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Política fiscal y cambio climático: experiencias recientes de los ministerios de finanzas de América Latina y el Caribe

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Los esfuerzos para impulsar el crecimiento económico después de los estragos causados por la pandemia de COVID-19 ofrecen la oportunidad de invertir en un mejor tipo de desarrollo que permita incrementar sus - tancialmente la capacidad adaptativa ante los impactos físicos del cambio climático y transitar hacia cero emisiones netas de carbono. Afortunadamente, existe una evi - dencia abundante a nivel internacional que muestra que planificar adecuadamente la transición a economías verdes ofrece importantes oportunidades económicas y de desarrollo que crearán más y mejores empleos. Por ejemplo, un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT) destaca que, en una transi- ción progresiva a cero emisiones netas, la región de América Latina y el Caribe podría crear 15 millones de empleos netos para 2030 (Saget, Vogt-Schilb y Luu, 2020).

Para limitar el calentamiento global a entre 1,5 °C y 2 °C sobre los niveles preindustriales es necesario reducir sustancialmente las emisiones para 2030 y alcanzar cero emisiones netas para 2050 (Masson-Delmotte et al., 2018). No obstante, los esfuerzos internacionales para afrontar el cambio climático aún son ampliamente insuficientes, lo que genera riesgos no menores para todas las economías y las finanzas públicas.

Los eventos climáticos extremos pue - den ocasionar grandes pérdidas humanas, daños económicos significativos y una fuerte presión sobre las finanzas públicas. Por ejemplo, se estima que la ocurrencia de al menos un evento climático extremo por año se asocia a un incremento del déficit fiscal del 0,8% del producto inter - no bruto (PIB) para los países de ingreso mediano bajo y del 0,9% del PIB para el grupo de ingreso bajo en América Latina y el Caribe.

Por otro lado, la mayor producción de energía de fuentes renovables y la crecien - te electrificación del transporte público y privado en el mundo harán que disminuya la demanda de productos a los países ex - portadores de combustibles fósiles de la región, lo que puede afectar de manera relevante a sus ingresos fiscales.

Los países de la región deben hacer esfuerzos adicionales para interiorizar plenamente estas oportunidades y retos al conjunto de actividades económicas y de gobierno desde el punto de vista de política pública, planificación y financia- miento. Por ejemplo, el reporte LEDS en LAC 2019 (Calero et al., 2020) encontró que de los 21 países de América Latina y el Caribe estudiados, solo dos contaban con estrategias nacionales de mitigación con una visión para 2050. Y solo otros cuatro disponían de estrategias de financiamien - to de los compromisos adoptados bajo el Acuerdo de París.

De entre los desafíos cuya gestión re - cae en los ministerios de finanzas y planifi - cación, existen tres áreas de intervención con las que pueden contribuir de manera importante a que sus países aprovechen al máximo las oportunidades económicas y minimicen los riesgos para las economías y las finanzas de los países.