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27 de septiembre de 2012 - Las decisiones de algunos gobiernos del continente americano de reanudar o intensificar la deportación de migrantes forzosos haitianos les amenaza con hacerlos aún más vulnerables de lo que actualmente son. Después del terremoto del 12 de enero de 2010, varios países de América Latina dieron una moratoria a las deportaciones de los haitianos y haitianas por razones humanitarias. Algunos gobiernos respetaron la moratoria, mientras que otros la violaron. Más de dos años y medio después de la tragedia, casi todos los gobiernos han levantado esta suspensión y anunciaron la reanudación o la intensificación de la repatriación de haitianos indocumentados dentro sus respectivos territorios.

Reanudación de las deportaciones desde las Islas Turcos y Caicos. En septiembre pasado, las autoridades británicas de las Islas Turcos y Caicos anunciaron la reanudación de las deportaciones de haitianos indocumentados que llegaron a la isla antes del terremoto del 12 de enero de 2010.

"El levantamiento de la suspensión de las deportaciones a Haití es una decisión del Ministerio de Trabajo y Control de Fronteras con el fin de aplicar la ley de manera firme, justa y eficaz", declaró el secretario permanente de este organismo ministerial de estas islas británicas, Clara Gardiner, a los medios de comunicación.

"A través de la consolidación de nuestra capacidad de inteligencia y de la firma de un protocolo conjunto con la policía, estamos identificando todas las amenazas e individuos que intentan quebrar la integridad de nuestras fronteras, como los boat people (refugiados que llegan por el mar), los coyotes (traficantes de personas) y otros traficantes; buscamos a los inmigrantes involucrados en actividades criminales o a aquellos que son nocivos para nuestras comunidades", afirmó.

Reanudación de las deportaciones desde las Antillas francesas. En una declaración a la prensa a principios de septiembre, una serie de organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes en Francia y en los territorios de ultramar informaron sobre la reanudación de las deportaciones de haitianos desde las Antillas, medidas que, en teoría, habían sido suspendidas desde el terremoto de 2010. Estas organizaciones, entre ellas Collectif Haïtí de France (CHF) y el Comité Inter Mouvements Auprès des Évacués (CIMADE), fustigaron la decisión de las autoridades insulares de Guadalupe de expulsar a Haití a un padre haitiano cuyo hijo es de nacionalidad francesa.

El inmigrante haitiano fue interpelado "por la policía de fronteras francesa, mientras estaba en su lugar de trabajo en Guadalupe. Más tarde fue detenido y llevado al centro de detención administrativa de Morne Vergain (Guadalupe) para ser expulsado a Haití", explicaron, indignadas, esos colectivos de derechos humanos.

"Cuando la organización [católica pro derechos de los inmigrantes] CIMADE preguntó en el Ministerio del Interior francés sobre esta situación tan grave, [la reanudación de las deportaciones de haitianos], no recibió ninguna respuesta", explicaron perplejos.

Haitianos en el limbo en Brasil. En la actualidad, 210 haitianos se encuentran varados en la ciudad de Brasileia, cerca de la frontera con Perú y Bolivia, a la espera de una decisión sobre su situación migratoria por parte del gobierno de Brasil. Las autoridades locales brasileñas comenzaron a prestar asistencia humanitaria a los inmigrantes, que llegaron en un estado crítico (deshidratados y hambrientos) después de caminar varios días por la selva amazónica de Bolivia.

Los 210 migrantes salieron de la ciudad peruana de Iñapari, en la frontera de Bolivia y Brasil, donde habían estado viviendo durante meses sin ningún tipo de ayuda de las autoridades y sin poder cruzar a Brasil que había decidido mantener sus fronteras cerradas.

A medida que pasaba el tiempo las autoridades locales de Brasileia se mostraban cada vez menos dispuestas a prestar asistencia humanitaria por falta de fondos. Según las autoridades locales, éstas informaron el gobierno central sobre la presencia de los inmigrantes. El gobierno brasileño tiene aún que decidir si desea o no regularizar su situación jurídica o expulsarlos. Por otra parte, no se sabe si van a ser enviados de vuelta a casa o retroceder al Perú.

"La política del gobierno es luchar contra la delincuencia organizada que saca provecho deesas migraciones", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Antonio Patriota, quien subrayó cuán mínima es la posibilidad para su gobierno de regularizar a más haitianos por razones humanitarias.

Ecuador, los haitianos indocumentados también se ven amenazados con la deportación. En julio, un haitiano fue detenido por la policía de inmigración en las calles de la capital ecuatoriana, Quito, tras un control rutinario que puso al descubierto su situación irregular en el país. El tribunal dio al inmigrante 90 días para regularizar su situación legal, tras lo cual se emitió una orden de deportación. Se espera en los próximos días un fallo de la Corte Constitucional sobre el caso. El resultado del caso influirá notablemente en el futuro de los inmigrantes haitianos en Ecuador, ya que puede representar un precedente legal. Mientras tanto, muchas organizaciones de derechos humanos y los mismos inmigrantes han pedido al gobierno no deportar a todos los haitianos en situación irregular en Ecuador.

¿La República Dominicana? "Bajo la nueva administración del presidente Danilo Medina, las autoridades migratorias han continuado deportando a inmigrantes haitianos, utilizando los mismos procedimientos ilegales adoptados en épocas anteriores", subrayó un comunicado emitido este mes de septiembre por el Servicio Jesuita a Migrantes en la ciudad fronteriza de Jimaní.

Estos procedimientos irregulares consisten en la violación de los acuerdos internacionales sobre los derechos de los inmigrantes, suscritos por la República Dominicana, así como un incumplimiento del protocolo de entendimiento sobre mecanismos de repatriación entre la República Dominicana y Haití de 1999.

El gran temor es que el nuevo gobierno dominicano continúe con las mismas políticas de migración, caracterizadas por la deportación de haitianos sin respetar unos procesos adecuados, la desnacionalización de los dominicanos de origen haitiano, y la violación de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos.

Wooldy Edson Louidor, Coordinador Regional de Advocacy y Comunicación para Haití, Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y Caribe