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Los departamentos de Meta y Guaviare se han visto históricamente afectados por el conflicto colombiano debido a la presencia de grupos armados que buscan controlar rutas estratégicas (como los ríos Guaviare y Guayabero) para la comercialización de drogas y para las economías irregulares. Sus características geográficas y la falta de presencia estatal las han convertido en un punto estratégico para los cultivos de coca y la deforestación liderada por los grupos armados.

Tras el Acuerdo de Paz de 2016, se ha reducido el número de personas afectadas por el desplazamiento, las amenazas, los reclutamientos forzados y los homicidios, pero el conflicto y la presencia de grupos armados, como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), siguen afectando a las comunidades de estos departamentos. Desde 1985 hasta octubre de 2021, el 36% de la población del departamento del Guaviare y el 22,2% de la población del Meta se han visto afectados por el conflicto armado, muchos de ellos por más de un hecho victimizante (Unidad de Víctimas consultado 30/10/2021).

MENSAJES CLAVE

• El impacto real del conflicto en las personas que viven en el Meta y el Guaviare no es visible debido a la falta de datos causada por la falta de denuncias de la violencia y las restricciones a la movilidad, así como por las amenazas que impiden el acceso de las personas a los mecanismos de denuncia.

• Muchas comunidades se ven afectadas habitualmente por restricciones a la movilidad que limitan su acceso a los servicios básicos y a los medios de vida y plantean problemas de protección; al mismo tiempo, esta situación es normalizada por las comunidades.

• Es probable que se produzca un aumento de las restricciones a la movilidad, los confinamientos y los desplazamientos en los próximos meses debido a la continua presencia de diferentes grupos armados.

NECESIDADES PRIORITARIAS

• Acceso a servicios básicos, especialmente agua, saneamiento e higiene, así como alimentos. Las restricciones a la circulación limitan el acceso a los cultivos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la población (MIRE 06/10/2021 y 11/10/2021; OCHA 18/11/2021). Los servicios sanitarios también son escasos y de difícil acceso para las comunidades rurales (Entrevista 02/12/2021).

• Protección de mujeres y niñas, especialmente de comunidades indígenas. La explotación sexual de menores de edad de las comunidades Nukak Makú y Jiw ha aumentado en las zonas urbanas, a las que llegan muchas de ellas cuando se desplazan (Consejo de Redacción 13/10/2021). Los datos sobre la violencia basada en género (VBG) son escasos debido a las dificultades para informar, así como a la dinámica local de los roles tradicionales de género y al hecho de que se restringe hablar de ello (Entrevista 02/12/2021; Entrevista 06/12/2021).

• Protección de los menores contra el reclutamiento. No hay educación después del noveno grado en zonas rurales, y los adolescentes son vulnerables al reclutamiento por parte de los grupos armados de la zona (MIRE 11/10/2021; Entrevista 02/12/2021).