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Publicado en: El País

Juan Pappier
Investigador sénior, División de las Américas
@JuanPappierHRW

Una mujer haitiana de 37 años yacía sobre una mesa de madera del lado panameño del Tapón del Darién, una peligrosa selva en la frontera con Colombia. Su hijo de tres años temblaba a su lado. Un grupo de médicos cubanos, que también estaban cruzando la frontera, la ayudaron a dar a luz con insumos médicos improvisados, mientras que fiscales y agentes de la patrulla fronteriza observaban desde lejos. No había intérpretes de francés, por lo que una de mis colegas de Human Rights Watch se ofreció a ayudar.

Luego de atravesar a pie el Tapón del Darién durante días, la mujer había llegado a la comunidad indígena de Canaán Membrillo, donde las personas que cruzan la frontera se encuentran por primera vez con autoridades de migración panameñas. Su vida corría peligro. Los médicos tuvieron que usar el elástico de las mascarillas contra el Covid-19 para cortar el cordón umbilical. La mujer sobrevivió, pero los médicos le informaron que el feto estaba sin vida desde hacía días. Ante la insistencia de los médicos, los agentes de la patrulla fronteriza la trasladaron al hospital más cercano, un viaje de cinco horas en canoa, en medio de la noche.

Ella fue una de las más de 100.000 personas que cruzaron el Tapón del Darién entre enero y agosto de este año, la cifra más alta jamás registrada en esos meses. Cuando visitamos esta frontera en mayo, pudimos ver a cientos de personas, incluidos niños, niñas y mujeres embarazadas, que necesitaban atención médica. Tras caminar varios días, muchos llegan deshidratados, con heridas, picaduras graves de mosquitos y tobillos hinchados. Muchas personas son atacadas por criminales, quienes los roban, amenazan y, en decenas de casos, abusan sexualmente.

Sin embargo, al momento de nuestra visita, no había médicos estatales para atender a estas personas a su llegada a Panamá. Los agentes de la patrulla fronteriza panameña, conocida como Senafront, le pedían ayuda a otros migrantes con formación médica, en su mayoría cubanos. En Canaán Membrillo hay un puesto de salud público que se reacondicionó recientemente. Sin embargo, no contaba con personal ni insumos médicos.

Después de cruzar la frontera, la patrulla fronteriza lleva a las personas a San Vicente, un centro de detención del que no pueden salir salvo cuando las autoridades los trasladan hacia la frontera con Costa Rica. En San Vicente, reciben atención médica de Médicos Sin Fronteras (MSF) y de la Cruz Roja Panameña, pero estas organizaciones no dan abasto con semejante desafío. Entre abril de 2021 y mayo de 2022, MSF brindó asistencia médica y psicológica a 417 personas que habían sido abusadas sexualmente en el Tapón del Darién.

Cuando visitamos San Vicente, nos encontramos con carpas sucias y condiciones precarias. Las personas dormían en el suelo. Los baños se encontraban en condiciones insalubres y no estaban correctamente separados por sexo. La capacidad de evaluar a las personas para determinar si reunían los requisitos para asilo era muy limitada.

Desde San Vicente, las autoridades panameñas envían a los migrantes en autobuses en dirección norte, al centro de recepción de Planes de Gualaca, que se encuentra en la frontera con Costa Rica. Allí duermen en colchones sucios dentro de cabañas de madera deterioradas y sin electricidad. No reciben atención médica y, durante nuestra visita, tampoco vimos funcionarios gubernamentales que evaluaran a solicitantes de asilo.

Luego de la visita al Darién, planteamos nuestra preocupación a las autoridades en Ciudad de Panamá, incluyendo a la viceministra de salud, por la falta de atención médica. Poco después, el Ministerio de Salud envió a Canaán Membrillo a un médico, un enfermero y un técnico de enfermería, tal como lo venía solicitando desde hacía tiempo la Defensoría del Pueblo.

No cabe duda de que esto representa un paso en la dirección correcta que será de ayuda para muchas personas. Sin embargo, es apenas uno de muchos pasos que deben dar las autoridades colombianas y panameñas y otros gobiernos de la región, incluido el de Joe Biden en los Estados Unidos.

Varios países de la región, incluyendo México, han impuesto recientemente requisitos de visados que han causado un marcado incremento en el número de personas venezolanas y de otras nacionalidades que cruzan el Tapón del Darién. Debido a estas restricciones, estos migrantes no pueden viajar al norte en avión y ven al Darién como la única opción para intentar buscar asilo en los Estados Unidos. Algunos gobiernos habrían impuesto estas nuevas restricciones en respuesta a presiones por parte de Estados Unidos.

Cerca de 69.000 ciudadanos venezolanos han cruzado el Tapón entre enero y agosto de este año, un número 60 veces mayor al del año pasado. Superaron a los cubanos y haitianos y se posicionaron como la principal nacionalidad que intenta cruzar esta peligrosa selva.

Los gobiernos de la región deben revertir urgentemente las medidas que impiden el acceso efectivo al asilo y obligan a las personas a utilizar caminos peligrosos en los cuales se exponen a graves abusos.

Pero mientras ello ocurre, las autoridades panameñas deben hacer más para que los migrantes y las comunidades que los reciben obtengan asistencia adecuada, incluyendo atención médica.

Las autoridades de Panamá deben asegurar que el nuevo equipo médico que se envió a la zona, y que solo trabaja de lunes a viernes, amplíe la cobertura que brinda y cuente con medicamentos e insumos suficientes para prestar atención en salud de calidad a migrantes y a la población local. También deberían trabajar con MSF, la Cruz Roja Panameña y otras organizaciones no gubernamentales para que estas puedan ampliar su cobertura y trabajar en Canaán Membrillo. La atención médica oportuna, sobre todo para quienes hayan sufrido abuso sexual, es fundamental para proteger la vida y la salud de estas personas.

También es importante que el gobierno panameño mejore las condiciones en los centros de San Vicente y Planes de Gualaca. Para ello debe tener en cuenta las recomendaciones de las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona, mejorar las instalaciones y brindar asistencia permanente por parte de médicos, funcionarios que atiendan solicitudes de asilo y organismos que velen por los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Tristemente, decenas de miles de migrantes hoy usan el Tapón del Darién para huir de las crisis de derechos humanos en América Latina. Merecen que exista una manera segura, ordenada y digna de buscar protección internacional.

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