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Reporte sobre la vulnerabilidad y situación de las personas que viven con el VIH/Sida migrantes y peruanas en el marco de la pandemia de la COVID-19

Pays
Pérou
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Sources
Acción contra el Hambre
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RESUMEN EJECUTIVO

El presente reporte sobre la vulnerabilidad y situación de las personas que viven con el VIH/SIDA migrantes y peruanas en el marco de la pandemia de la COVID-19, registra algunas dimensiones de la vulnerabilidad social que dan cuenta de la profundidad y la magnitud del riesgo social en el que se encuentran las personas que viven con el VIH/SIDA a consecuencia del impacto de la pandemia de la COVID-19.

El estudio presenta un análisis de la primera dimensión sobre la «Caracterización general y socioeconómica de las personas que viven con el VIH/SIDA peruanos y migrantes venezolanos». Esta dimensión está compuesta por seis variables que nos permiten analizar los datos de la persona, su composición familiar y roles como jefe o dependiente, el estado de la vivienda y el nivel de hacinamiento, los recursos provenientes del acceso a la educación, los ingresos económicos afectados por la pérdida de trabajo y la seguridad alimentaria como una condición que afecta el consumo y asimilación de medicamentos antiretrovirales para el control de la infección por VIH.

El Ministerio de Salud (MINSA), mediante el Decreto Supremo n.° 002-2020-SA, publicado en el diario oficial El Peruano, incorporó como afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS) a la población en situación de «vulnerabilidad sanitaria». Así, en el marco de la progresividad de la política de aseguramiento universal en salud, se incluye dentro de la afiliación regular al régimen subsidiado del SIS, a las personas que viven con el VIH/SIDA, con diagnóstico de tuberculosis (TB) y a aquellas con discapacidad severa, que tendrán derecho al conjunto de prestaciones con un subsidio del 100 %.

Esta norma desarrolla el concepto de vulnerabilidad sanitaria para viabilizar la afiliación regular al régimen subsidiado del SIS, entendido como aquella situación asociada a una condición de salud que denota desventaja especialmente grave, a nivel económico, educativo y social, entre otros.

Esta condición limita la capacidad de desarrollarse, resistir o sobreponerse ante una enfermedad, riesgo de enfermar o morir, y requiere que el Estado realice un mayor esfuerzo para facilitar la participación con igualdad de oportunidades en la vida nacional y acceder a mejores condiciones de vida.

Esta política pública sobre VIH/SIDA, sin embargo, no reconoce la vulnerabilidad social que se expresa con mayor gravedad a consecuencia de la COVID-19.

ONUSIDA pide a los gobiernos que cumplan con su compromiso para alcanzar el desarrollo sostenible de no dejar a nadie atrás mediante el fortalecimiento de los Sistemas de Protección Social1, incluido el conjunto de estándares mínimos conocidos como «pisos», frente a la pandemia de la COVID-19 y mejorando la capacidad de respuesta de los sistemas de protección social a las necesidades y vulnerabilidades básicas y cambiantes de las personas, en particular para las personas que viven con, están en riesgo y se ven afectadas por el VIH, incluidas las poblaciones clave2 y los jóvenes, las mujeres y las niñas, las personas con discapacidad, los refugiados, los solicitantes de asilo, los migrantes y las poblaciones en estado de inseguridad alimentaria o desnutrición y en entornos humanitarios.

Estos grupos de personas se encuentran entre las poblaciones de mayor vulnerabilidad frente a la COVID-19 y son especialmente vulnerables a las desigualdades económicas, los espacios sociales y las interrupciones en la prestación y el acceso efectivo a los servicios básicos y la asistencia social.

La pandemia de la COVID-19 es una crisis de salud, de desarrollo y humanitaria sin precedentes. Se ha desafiado a los gobiernos a concebir y aplicar respuestas sustantivas para alcanzar a los más vulnerables y marginados. Los sistemas de protección social son una parte indispensable de una respuesta a la crisis que se desarrolla y, en particular, el conjunto de salvaguardias mínimas en las que se basan, conocidos como «pisos». Los pisos de protección social son conjuntos de garantías básicas definidas a nivel nacional que deben asegurar, como mínimo, que, durante el ciclo de vida, las personas necesitadas tengan acceso a la atención médica esencial y a la seguridad básica de los ingresos que, en conjunto, garanticen el acceso efectivo a bienes y servicios.

En cuanto a la vulnerabilidad social, existe una amplia gama de dimensiones que no pueden ser abordadas simultáneamente, por lo que en este estudio se han seleccionado algunas que reflejan la profundidad y la magnitud del riesgo social en las personas que viven con el VIH/ SIDA peruanos y migrantes venezolanos.

El estudio nos permitió analizar la segunda dimensión sobre el «Acceso universal a la salud para personas que viven con el VIH peruanos e inmigrantes de nacionalidad venezolana», concordante con la estrategia global propuesta por ONUSIDA para eliminar el SIDA al 2030. Esta dimensión está compuesta por tres variables, las cuales nos permiten analizar las limitaciones para el acceso a servicios de salud, el nivel de servicios recibidos durante la COVID-19 y el acceso a los programas de protección social del Gobierno peruano y de las organizaciones civiles y agencias de cooperación humanitaria.

Una tercera dimensión del análisis es el referido a los «Derechos humanos, estigma y discriminación asociados al VIH/SIDA peruanos y migrantes venezolanos». Esta dimensión está compuesta por cuatro variables, las cuales nos permiten analizar información sobre los sistemas de promoción y protección de derechos en salud, el empleo digno y decente durante la pandemia de la COVID-19, la respuesta comunitaria frente al VIH y a la COVID-19, la violencia basada en el género u orientación sexual, así como la determinación de los riesgos a los que están expuestas las personas viviendo con el VIH/SIDA peruanos y migrantes venezolanos.

Por último, el estudio nos permite analizar la dimensión vinculada con la «Vulnerabilidad en contexto COVID-19 referida a las personas que viven con el VIH/SIDA peruanos y migrantes venezolanos». Esta dimensión está compuesta por tres variables, las cuales nos permiten determinar la exposición a riesgos en las personas que viven con el VIH/SIDA peruanos y migrantes venezolanos, la incapacidad para enfrentar estos riesgos y superarlos, y la inhabilidad para adaptarse activamente.

Las cuatro dimensiones anteriores nos permiten abordar la vulnerabilidad temporal o permanente en las personas que viven con el VIH/SIDA peruanos y migrantes venezolanos, y el incremento de estas vulnerabilidades a consecuencia de la pandemia de la COVID-19, como se viene respondiendo desde las comunidades de personas afectadas y poblaciones clave para mitigar el hambre y la pobreza emergente que limita el acceso a la vida digna libre de discriminación.

El análisis realizado sirve para plantear propuestas que deben tomar en cuenta las políticas públicas y los sistemas de protección social. En las propuestas de políticas se destacan elementos para hacer evidente que las políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad social deben ser una apuesta que beneficie a la sociedad como un todo o a quienes no son contemplados por dichas políticas de manera directa, y ello es fundamental para el incremento de la inversión social y la ampliación del acceso a programas de protección social sensibles al VIH.