Los niños y los conflictos armados: Informe de la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados (A/HRC/49/58)
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Resumen
En el presente informe, que abarca el período comprendido entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados examina las dificultades que entraña el cese y la prevención de las vulneraciones graves contra los niños, así como el fortalecimiento de la protección de los niños afectados por los conflictos armados. En él, resume las actividades emprendidas para cumplir su mandato, las dificultades encontradas y los avances realizados en la lucha contra las vulneraciones graves de los derechos del niño. La Representante Especial informa asimismo sobre sus actividades de sensibilización, centrándose en la experiencia adquirida y las mejores prácticas, entre otras cosas. Proporciona información sobre los esfuerzos que ha realizado para crear asociaciones, expone las prioridades de su labor y formula recomendaciones para mejorar la protección de los niños afectados por los conflictos.
I. Introducción
- El presente informe, que abarca el período comprendido entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, se presenta de conformidad con lo establecido en la resolución 74/133 de la Asamblea General, en la que se solicitaba a la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados que presentara un informe al Consejo de Derechos Humanos sobre las actividades emprendidas en cumplimiento de su mandato, con información sobre los avances conseguidos y los desafíos que subsistían en relación con la cuestión de los niños y los conflictos armados. La Representante Especial también explica con detalle las actividades que ha emprendido en relación con la solicitud formulada por la Asamblea en su resolución 72/245 de interactuar en mayor medida con los Estados, los órganos y organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales, y de incrementar el número de actividades de concienciación pública, entre otras cosas mediante la recopilación, evaluación y difusión de las mejores prácticas y la experiencia adquirida. Con ocasión del 25º aniversario de la creación del mandato relativo a los niños y los conflictos armados, la Representante Especial expone además los temas que previsiblemente tendrán un impacto en el mandato en los próximos años y las esferas de trabajo que será necesario destacar para reforzar la protección de los niños afectados por los conflictos.
II. Progresos y dificultades en el cese y la prevención de vulneraciones graves
A. Progresos en el cese y la prevención de vulneraciones graves
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En 2021 se plantearon dificultades sin precedentes para la protección de los niños que viven en zonas de conflicto. Los primeros nueve meses del año se caracterizaron por un número elevado y sostenido de vulneraciones graves contra los niños. La matanza y la mutilación de niños siguió siendo la vulneración verificada con mayor frecuencia, seguida por el reclutamiento y la utilización de niños, y la denegación de acceso humanitario. Los casos de secuestro de niños siguieron en aumento y se registraron números especialmente elevados de casos verificados en Somalia, la República Democrática del Congo y la cuenca del lago Chad. Sumándose a las emergencias políticas, de seguridad y climáticas, las sucesivas olas de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) siguieron aumentando la vulnerabilidad de los niños y dificultando la vigilancia y verificación de las vulneraciones graves, así como las interacciones con partes en conflicto. A pesar de ello, la titular del mandato contribuyó a la elaboración y la consolidación de políticas y sistemas, por ejemplo en el ámbito de la justicia nacional, con el fin de proteger a los niños, ya sea mediante planes de acción o mediante actividades de colaboración, sensibilización y apoyo técnico a partes en conflicto.
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El hecho de que los talibanes retomaran el control de Kabul a partir de agosto de 2021 y la desintegración del antiguo Gobierno de la República Islámica del Afganistán, y con él las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas, pusieron en peligro las políticas, los procedimientos y los avances legislativos en materia de protección de la infancia logrados por el anterior Gobierno. En el momento en que se redactó el presente informe, aunque las Naciones Unidas seguían vigilando las vulneraciones graves cometidas contra los niños, se planteaban numerosos problemas en relación con la verificación de las vulneraciones, como una serie de limitaciones que impedían que los encargados de la vigilancia de la protección de los niños, especialmente el personal afgano y femenino, trabajaran en condiciones de seguridad.
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Entre enero y junio de 2021, antes de los hechos arriba mencionados, el Ministerio del Interior impidió el reclutamiento de al menos 98 niños para la Policía Nacional Afgana.
En junio de 2021, en el marco del plan de acción de 2011 para hacer cesar y prevenir el reclutamiento y la utilización de niños por la Policía Nacional Afgana, incluida la Policía Local Afgana, la Oficina del Consejo de Seguridad Nacional puso en marcha una política de protección de los niños afectados por el conflicto, elaborada con el apoyo de las Naciones Unidas. En vista del aumento del número de niños entre las bajas registradas en el Afganistán, el Ejército Nacional Afgano fue incluido por esas vulneraciones de los derechos del niño en la lista que figura en el último informe anual del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados1 . La Policía Nacional Afgana fue retirada de la lista en lo que respecta al reclutamiento y la utilización de niños. -
En la República Centroafricana, las Naciones Unidas iniciaron un diálogo con el ministro responsable de la enseñanza primaria y secundaria y con el ministro asesor de la Presidencia sobre cuestiones relativas a la protección de la infancia. El objetivo era hacer cesar el uso de escuelas para fines militares por varios grupos armados, las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana, efectivos de seguridad desplegados bilateralmente y otro personal de seguridad, y responder a los ataques de la Coalición de Patriotas por el Cambio contra las escuelas utilizadas como centros de votación durante las elecciones de diciembre de 2020. Se proporcionó regularmente al Ministerio una lista de las escuelas utilizadas con fines militares para que pudiera adoptar las medidas oportunas. Las Naciones Unidas prosiguieron el diálogo con el fin de resolver la cuestión de las vulneraciones graves verificadas cometidas contra niños y atribuidas a las Fuerzas Armadas, a los efectivos de seguridad desplegados bilateralmente y a otro personal de seguridad. Gracias a un diálogo constante con los grupos armados, en septiembre de 2021 se logró verificar los casos de más de 130 niños vinculados con el Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana y la Unión por la Paz en la República Centroafricana y apartar a esos niños de dichos grupos.
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En Colombia, las Naciones Unidas siguieron dialogando con el Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional para prevenir y responder a las vulneraciones graves cometidas contra los niños. En enero de 2021, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales anunció una estrategia para la aplicación a nivel local de la política de prevención del reclutamiento y utilización de niños y la violencia sexual contra los niños, puesta en marcha en noviembre de 2019.
Además, la Jurisdicción Especial para la Paz avanzó en el “caso número 7”, que se centra en el reclutamiento y la utilización de niños y otros delitos graves conexos que han afectado a niños durante el conflicto armado. En febrero de 2021, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz un informe sobre 3.878 casos de niños reclutados y utilizados por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Se estableció que más de 18.000 niños habían sido reclutados y utilizados por las antiguas FARC-EP y, a julio de 2021, se había acreditado a 274 víctimas para que participaran en el proceso judicial correspondiente. -
En la República Democrática del Congo, a raíz de la campaña de las Naciones Unidas en favor de la continuación de los servicios de protección de la infancia en las provincias de Ituri y Kivu del Norte después de que el Presidente Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi declarara el estado de sitio, en mayo de 2021, el Ministro de Defensa emitió una orden militar en la que recordaba los compromisos en materia de protección de la infancia asumidos en el marco del plan de acción de 2012 para poner fin al reclutamiento y la utilización de niños y otras vulneraciones graves. Continuaron los esfuerzos por lograr que se rindieran cuentas por los delitos cometidos, como demuestran los juicios contra los comandantes de Nyatura y de la Fuerza de Resistencia Patriótica de Ituri por el reclutamiento y la utilización de niños, que, sin embargo, fueron suspendidos, y la condena en septiembre de 2021 del comandante Chance, miliciano Mai-Mai, a cadena perpetua por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños. Veinte miembros de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y 1 de la Policía Nacional Congolesa, condenados por la violación y el asesinato de niños, fueron sentenciados a penas de prisión de entre 6 meses y 20 años.
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En el Iraq, el parlamento aprobó en marzo de 2021 la Ley relativa a las mujeres yazidíes supervivientes, que prevé un marco de reparación y rehabilitación para las víctimas de los delitos cometidos por Dáesh (Al-Qaida en el Iraq) contra mujeres y niñas de los grupos minoritarios yazidíes, turcomanos, shabak y cristianos, y califica esos actos de crímenes de lesa humanidad y genocidio. Ahora bien, en la Ley no están comprendidos los supervivientes de sexo masculino ni los niños nacidos de una violación. En junio de 2021 se presentó al Consejo de Representantes un proyecto de ley sobre protección de la infancia, con el objetivo de proteger a los niños de todas las formas de violencia, abuso, abandono y explotación, y, además, tipificar como delitos la trata de niños, la esclavización de niños, el sometimiento de niños a la obligación de trabajar mediante coacción y la participación de niños en conflictos armados. Con apoyo de las Naciones Unidas se prestaron servicios de justicia juvenil a niños en conflicto con la ley, incluidos niños detenidos por su presunta asociación con las partes en conflicto, entre ellas Dáesh.
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En Malí, la Representante Especial y las Naciones Unidas siguieron colaborando con el Gobierno y los grupos armados firmantes del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí, con el fin de hacer cesar y prevenir las vulneraciones graves contra los niños. En marzo de 2021, el comité técnico nacional de supervisión de la Declaración sobre Escuelas Seguras transmitió al Ministro de Educación un proyecto de ley sobre la protección de la educación frente a los ataques. En junio de 2021, el comité organizó un foro regional acerca de la Declaración sobre Escuelas Seguras con la participación de las Naciones Unidas, que dio lugar a la adopción de un plan de acción destinado a reforzar las iniciativas comunitarias de protección y evitar el uso de las escuelas para fines militares concienciando a los grupos armados. Las Naciones Unidas siguieron abogando por que el Gobierno elaborara un plan nacional para prevenir las vulneraciones graves contra los niños. En agosto de 2021, tras las actividades de sensibilización llevadas a cabo por las Naciones Unidas, la coalición de grupos armados Plataforma firmó dos planes de acción contra el reclutamiento y la utilización de niños y otras vulneraciones graves. Las Naciones Unidas y la Coordinadora de Movimientos de Azawad siguieron evaluando los avances logrados y las dificultades encontradas en la aplicación del plan de acción de 2017 para poner fin al reclutamiento y la utilización de niños y la violencia sexual contra ellos. En agosto de 2021, se programaron varias actividades de seguimiento, como actividades de fomento de la capacidad de los miembros de la Coordinadora de Movimientos de Azawad y visitas de las Naciones Unidas a sus bases para verificar la ausencia de niños.
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En Myanmar, hasta finales de enero de 2021, la Representante Especial aceleró su colaboración con el Gobierno, liderado por la Liga Nacional para la Democracia, y el Tatmadaw con el fin de hacer cesar y prevenir el reclutamiento y la utilización de niños. El Tatmadaw emitió cuatro directivas militares para prohibir la utilización de niños y elaboró, con el apoyo de las Naciones Unidas, una hoja de ruta para acabar con esta práctica y prevenirla. La Representante Especial siguió instando al Tatmadaw a que mantuviera su compromiso y firmara un plan de acción conjunto con las Naciones Unidas para hacer cesar y prevenir la muerte y la mutilación de niños, así como las violaciones y otras formas de violencia sexual contra los niños.
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El diálogo entre la Representante Especial y el Tatmadaw se interrumpió tras la toma del poder por los militares el 1 de febrero de 2021. Desde entonces, se ha vuelto difícil para las Naciones Unidas vigilar y verificar las vulneraciones graves contra los niños. En marzo de 2021, las autoridades de facto anunciaron su intención de revisar la Ley de Derechos del Niño de julio de 2019, incluidas sus disposiciones sobre los niños y los conflictos armados, con el consiguiente riesgo de que se erosionaran las normas de protección vigentes. En el último informe anual del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, se volvió a incorporar al Tatmadaw, incluidas las fuerzas integradas de la guardia de fronteras, en la lista de entidades que reclutan y utilizan a niños, habida cuenta de su incapacidad para poner fin e impedir la utilización ad hoc de niños en funciones no bélicas.
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En Nigeria, la Fuerza Civil Conjunta fue suprimida de la lista en el último informe anual del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, tras una disminución significativa del reclutamiento y la utilización de niños gracias a la aplicación continuada del plan de acción firmado con las Naciones Unidas en 2017 con el fin de hacer cesar y prevenir el reclutamiento y la utilización de niños en los conflictos armados. Las Naciones Unidas siguieron apoyando a la Fuerza Civil Conjunta a este respecto, entre otras cosas mediante la supervisión de la ejecución de las actividades restantes. En colaboración con el Ministerio de Justicia, la Fuerza Civil Conjunta siguió llevando a cabo programas de concienciación sobre las vulneraciones graves contra los niños, con arreglo al principio de tolerancia cero respecto del reclutamiento y la utilización de niños.
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En Filipinas, el Gobierno y las Naciones Unidas elaboraron un plan estratégico, aprobado en junio de 2021, destinado a prevenir vulneraciones contra los niños por las fuerzas armadas. Se trata del primer plan nacional para hacer efectivos los aspectos de prevención de la resolución 2427 (2018) del Consejo de Seguridad.
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En Somalia, las Naciones Unidas siguieron abogando por una mayor protección de los niños ante sus homólogos del Gobierno, incluido el grupo de trabajo nacional sobre los niños afectados por los conflictos armados, integrado por los ministerios del Gobierno Federal y de los estados miembros federados. Las Naciones Unidas también llevaron a cabo actividades de concienciación y fomento de la capacidad, como una campaña radiofónica sobre la protección de la infancia en coordinación con el Ejército Nacional Somalí y la Dependencia de Protección de la Infancia del Ministerio de Defensa en Benadir, el Estado Sudoccidental, Hirshabeelle y Yubalandia. A lo largo del año, más de 600 niños anteriormente vinculados a fuerzas o grupos armados se acogieron a programas de reinserción apoyados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
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En Sudán del Sur, en junio de 2021, con arreglo al Plan de Acción General para Hacer Cesar y Prevenir todas las Violaciones Graves contra los Niños, de 2020, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur pusieron en funcionamiento un tribunal militar móvil en los estados de Yonglei y Alto Nilo para iniciar los procesos de 60 presuntos autores de delitos contra la población civil, incluidos los niños. Además, las Naciones Unidas impartieron sesiones de formación sobre la protección de la infancia, en diferentes ocasiones, por ejemplo en mayo de 2021, para 38 funcionarios de la justicia militar, y en septiembre de 2021, para 60 oficiales militares de alto rango. Asimismo, en junio de 2021, las Naciones Unidas prestaron apoyo para la matriculación en un centro de formación profesional en Yambio, estado de Ecuatoria Occidental, de 100 niños (63 niños y 37 niñas) separados en 2019 de las partes en conflicto 16. En enero de 2021, tras interactuar con las Naciones Unidas, el Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán-Norte-facción Abdelaziz al-Hilu, dictó una orden de mando que prohibía el reclutamiento de niños y aprobó procedimientos operativos estándar para la evaluación etaria. En marzo de 2021, las Fuerzas de Apoyo Rápido dieron a conocer a las Naciones Unidas una orden de mando que prohibía el reclutamiento y la utilización de niños, aprobada a raíz de las actividades de sensibilización realizadas por las Naciones Unidas. La labor llevada a cabo por las Naciones Unidas con los grupos armados de Darfur Central, especialmente el Movimiento por la Justicia y la Igualdad y el Movimiento de Liberación del Sudán-Consejo de Transición, tuvo como resultado la identificación y la liberación de los niños de esos grupos. Las Naciones Unidas siguieron en contacto con el Gobierno de transición para que cumpliera el plan de acción de 2016 destinado a hacer cesar y prevenir el reclutamiento y la utilización de niños. En agosto y septiembre de 2021, respectivamente, el Gobierno de transición reactivó varios comités de alto nivel y comités técnicos para la aplicación continua de las disposiciones del plan de acción. Ahora bien, el golpe militar que tuvo lugar el 25 de octubre de 2021 en el Sudán ha puesto en peligro estos logros.
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En la República Árabe Siria, a raíz de las actividades de sensibilización realizadas por las Naciones Unidas, el Gobierno reactivó un comité interministerial encargado de ocuparse de las vulneraciones graves cometidas contra los niños, y hubo una serie de reuniones de alto nivel entre el Gobierno y las Naciones Unidas, tras las cuales el Gobierno acordó organizar con las Naciones Unidas un taller de alto nivel sobre los niños y los conflictos armados. Las Fuerzas Democráticas Sirias siguieron aplicando el plan de acción de 2019 para hacer cesar y prevenir el reclutamiento y la utilización de niños, en el marco del cual se desmovilizó a 71 niños que se reunieron con sus familias en el primer semestre de 2021. Además, las Fuerzas Democráticas Sirias informaron a las Naciones Unidas de que gracias a la utilización de métodos de evaluación etaria en los centros de reclutamiento se había identificado a 242 niños a los que no se había permitido alistarse. Las Fuerzas Democráticas Sirias aprobaron también nuevas directrices para liberar y excluir a los niños de sus filas y las de las Fuerzas de Seguridad Interior, así como procedimientos y salvaguardias especiales para los niños detenidos por su presunta vinculación con Dáesh. Asimismo, las Naciones Unidas notificaron a las autoridades locales del noreste de la República Árabe Siria una serie de problemas en materia de protección de la infancia, en particular en lo relativo al acceso a los niños privados de libertad. En mayo de 2021, las Naciones Unidas se reunieron con grupos armados activos en el noroeste de la República Árabe Siria, incluidos los representantes de las diferentes facciones del opositor Ejército Nacional Sirio.
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En el Yemen, el Gobierno siguió aplicando su plan de acción de 2014 para hacer cesar y prevenir el reclutamiento y la utilización de niños y la correspondiente hoja de ruta de 2018. La Representante Especial colaboró activamente con el Gobierno del Yemen, por ejemplo en una reunión virtual de nivel ministerial celebrada en marzo de 2021. La Representante Especial prestó apoyo a las Naciones Unidas en el Yemen para elaborar, junto con los huzíes (que se autodenominan Ansar Allah), un plan de acción para hacer cesar y prevenir las vulneraciones graves contra los niños. En marzo de 2021, la Oficina de la Representante Especial organizó un curso de formación sobre protección de la infancia destinado a la Coalición para Apoyar la Legitimidad en el Yemen. En mayo de 2021, la Oficina organizó un evento de alto nivel sobre la prevención de vulneraciones para representantes de la Coalición. La Coalición continuó aplicando el programa de actividades sujeto a plazos concretos acordado en 2020.