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La inclusión de personas refugiadas y migrantes en la respuesta al COVID-19: Medidas socioeconómicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y República Dominicana, octubre 2021

Pays
Colombie
+ 9
Sources
R4V
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I. INTRODUCCIÓN

América Latina y el Caribe se ha caracterizado históricamente por ser un escenario de movimientos migratorios intrarregionales, especialmente en Sudamérica y Centroamérica; y sur-norte, desde América Central y el Caribe, como subregiones de movilidad humana y tránsito hacia el norte, en busca de llegar a México, Estados Unidos, y Canadá. En la actualidad, el Perfil Migratorio Regional se ha concentrado en una migración sur-sur, en especial, a partir del año 2015, debido al impacto de los flujos repentinos y de gran dimensión ocasionados por los refugiados y migrantes venezolanos, que ha significado para los Estados receptores, grandes retos y desafíos en materia de gobernanza migratoria frente a la atención y asistencia humanitaria, y al mismo tiempo, ante la vocación de permanencia, en la generación de contextos favorables para la inclusión social y económica de esta población.

En este nuevo contexto migratorio y en especial, con el acompañamiento de la cooperación internacional, los países de ALC buscaron responder humanitariamente a las crecientes necesidades con las que llegaba la mayoría de la población refugiada y migrante, y, de igual manera, se gestionaron procesos de regularización, reflejados en permisos temporales y especiales de permanencia, reconocimiento de la condición de refugiado en algunos países y en el otorgamiento de visas. Como acciones para la reducción de vulnerabilidades, los esfuerzos se concentraron en ampliar la cobertura social en áreas como salud, educación, vivienda y oferta institucional social, entre otros.

Ante la magnitud de dicho fenómeno, y las precarias condiciones en el desplazamiento de la mayoría de la población venezolana, el Secretario General de las Naciones Unidas, en abril de 2018, estableció un mandato a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de coordinar y dirigir la respuesta en los países de la región, en articulación con los gobiernos nacionales y demás sectores, hecho que se concreta con la consolidación de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela en septiembre de 2018. Aunado a estas dos agencias responsables del mandato, se han incorporado entre otras, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional para el Trabajo (OIT) como líderes en la generación de contextos favorables para la movilidad humana en la región, principalmente, a través de su más reciente propuesta en el marco del Proceso de Quito, la “Estrategia Regional de integración socioeconómica. Migración desde Venezuela: oportunidades para América Latina y el Caribe”.

En tal sentido, es importante destacar la alineación y planeación estratégica que desde la Plataforma se ha buscado consolidar e implementar a nivel regional, definiendo prioridades y acciones que se concretan en un Plan de Respuesta Regional anual, con el acompañamiento de las diferentes agencias de las Naciones Unidas, la CEPAL, la Banca Multilateral, entre otros, que bajo una perspectiva de corto, mediano y largo plazo, permita avanzar a los países en los procesos de atención, asistencia e inclusión socioeconómica de la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela.

Con la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2020, a causa de la COVID-19, los países enfrentan nuevos desafíos, ante las restricciones en la movilidad, los aislamientos y cuarentenas decretadas, con el fin de contener la propagación del virus y garantizar la salubridad pública. Hecho que frenó el impulso con el que los Estados venían gestionando estos flujos migratorios mixtos, y que adicionalmente, aumentó las vulnerabilidades de la población refugiada y migrante, especialmente aquella que se encontraba en condición de irregularidad.

Bajo este marco, el Sector de Integración de la Plataforma busca profundizar a través de la presente consultoría, en las medidas adoptadas por los diferentes países de ALC y en especial en aquellos que en la actualidad acogen la mayor población refugiada y migrante venezolana, como lo son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y República Dominicana. El objetivo central, es lograr una aproximación a las diferentes medidas tomadas por los gobiernos para mitigar los efectos negativos causados por la COVID-19 en la población refugiada y migrante a junio de 2021, así como su consideración en las medidas de recuperación social y económica, alrededor de tres líneas de política pública fundamentales: 1). Regularización; 2). Protección Social; 3). Economía y Emprendimiento. \ En el mismo sentido, esta consultoría busca identificar las principales barreras que se presentan a nivel regional y en los países para la adopción de lineamientos y políticas públicas en materia migratoria que faciliten la gestión de las migraciones bajo una visión humanitaria y que considere la movilidad humana como factor de desarrollo y crecimiento social. Como resultado, se propondrán recomendaciones que fortalezcan las buenas acciones adelantadas y permitan ampliar y potencializar su impacto en beneficio de la población migrante.

Para cumplir con dicho objetivo, metodológicamente, esta consultoría actualizó y ajustó la matriz de acciones por país desarrollada por la consultora Javiera Arteaga, así como en la consulta y validación de las medidas implementadas por los 9 países y las barreras identificadas por los representantes de la Plataforma a nivel país. La mayor referencia del estudio ha estado concentrada en la consulta de fuentes secundarias de información, diferentes estudios y análisis realizados desde las Agencias de Naciones Unidas tales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de ONU Mujeres, la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), así como también, desde la Banca Multilateral como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.

A lo largo de este documento se desarrollan los siguientes capítulos: 1). Caracterización y tendencias en ALC en el marco de la movilidad humana y su impacto tras la COVID-19; 2). Marco de referencia; 3). Estudios de caso y 4) Recomendaciones.