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¿Quién paga la cuenta del COVID-19 en América Latina y Caribe? La sombra de la austeridad

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85% de los préstamos COVID-19 del FMI para América Latina y Caribe demandan austeridad fiscal

(América Latina, 28 de septiembre) De acuerdo con el reciente informe publicado esta mañana: “¿Quién paga la cuenta del COVID-19 en América Latina y Caribe? La sombra de la austeridad”, Oxfam alerta que la región corre el riesgo de regresar a una peligrosa senda de austeridad que genere más pobreza y desigualdades. La región, epicentro de la crisis económica y sanitaria de estos dos últimos años, recibió el 70% de los fondos globales del FMI.

Entre el 1 de abril 2020 y 31 mayo 2022, el FMI ha establecido al menos 21 acuerdos de préstamo con 14 países de ALC. Para ocho países de la región, esto ha supuesto volver a recurrir al FMI después de más de una década.

Oxfam ha analizado estos acuerdos de préstamo desde que comenzó la pandemia, levantando evidencias de que en el 85% de los casos el FMI está alentando políticas de austeridad fiscal.

Según el reporte, las medidas de austeridad son injustas, con recortes en los gastos sociales, endurecimiento de las condiciones laborales, privatizaciones y/o la promoción de reformas tributarias regresivas, como el incremento del IVA. “Todo esto tendrá un efecto devastador para la población de la región, con impactos más severos sobre las personas más vulnerables, en especial mujeres y personas trabajadoras informales”, alerta Grazielle Custódio David, Coordinadora de Justicia Económica de Oxfam América Latina.

“Para enfrentar la pandemia en su primer año, los gobiernos de la región ampliaron sus gastos y programas sociales, por lo que muchos se vieron obligados a recurrir a préstamos. Pese a que la emergencia sanitaria todavía no ha sido superada del todo, y que ALC se está viendo afectada por los efectos de la guerra en Ucrania, se está generando otra crisis que afecta a las personas más vulnerables: la del aumento del costo de vida por la inflación. En este contexto, mantener los gastos sociales es fundamental para evitar el incremento del hambre, de la pobreza y de las desigualdades. Sin embargo, los gobiernos de la región, apoyados por el FMI, han optado por tomar medidas de austeridad fiscal”, declaró Custódio.

Covid-19: Paquetes de estímulo sin precedentes

Hasta el final de 2021, 31 países de la región pusieron en marcha 378 paquetes de protección no contributivas como medidas de emergencia para contrarrestar los impactos sanitario y económico del COVID-19 sobre la población. El gasto social se triplicó en 2020 con respecto al promedio de la década anterior, llegando a representar el 15% del total de inversión pública en esos países.

Austeridad: Retroceso en la agenda de derechos

En 2021, ALC en conjunto redujo a la mitad los paquetes de estímulo fiscal con respecto al año anterior. Entre marzo y diciembre de 2020 las transferencias de emergencia anunciadas por los países para mitigar el efecto de la crisis representaron un gasto de 89 700 millones de dólares; sin embargo, en los primeros diez meses de 2021 el gasto efectivo en estas medidas tan solo alcanzó a 45 300 millones de dólares, la mitad del año anterior.

El hambre, la pobreza y las desigualdades se amplían en la región, como demuestran los estudios de caso de cuatro países descritos en el informe. En contraste, desde el principio de la pandemia han surgido 27 nuevos milmillonarios en ALC, cuya riqueza ha crecido, a razón de 5 millones de dólares por hora y 124 millones de dólares al día. Los 97 milmillonarios de ALC concentran más riqueza que 392 millones de personas que representan el 60% de la población de esta región. Sólo los dos hombres más ricos de ALC (Carlos Slim y Germán Larrea, ambos de México) concentran más riqueza (100 000 millones de dólares) que la mitad de toda la población de ALC (que alcanza a 91 000 millones de dólares).

Existen alternativas

Oxfam junto con otras 10 organizaciones de la sociedad civil plantean que este es el momento para crear un espacio de coordinación regional de política fiscal, liderado por Chile y Colombia, a fin de combatir de raíz las desigualdades estructurales de la región con mayor disparidad de riqueza del mundo.

Oxfam hace un llamado al FMI a que dé un viraje radical frente a las políticas de austeridad fiscal, proponiendo alternativas como: suspender toda condicionalidad en sus programas de préstamos en curso, y reanudar el financiamiento de emergencia sin imposiciones, como se hizo al comienzo de la pandemia en 2020.

Los gobiernos de ALC también deben asumir una responsabilidad histórica, abandonando la austeridad y adoptando medidas que impulsen un desarrollo económico sostenido como forma de reducir el peso de la deuda pública en el conjunto de la economía. Para ello, se debería utilizar, como palanca, la inversión y los gastos públicos orientados hacia la implementación de programas sociales principalmente en salud y cuidados. Los Estados deben ser los garantes de derechos y estar regulados, por los límites ecológicos del planeta. Lo anterior, cumpliendo con los principios de gobierno abierto y fortaleciendo los mecanismos de transparencia. Además, deben ampliar sus recursos públicos con:

Reformas tributarias que graven la riqueza. Aplicar un impuesto sobre la riqueza y gravar las rentas de capital y dividendos que recaigan sobre quienes se han enriquecido de forma desproporcionada durante la pandemia. Nuestros cálculos muestran que un impuesto a la riqueza de los milmillonarios de ALC que están en 11 países podría recaudar al menos 20 000 millones de dólares. Impuestos a las sobreganancias empresariales. Aplicado, sobre todo, en aquellos sectores como el de energía o alimentación cuya rentabilidad crece de forma desmedida por el efecto de la subida de precios y el costo de vida. Un impuesto de estas características, como se está viendo ya en Europa, podría generar recursos sustanciales que mitiguen los efectos de la inflación.

“Es posible tener una deuda sostenible e incluso reducirla, con otras medidas distintas a la austeridad fiscal, como reformas tributarias progresistas, con la aplicación de impuestos a las sobreganancias empresariales y a la riqueza de los súper ricos. Con la implementación de mecanismos alternativos es posible tener sustentabilidad fiscal y económica, sin reducir derechos ni ampliar desigualdades”, concluyó Custódio.