde están los camiones del trasteo-, replica una de las mujeres.

• Alcalde, con todo respeto –interviene un joven que está en el lugar-, nosotros nos quedaríamos pero quién nos va a garantizar la seguridad cuando salgamos a coger el bus para ir a trabajar. La mayoría de las personas aquí trabajamos en empresas y nos toca salir a las cuatro o cuatro y media de la mañana para el trabajo. La vía principal está retirada y el camino es muy sólo a esa hora ¿Quién nos garantiza la seguridad?

• Hagan el ejercicio de quedarse esta noche –insiste el alcalde-. Yo voy a venir hoy por la noche y el acompañamiento va a ser permanente con la policía, el ejército, la Unidad de Atención a Víctimas y las instituciones defensoras.

Las palabras de fortaleza del gobernante no bastaron para animar a las personas a quedarse, el temor es generalizado. No obstante el mandatario expresó que, aunque se fueran, tendrían todas las garantías para regresar cuando quisieran y que en ese proceso también recibirían apoyo de la administración municipal.

Lo que más le encomendaron las familias a las autoridades es que cuiden las viviendas que con tanto esfuerzo construyeron. La gente no quiere que los ladrones, o los mismos combos, destruyan las casas, hurten las cosas de valor o terminen ocupándolas para delinquir en ellas.

Hace dos años, relata un hombre, ocurrió lo mismo en la parte alta. Un combo desplazó a 15 familias y esas casas están caídas. Se robaron todo: las puertas, las ventanas, hasta el cableado de la luz. Desvalijaron las casas. El sector, afirma, parece un barrio fantasma.

La preocupación de este hombre es apenas comprensible. Con un salario mínimo debe sostener una familia de cuatro miembros y pagar la deuda que adquirió en el banco para construir su casa. El préstamo es a cuatro años y apenas ha pasado un año. “No he pagado ni los intereses”, advierte. Lo peor es que ahora tendrá que abandonar la vivienda, que todavía está librando, para pagar un arriendo.

De camino al lugar donde están los camiones de trasteos, dos mujeres se lamentan. Una de ellas, morena, de cabello crespo y con los ojos hinchados de tanto llorar, dice que guardó sus cosas en la casa de un familiar que vive unas cuadras más arriba. Y aunque no sabe a dónde ir, está convencida de que debe marcharse a otra parte, porque el combo de ese lado es el mismo que amenazó a las familias de este lado, indica.

La angustia es general. Las personas se sientan sobre sus muebles, arrumados en los andenes o cerca de los camiones, y se ponen a pensar para dónde irse. Ni siquiera saben qué hacer con sus pertenencias.

Atada a un árbol, una vaca blanca de manchas cafés se echa en el suelo y recoge su cabeza entre las patas. “El animal es de un vecino, un señor de 40 años, discapacitado, le falta una pierna, vive sólo y no sabe qué hacer con la vaca, seguro le va a tocar venderla, comenta el hombre.

Además de las reses, en los alrededores de varias casas hay matas de cebollas, arvejas, yucas, plátanos y tomates, y árboles frutales como mangos y naranjas. Seguramente, sin el cuidado de sus dueños, sus frutos y cosechas se pudrirán o terminarán siendo robados por alguien.

Por eso, “a los más viejos les está dando muy duro”, afirma el habitante. A los más adultos aparte del dolor, que les representa abandonar sus casas y el lugar donde hicieron sus vidas, los atormenta la tristeza de dejar sus animales y huertas, que cuidaron con cariño y cultivaron con dedicación.

“La doña de la casa de abajo tuvo que vender el ganado que tenía. Ayer vino un camión a recogerlo para llevárselo al municipio de El Retiro, oriente antioqueño. Ella no ha hecho sino llorar -continúa relatando el habitante- y esta mañana salió con el hijo para la Plaza Minorista a vender las gallinas y los patos que tenía; los llevaba empacados en costales.”

A la par con los adultos mayores, los niños también están conmocionados. Los que aún siguen en La Loma brincan de casa en casa atraídos por la policía y por las cámaras de televisión, pero los que ya se han ido a otra parte, como las hijas de este hombre, extrañan su casa, su barrio, sus juegos y sus vecinos.

Las tres hijas de este habitante tienen edades entre los 7 y los 19 años. Ellas, junto a su madre, se encuentran en una pieza que alquiló este hombre para dormir y guardar sus enseres provisionalmente. En esa habitación hay cuatro familias, conformadas por 6 menores de edad y 9 adultos. En medio del encierro y el hacinamiento, las dos niñas menores no han parado de llorar.

Pero el llanto de las pequeñas ya había comenzado desde el pasado domingo cuando, en horas de la tarde, un hombre tocó a la puerta de su casa para amenazar a su familia y ordenarle que se marchara del barrio.

Amenazas de lluvia

De las familias amenazadas la mayoría tiene algún grado de consanguinidad, de acuerdo con el relato de este habitante. Muchos son hermanos, primos, tíos y sobrinos; de primera, segunda o hasta tercera generación. Los hijos han construido las casas en los lotes de los padres o han adquirido terrenos aledaños para estar cerca los unos de los otros.

El problema en sí, relató este habitante, empezó el pasado jueves 2 de mayo con la muerte de dos hombres en la parte alta de La Loma. Ese fue el antecedente del desplazamiento, pero la situación ya era tensa desde antes.

“Esto pasa porque un grupo dice que como no lo queremos apoyar estamos en contra de ellos”, afirma el hombre. Como ni los adultos ni los jóvenes estuvieron dispuestos a colaborarles a los combos, los grupos armados les dijeron a estas familias que “se les iba acabar la dicha”, afirman algunos.

A la comunidad la culpan de haber permitido la muerte de dos presuntos miembros del combo porque, al parecer, los asesinos ingresaron por la parte baja de La Loma, donde viven las familias desplazadas. Entonces me pregunto si ¿acaso en Medellín habrá que ser parte del conflicto para poder vivir en algunos sectores?

El mismo jueves el ambiente fue de incertidumbre, pero la situación se complicó con la captura de alias “Duván”, detenido por la policía como supuesto homicida de los jóvenes asesinados. El hombre que relata esta situación, asegura que ni siquiera sabe quién es “Duván”, pero lo claro es que su captura aumentó el recelo del combo que terminó por amenazarlos.

La tarde el domingo era lluviosa y aún así un grupo de aproximadamente 8 jóvenes empezó a tocar las puertas de las viviendas para decirles a las familias que se tenían que ir. “Primero llegaron dos hombres que se pararon unos 15 ó 20 minutos junto a un teléfono público –relató el habitante-. Luego subieron otros seis y se repartieron por todo el sector tocando las puertas de las casas hasta con las armas.”

Después de que los intimidaran, la esposa de este hombre llamó por teléfono a su suegra, que vive a solo dos casas, para decirle que los habían amenazado. La suegra sólo atinó a decirle: “¿allá también fueron? Aquí acabaron de llegar a decirnos lo mismo,”

Los niños y las mujeres empezaron a llorar y bastaron unos minutos para que la comunidad se reuniera en la calle aún bajo la lluvia. Parados cerca del mismo teléfono donde se detuvieron los delincuentes, los habitantes se preguntaban unos a otros ¿Qué hacer? Algunos les habían implorado compasión a sus agresores para que no los desplazaran, pero éstos habían contestado que esa era la orden y que se tenían que ir o los mataban.

El éxodo empezó esa misma noche. Ya la policía había llegado al sector y por la loma bajaban las personas cargando lo primero que pudieron sacar de sus viviendas. El mismo domingo salieron del sector unas 20 familias, de acuerdo con el primer balance entregado por las autoridades.

Las escenas eran desgarradoras, había que ver a un anciano que tiene problemas de rodilla, caminando cuesta abajo apoyado en dos bastones. A pasos lentos e inseguros este viejo de 85 años bajo en medio del aguacero atemorizado por la situación.

La comunidad también se impactó con la condición de una anciana que ha vivido 50 de sus 90 años en La Loma. A ella los delincuentes le dijeron que si no se iba la mataban, sin importarles su edad ni la asfixia crónica que padece.

A esta mujer la sacaron cargada en una silla y protegida con un paraguas. La bajaron hasta la vía principal donde la esperaba un carro que la llevaría a la casa de un familiar. Hasta el ejército colaboró en su traslado bajando el tanque de oxigeno. De hecho, entre la noche del domingo y la mañana del lunes, varios miembros de la fuerza pública ayudaron a las familias con sus corotos.

A esas personas que salieron primero ya les entregaron ayudas alimentarias, utensilios de cocina y auxilios de vivienda por $110.000, asegura el habitante. Un familiar, que se encuentra a su lado, le revela a este hombre que ya se registró y que hizo el trámite ese martes en la mañana.

-Yo me voy a registrar ahora que termine de sacar las cosas –afirma el habitante.

-Toca bajar hasta la carrera 92, por allá está la oficina –agrega el familiar.

-Toca registrarse ya como desplazado ¿cierto? –pregunta el habitante.

-Sí -responde secamente su familiar haciendo una cara larga y generando un silencio prolongado.

-Que iba a pensar yo que iba a ser desplazado. Uno nunca se imagina eso –revela con tristeza el habitante.

El desplazamiento forzado es una violación de los derechos humanos que en Colombia históricamente ha afectado a los habitantes del campo a raíz del conflicto armado. Cinco millones 445 mil 406 desplazados en todo el país, es la más reciente cifra presentada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

En Medellín, sólo durante el 2012, la Personería registró 9.322 personas desplazadas. “El 43% de estos casos ocurrieron en dos sectores de la ciudad donde el accionar de los grupos delincuenciales se dio con bastante intensidad; en las comunas 13, (San Javier) y 8 (Villa Hermosa) se registraron 611 y 431 declaraciones, respectivamente”, indicó el informe de derechos humanos de ese Ministerio Público.

El corregimiento San Cristóbal es aleñado a la comuna 13 y, no en vano, el conflicto entre las bandas de “Los Urabeños” y “La Oficina” viene afectando a la población en sectores como La Loma, donde los combos “La Loma” y “La Agonía” se están disputando el control territorial, según informó el comandante de la Policía Metropolitana, general José Ángel Mendoza.

Como en otras zonas de la ciudad, la confrontación entre “Urabeños” y “Oficina” viene deteriorando las condiciones de seguridad y generando violaciones de derechos humanos, con casos visibles en las comunas 8 (Villa Hermosa), 13 (San Javier), 16 (Belén), y en los corregimientos San Antonio de Prado y San Cristóbal. En esos sectores se han denunciado homicidios, enfrentamientos armados, restricciones a la movilidad, amenazas, reclutamiento y utilización de menores de edad, desapariciones y desplazamientos forzados.

El caso de La Loma hace parte de esa violencia desencadenada en la ciudad por la guerra entre macro estructuras criminales que, para controlar las rentas ilegales y los corredores para el tráfico de armas y drogas, tratan de imponerse o de cooptar a la comunidad en busca de dominio territorial y de control social, con el propósito de garantizar la aceptación y permanencia de sus combos en las comunas.

Pero tratándose de una zona urbana y de bandas criminales o grupos pos desmovilización, éxodos masivos como el de La Loma prenden las alarmas por la suerte de miles de personas que resultan afectadas por el desplazamiento forzado intraurbano y, sin embargo, no son reparadas como víctimas a la luz de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

El debate ha sido permanente desde la sanción de la ley y la ciudad de Medellín, por sus históricas condiciones de violencia y el elevado número de desplazados intraurbanos, ha estado en el centro de la controversia.

Recientemente un fallo de tutela, le ordenó a la Unidad Nacional de Víctimas reconocer el desplazamiento forzado intraurbano de 18 familias, originado por bandas criminales en el Cerro Pan de Azúcar, oriente de la ciudad. La decisión ordenó incluir a las 49 personas afectadas en el Registro Único de Víctimas.

La tutela fue interpuesta por la Defensoría del Pueblo y por la Personería de Medellín y aunque el juez le dio un plazo de 48 horas a la Unidad de Víctimas para cumplir con el fallo, dicha orden no fue acatada. Por eso la Defensoría del Pueblo procedió a interponer un incidente de desacato.

Lo que ocurra con este caso podría ser decisivo para las 43 familias que han salido desplazadas de La Loma y para otras miles que han vivido el mismo drama en esta ciudad. Pero ese proceso aún hace trámite ante la justicia y todavía no se resuelve en última instancia.

Por lo pronto, quienes se fueron de La Loma ya comprendieron que ahora son desplazados, lo que tal vez, aún no entienden, es que son otra clase de desplazados, una que no tiene las mismas garantías que los demás.