Conclusiones detalladas de la Misión int'l independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela: La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de de Bolívar (A/HRC/51/CRP.2)
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Consejo de Derechos Humanos
Quincuagésima primero periodo de sesiones
12 de septiembre 2022 a 7 de octubre 2022
Tema 4 de la agenda
Las situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo
Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela: La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar
I. Introducción
A. Mandato
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El 27 de septiembre de 2019, mediante la resolución 42/25, el Consejo de Derechos Humanos estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (en adelante, “la Misión”). El 6 de octubre de 2020, el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato de la Misión por dos años, hasta septiembre de 2022, mediante la resolución 45/20.
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La resolución 45/20 permitió a la Misión seguir investigando las violaciones manifiestas de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como las relacionadas con la violencia sexual y de género, cometidas desde 2014. Al momento de la preparación de este informe, las expertas y el experto miembros de la Misión son Marta Valiñas, de Portugal (presidenta)1, Francisco Cox, de Chile2 y Patricia Tappatá, de Argentina3. Las expertas y el experto realizaron su trabajo ad honorem.
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El Consejo de Derechos Humanos solicitó a la Misión que preparara un informe para presentar sus conclusiones al Consejo durante un diálogo interactivo en su 51º período de sesiones4. La Misión ha preparado tres documentos: (1) el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/51/43); (2) un primer documento de sesión ampliado sobre la comisión de violaciones de los derechos humanos y delitos a través de los servicios de inteligencia del Estado; y (3) el presente documento de sesión ampliado, que contiene una investigación centrada en las violaciones de los derechos humanos y delitos cometidos en la región del Arco Minero del Orinoco (en adelante, “el Arco Minero”) y otras zonas mineras del estado de Bolívar.
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En su informe de 2020, la Misión indicó que las limitaciones de tiempo y recursos le habían impedido analizar todos los contextos de violaciones de los derechos humanos pertinentes a su mandato5. Entre estos escenarios, la Misión ya había identificado violaciones de los derechos humanos en la región del Arco Minero, junto con violaciones cometidas contra los pueblos indígenas6.
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La situación de los derechos humanos en Arco Minero ha sido objeto de creciente preocupación por parte de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos7. En su resolución 45/20, el Consejo de Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y el medio ambiente” en la región, incluso con respecto a la explotación laboral de los mineros, el trabajo infantil, la trata de personas y la prostitución forzada, y manifestó su “especial preocupación por las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas” en la región8.
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Este informe se centra en las violaciones de los derechos humanos y delitos en el Arco Minero del Orinoco y zonas aledañas dentro del estado de Bolívar, que está comprendido en el mandato de la Misión de investigar “violaciones manifiestas de los derechos humanos”9. Estas violaciones y delitos se producen con frecuencia en el contexto de la extracción ilegal de oro y otros minerales estratégicos.
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Estas violaciones y delitos son perpetrados tanto por agentes estatales, en particular por militares encargados de la seguridad en la región minera, así como por actores no estatales. Estos actores no estatales incluyen grupos criminales (conocidos como “sindicatos” y “pranatos”) y grupos guerrilleros de Colombia. La investigación se centra, aun cuando no exclusivamente, en el período posterior a 2016, fecha formal de creación del Arco Minero del Orinoco10.
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Por limitaciones de tiempo y recursos, la Misión no ha podido analizar la situación en otros estados Amazonas y Delta Amacuro, que también forman parte del Arco Minero, a pesar de tener indicios de que estos estados comparten dinámicas y patrones similares de violaciones de derechos humanos y delitos relacionados con la minería ilegal11. En particular, la Misión expresa su preocupación por la grave situación de los derechos humanos en el estado de Amazonas12. Son especialmente preocupantes las violaciones de los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas, que representan casi el 45% de la población de Amazonas. Entre otras cosas, la Misión ha registrado una serie de denuncias, que no ha podido investigar, de explotación laboral y sexual, las que incluyen casos de esclavitud sexual13.