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El 2020, como resultado de los efectos de las crisis sanitaria y ambiental, se caracterizó por evidenciar y profundizar las deficiencias y limitaciones que enfrenta Honduras en lo relacionado con: las brechas estructurales preexistentes y sus consecuencias en términos de seguridad y desigualdad, especialmente la profundización en la desigualdad de género; las carencias y debilidades de los sistemas de servicios esenciales a nivel sanitario y de protección social; las debilidades del sistema productivo - empresarial y la fragilidad de los procesos económicos del país; y las debilidades existentes en aspectos relacionadas con la infraestructura, las estrategias para la gestión de riesgos y la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales.

Esto ha provocado un estancamiento o retroceso en aspectos relacionados con el acceso a medios de vida, a derechos económicos y sociales, y a derechos humanos fundamentales. Sin embargo, se debe subrayar que aunque ambas crisis afectaron directa o indirectamente a toda la población hondureña, su impacto es evidentemente desigual ya que resultó mayormente adverso para los grupos y la población más vulnerable, especialmente las mujeres y niñas. En consecuencia, han empeorado las condiciones y calidad de vida de la población subsistiendo en situación de pobreza o expuesta a alguna condición de riesgo ya sea física, psicológica, social, ambiental, económica o estructural. Esto preocupa en particular si adicionalmente se considera que Honduras está catalogado como uno de los países con mayor desigualdad en el área latinoamericana. El ARG buscó proporcionar recomendaciones prácticas para diseñar estrategias que permitan brindar una respuesta diferenciada a las principales necesidades y brechas humanitarias identificadas, y permitió identificar aquellos factores afectados por ambas crisis y que inciden negativamente en la protección a los derechos humanos fundamentales y en la calidad de vida de los grupos más vulnerables del país.