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MENSAJES CLAVES

• El departamento de Córdoba presenta diferentes situaciones que generan impacto humanitario y que están relacionadas con hechos de violencia armada que afectan a la población civil. Esta dinámica se atribuye a la disputa por el control territorial por parte de los Grupos Delictivos Organizados (GDO) 8 y su relación e intereses en los corredores estratégicos para el desarrollo de sus economías ilícitas (extorsiones, minería ilegal, cultivos de uso ilícito). Las mayores preocupaciones en el territorio durante el año 2020 fueron por amenazas contra más de 25 líderes y lideresas 9 el reclutamiento uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los GDO, limitaciones a la movilidad, restricciones al acceso de bienes y servicios, desplazamiento forzado individual y masivo, homicidios selectivos, masacres y víctimas por accidentes con artefactos explosivos. La vulnerabilidad de la población se agudizó por la afectación y convergencia de la emergencia sanitaria por COVID-19 en las comunidades de las zonas rurales y dispersas.

• La instauración de grandes proyectos extractivos, cultivos de uso ilícito y procesos de minería ilegal en el sur del departamento, es un factor que ha contribuido a una mayor militarización en la zona. Lo anterior ha sido un detonante de confrontaciones armadas e impactos humanitarios en la población civil a través de desplazamientos masivos en los cuáles se afectan comunidades indígenas y campesinas. Otro hecho con impacto humanitario que se ha presentado en el departamento es la erradicación forzada de cultivos de uso lícito, lo cual ha generado presiones por parte de grupos armados contra la población civil para que impidan el ingreso de las unidades de erradicación, generando amenazas y bloqueos de vías por parte de los cultivadores, quienes argumentan que el gobierno no ha cumplido con lo establecido en el plan nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS).

• La situación humanitaria generada por desastres de origen natural en el segundo semestre del 2020 tuvo impacto por la temporada invernal (inundaciones, fuertes lluvias y vendavales), y la afectación de 22 de los 30 municipios del departamento 10, los cuales se han declararon en calamidad pública. La erosión marina y el paso de la tormenta Iota que se convirtió en huracán, tuvo afectación en menor medida en esta zona del país. Estos eventos sumados al escenario de violencia armada y covid-19 incrementó las necesidades que existen en el departamento en materia de salud, agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria y nutrición, y generando de desafíos en materia de respuesta institucional.