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Una declaración en la que el grupo guerrillero proscribe el secuestro, sumada al apoyo ciudadano y la firma de los primeros acuerdos de paz con las Farc, serían los pasos para la formalización de una negociación.

Por: Natalia Herrera Durán / Alfredo Molano Jimeno

La liberación de los hermanos Uwe y Günther Otto Breuer, el pasado viernes en una zona rural de Catatumbo (Norte de Santander), vuelve a poner sobre la mesa los rumores sobre el eventual proceso de diálogo entre el Gobierno y el Eln, tal y como lo había advertido El Espectador hace un mes.

Este diario conoció, de fuentes cercanas a la negociación —que se encuentra en fase exploratoria—, que la liberación de los dos ciudadanos alemanes era un requisito ineludible para continuar en la búsqueda de caminos para llegar a una mesa formal de paz con esta guerrilla. Al igual que lo es la liberación del ingeniero canadiense de la multinacional minera Geo Explorer, Jernoc Wober, de 47 años, secuestrado en enero por parte del Eln en Norosí, sur de Bolívar, que sería también anunciada prontamente.

El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, coordinador de la Comisión Facilitadora Civil para los diálogos de paz entre el Gobierno y el Eln, quien junto con el exministro Horacio Serpa Uribe y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) prestaron la mediación y recibieron a los hermanos Breuer, confía en que se dé un escenario para los diálogos de paz.

“Considero que las personas no pueden ser objeto de secuestro y había la obligación de devolverlas, pero hacerlo de manera voluntaria es un mensaje para que el Gobierno considere la posibilidad de un diálogo con el Eln. Les preguntamos a las personas que nos entregaron a los ciudadanos alemanes sobre la viabilidad de un escenario de paz, y la respuesta fue positiva. Por eso lo veo como un buen mensaje para buscar establecer una mesa de diálogos”, dijo Bernal Cuéllar.

Pero la liberación de los extranjeros es sólo el primer punto de varios que ya se habrían acordado entre las partes. Otro sería una declaración de la proscripción del secuestro por parte del Eln, como un gesto de paz que cerraría este oscuro episodio que ha marcado a esta guerrilla.

El anuncio sobre la instalación de una mesa de paz con el Eln se realizaría después de las marchas ciudadanas a favor del proceso de paz con las Farc, programadas para próximos días por organizaciones civiles de izquierda. Éstas son la marcha del 9 de abril y el Congreso Nacional de Paz, agendado para finales de ese mes. Movilizaciones en las que el Gobierno podrá medirle el aceite al respaldo de la ciudadanía.

Aunque el Eln y el Gobierno estarían interesados en iniciar el proceso, aún existen dificultades para encontrar el camino. Entre esas estaría la desconfianza que suscita la negociación con las Farc, reflejada en las últimas encuestas de opinión. Por eso la mesa con el Eln sólo se instalaría después de que el Gobierno y las Farc hagan pública la firma de los primeros acuerdos de la agenda pactada en La Habana, a los que ya llegaron en Cuba. Quiere decir que aunque faltan muchos episodios antes de que los colombianos se enteren de la formalización de un proceso de paz con el Eln, el proceso está andando con la mayor discreción.

Existe otro elemento que apunta a que el Gobierno estaría abonando el terreno para crear escenarios de participación ciudadana, que contribuyan a la búsqueda de una salida política al conflicto armado, en regiones en donde históricamente el Eln ha tenido presencia y se han dado fuertes pulsos entre el Estado y las organizaciones civiles.

Es el caso de Arauca, donde según un reciente informe de la corporación Nuevo Arco Iris, el Eln concentra su fuerza. De acuerdo con el documento, esta guerrilla realizó más de 119 acciones militares en esta región, mientras que en los otros departamentos donde tienen presencia estas actuaciones armadas no pasaron de 30.

Según Luis Eduardo Celis, quien dirigió esta investigación, la principal fuerza militar del Eln es el frente Domingo Laín, que opera en Arauca y que ha realizado más de la mitad de las acciones bélicas de esta guerrilla en el país, “de tal forma que todo lo que signifique una concertación e inclusión de las organizaciones de la sociedad civil en la región ayuda a aclimatar un proceso de paz con el Eln”.

Se trata, en concreto, del Decreto 0285, del 27 de febrero de 2013, que firmó el Gobierno y revive la “Comisión Intersectorial para la Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos en el Departamento de Arauca”, integrada por los ministros del Interior y Defensa, y los directores de la Unidad de Reparación de Víctimas, de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Programa Presidencial de Derechos Humanos y del Ministerio del Interior.

Además, también están, con voz y sin voto, representantes de las organizaciones sociales que siempre han pedido la necesidad de una salida política con el Eln. Se destacan el obispo de la diócesis de Arauca, así como la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de Arauca (Ascatidar) y la Fundación Comité de Solidaridad de Presos Políticos.

Un instrumento que nació un día antes de que el presidente Andrés Pastrana finalizara su gobierno, a raíz de las masivas movilizaciones sociales que se dieron en Arauca como exigencia de una respuesta del Estado ante el accionar paramilitar en la región.

Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez este comité nunca se reunió y es ahora, en el gobierno Santos, cuando nuevamente, tras varias movilizaciones sociales que se iniciaron con fuerza en abril de 2012 y se fueron hasta comienzos de febrero de este año, se da vida a esta comisión, frente a las exigencias de las organizaciones que hoy abanderan una posición crítica ante la presencia de multinacionales mineras y petroleras.

Y aunque la comisión no surgió como un escenario para mediar entre el Gobierno y la insurgencia, es un órgano que busca promocionar e investigar un aspecto por el que tiene que pasar un eventual acuerdo entre el Gobierno y el Eln: el respeto por los derechos humanos y el DIH.

Así lo cree Juan Carlos Torregrosa, miembro de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, que ha impulsado desde el comienzo este proceso y sostiene que en la Comisión Intersectorial se tendrá que hablar de la necesidad de un proceso de paz con el Eln. Bernal Cuéllar también lo cree. “Reactivar este órgano es una decisión positiva, porque promueve los derechos humanos y ayuda a que se proteja a las personas que trabajan en esta materia en la región, aliados claves a la hora de unir fuerzas para un escenario de paz”.