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2021 Carta Abierta a los Representantes Permanentes ante las Naciones Unidas antes del Debate Abierto Anual sobre Mujeres, Paz y Seguridad

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Afghanistan
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Estimados Embajadores,

La agenda Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) es, en esencia, una agenda liderada por la sociedad civil, que, en asociación con los Estados Miembros y la ONU, presionó para la adopción de la Resolución 1325 (2000).

En el Debate Abierto de este año sobre Mujeres, Paz y Seguridad, les pedimos que apoyen a las mujeres defensoras de derechos humanos (MDDDHH), constructoras de paz, defensoras de la igualdad de género y otras lideresas de la sociedad civil que desempeñan un papel fundamental en el avance de nuestro objetivo común de paz, derechos humanos y justicia de género, pero que están bajo un ataque implacable por hacerlo.

Ser mujer hoy en muchas partes del mundo, particularmente en una zona de conflicto, significa tener que elegir entre luchar por sus derechos o luchar por su vida.

Estamos profundamente preocupados por la crisis en Afganistán y la difícil situación de muchas mujeres afganas líderes de la sociedad civil, constructoras de paz, defensoras de los derechos humanos (DDDHH) y periodistas en grave riesgo, que se han visto obligadas a huir o permanecen atrapadas en el país desde que los Talibanes se tomaron el poder. Las mujeres afganas han luchado valerosa e incansablemente por sus derechos durante décadas, a pesar del conflicto, la discriminación profundamente arraigada, la corrupción y la pobreza; ahora están bajo la amenaza de un régimen que tiene un extenso historial de brutalidad y represión de los derechos de las mujeres. En los últimos meses, las lideresas, activistas y periodistas han sido blanco de ataques y se les ha impedido ejercer plenamente su derecho a participar en todas las esferas de la vida pública y política en las zonas controladas por los talibanes. Las mujeres que son o se perciben, lesbianas o bisexuales se enfrentan a riesgos adicionales de persecución.

A las defensoras de los derechos humanos en otras zonas de conflicto les va poco mejor. En Myanmar, las mujeres que encabezaron las protestas contra el golpe de estado del Tatmadaw en febrero de este año están luchando contra el ejército como contra el patriarcado. Han sido detenidas, torturadas y abusadas sexualmente por defender los derechos humanos y la democracia, al tiempo que siguen desempeñando papeles de liderazgo en el movimiento de resistencia. En Colombia, los DDDHH, especialmente activistas afrodescendientes, indígenas y LGBTIQ, corren un intensificado riesgo de violencia de género por defender sus derechos, sus tierras y sus comunidades. Las activistas yemeníes han advertido que las represalias contra las mujeres por participar en la vida política han alcanzado niveles sin precedentes. Las defensoras y constructoras de paz de Sudán del Sur, tanto dentro como fuera del país, se enfrentan a ataques y vigilancia rutinarios. Las defensoras de derechos humanos palestinas que critican la ocupación israelí se enfrentan regularmente a violencia, redadas, acoso judicial, arresto, asalto y restricciones de movimiento para realizar su trabajo.

Por eso necesitan su apoyo.

Las amenazas y los ataques contra todas las defensoras de los derechos humanos y constructoras de paz, dondequiera que ocurran, son inaceptables. Disuaden a las mujeres y otros defensores de la igualdad de género de la participación y el liderazgo, especialmente a quienes pertenecen a comunidades marginadas, que ya deben superar muchas otras barreras para ingresar a la vida pública. Combinado con el impacto ya devastador de la pandemia de COVID-19 para las mujeres, adolescentes y niñas, es probable que los ataques empujen aún más a las mujeres líderes a sus hogares, revirtiendo décadas de progreso duramente ganado en la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

El Consejo de Seguridad ha reconocido repetidamente a la sociedad civil, en particular a los grupos de mujeres, como actores cruciales en situaciones de conflicto. En fecha tan reciente como el 2019, el Consejo de Seguridad exhortó a los Estados Miembros a implementar medidas para proteger a las mujeres de la sociedad civil y alentó encarecidamente a los Estados a crear un entorno seguro y propicio para todas las personas que protegen y promueven los derechos humanos, las mujeres líderes, constructoras de paz y otros defensores de la igualdad de género, para que puedan realizar su trabajo de forma independiente y hacer frente a las amenazas y los ataques en su contra.

Sin embargo, los ataques continúan sin cesar, y la protección de las MDDDHH y las mujeres constructoras de paz sigue siendo una de las brechas más graves en la implementación de la agenda MPS por parte del Consejo de Seguridad.

Hasta la fecha, el Consejo de Seguridad no ha abordado las causas profundas de este problema ni ha organizado una respuesta eficaz cuando se producen ataques contra la sociedad civil. Además, las mujeres representantes de la sociedad civil invitadas a dirigirse al Consejo de Seguridad se enfrentan cada vez más a reacciones tras sus sesiones informativas. Ya arriesgan sus vidas para servir a sus comunidades; no deberían enfrentar más represalias por comprometerse con la ONU o pedir el apoyo de la comunidad internacional.

Los miembros del Consejo de Seguridad deben defender pública y consecuentemente el espacio, las voces y la legitimidad de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y constructores de paz, y condenar cualquier ataque en su contra. Igualmente, tanto la ONU como los Estados Miembros tienen el deber de responder más eficazmente a las represalias contra la sociedad civil que informa al Consejo de Seguridad.

La solución no es que haya menos mujeres informantes de la sociedad civil, sino más apoyo para garantizar que puedan informar de manera segura. En la actualidad, hay pocos recursos prácticos disponibles en casos individuales urgentes y potencialmente mortales de defensores en riesgo, y la responsabilidad de proporcionar medidas de protección recae en gran medida en otras organizaciones de la sociedad civil. Esto representa una brecha de protección crítica que tanto los Estados como la ONU deben trabajar con la sociedad civil para abordar urgentemente.

La agencia de la mujer, en todas las esferas, no debe sacrificarse en nombre de la protección, sino que debe apoyarse activamente mediante esfuerzos concretos para garantizar que puedan participar plenamente. Con este fin, instamos a todos los Estados Miembros, la ONU y los líderes internacionales para que prioricen, proporcionen recursos y apoyen activamente la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres, en toda su diversidad, en todos los aspectos de la paz y la seguridad. La participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en los procesos de paz es la base de la Resolución 1325 (2000) y ya cuenta con el apoyo abrumador de los líderes de las Naciones Unidas, los Estados Miembros y la sociedad civil. Hacemos eco del llamado a la ONU a “liderar con el ejemplo” y hacer de la participación formal y directa de las mujeres un requisito en todos los procesos de paz que apoya. Hacerlo enviaría un mensaje inequívoco a todas las partes de que las mujeres tienen el mismo derecho a participar y que no se tolerará ningún ataque contra ellas por hacerlo.

Para concluir, instamos a todos los Estados miembros a:

• Detener de inmediato la intimidación, los ataques o las represalias contra todos los defensores de derechos humanos, incluidas las defensoras de los derechos humanos, constructoras de paz y lideresas de la sociedad civil; y garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores cuando ocurran tales actos.

• Prevenir las amenazas y la violencia contra las defensoras de los derechos humanos, las mujeres constructoras de paz, las lideresas de la sociedad civil y otros defensores de la igualdad de género, y elevar su papel en la promoción de la paz y los derechos humanos.

• Pedir al Secretario General António Guterres que se asegure de que todo el personal de la ONU comprenda y defienda la importante labor de las diversas mujeres constructoras de paz y defensoras de los derechos humanos y brinde toda la protección y el apoyo necesarios a las personas en riesgo o que han enfrentado represalias. Esto incluye garantizar la disponibilidad de recursos rápidos, flexibles y específicos para las mujeres de la sociedad civil en situación de riesgo, colaborar con la sociedad civil para realizar evaluaciones de riesgo y responder a las represalias, y establecer protocolos claros sobre cómo las entidades de la ONU deben responder en casos individuales.

• Instar a la Subsecretaria General de Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris, a que utilice su papel de liderazgo en materia de represalias para elevar la cuestión de los ataques contra diversas defensoras de los derechos humanos, constructoras de paz y lideresas de la sociedad civil mediante la emisión periódica de declaraciones públicas e informando al Consejo de Seguridad y al Grupo Informal de Expertos sobre Mujeres, Paz y Seguridad, así como a otras partes interesadas relevantes, para crear conciencia sobre las tendencias más amplias, así como, cuando corresponda, sobre el estado de casos específicos; y asegurarse de que su oficina lidere la coordinación con otras entidades relevantes de la ONU para evitar daños, brindar apoyo y dar seguimiento a los casos individuales.

• Garantizar que todas las operaciones de paz cuenten con todos los recursos y facultades, incluso a través de alianzas fortalecidas con la sociedad civil, para monitorear, informar y brindar apoyo práctico y sensible al género a todos los defensores de derechos humanos y constructores de paz en riesgo, incluidas las personas en riesgo de represalias relacionadas con su relación con el sistema de la ONU.

• Asegurar que las mujeres representantes de la sociedad civil continúen informando periódicamente al Consejo de Seguridad durante todas las discusiones relevantes, incluidas las reuniones específicas de cada país de conformidad con la Resolución 2242 (2015); que sean seleccionadas y apoyadas por sus pares en las organizaciones no gubernamentales; y que los miembros del Consejo de Seguridad apliquen sus recomendaciones.

Más de 20 años después de la adopción de la Resolución 1325, estamos profundamente preocupados por la reacción violenta contra las defensoras de los derechos humanos, las constructoras de paz y otras líderes de la sociedad civil, y la lenta implementación de la agenda MPS. Hoy, hacemos un llamado al Consejo de Seguridad, a los líderes de la ONU y a los Estados Miembros para que respeten y protejan a quienes se encuentran en el centro de la agenda MPS: defensoras de derechos humanos, mujeres constructoras de paz y lideresas de la sociedad civil, y que defiendan su derecho a continuar su trabajo, sin temor a represalias, acoso o abuso. No puede haber una paz justa y duradera sin defensoras de los derechos humanos y constructoras de paz.

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