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2 Justificación

2.1. Contexto

Después de más de medio siglo de una crisis socioeconómica y política prolongada, Colombia sigue haciendo frente a olas de violencia fomentadas por grupos armados disputándose el control de economías ilegales (como el narcotráfico), así como el dominio de tierras y recursos naturales. La inseguridad que ha generado el conflicto armado ha afectado comunidades a lo largo y ancho del país y provocando el desplazamiento de más de 8.1 millones de personas desde 1985 hasta el 31 de mayo de 2021. A pesar de la firma del proceso de paz en 2016, el conflicto colombiano interno no ha concluido. Los desplazamientos forzados siguen siendo eventos frecuentes; de hecho, el iDMC estima que hubieron 139 000 nuevos desplazamientos causados por conflicto y violencia en 2019.

Al margen a la situación de violencia se suman otros factores internos y externos que han añadido presión a la capacidad de respuesta humanitaria en Colombia. Dentro de los factores externos, el más evidente es el relacionado a la situación actual humanitaria por la que atraviesa Venezuela. Se estima que 5.6 millones de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos habrían salido del país9 , de los cuales 1.7 millones se encuentran repartidos en el territorio colombiano. Dentro del país, la concentración de personas venezolanas es especialmente pronunciada en la capital, Bogotá, así como en los departamentos del norte (como: Norte de Santander, Atlántico, Antioquia, La Guajira y Santander).

Además de factores externos, existen diversos factores de presión interna como los relacionados con las afectaciones por desastres naturales. Se estima que en 2019 las inundaciones, los deslizamientos de tierra, los incendios forestales y las tormentas provocaron más de 35.000 desplazamientos en el país, lo cual representó casi el 20% de los desplazamientos totales en Colombia para ese año. En paralelo, a partir de marzo 2020 y hasta hoy, la crisis mundial relacionada con la pandemia por el virus COVID-19 ha tenido efectos severos en los hogares colombianos. Aun cundo el alcance de este fenómeno es todavía incierto, hasta la fecha se han registrado más de 100 000 defunciones por COVID-19 y diversos indicadores apuntan a una degradación socio-económica y de acceso a servicios de base, observada por ejemplo en la pérdida de empleo a partir del inicio de la pandemia.

En el contexto de estos desafíos, la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la comunidad humanitaria decidieron llevar a cabo la primera Evaluación de Necesidades Multisectoriales (MSNA) de Colombia en 2021. Esta evaluación tiene por objeto abordar la falta de datos objetivos y actualizados sobre las condiciones humanitarias para los procesos de planificación y adopción de decisiones humanitarias, una deficiencia que afecta especialmente a ciertos grupos de población, y a partes del país que históricamente han visto menor presencia de actores humanitarios.