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Venezuela: Informe de situación, enero 2021

Pays
Vénézuela
Sources
OCHA
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DESTACADOS

  • Hasta el 31 de marzo, se reportan 157.943 casos de COVID-19, 146.196 personas recuperadas y 1.577 fallecidas. Los estados más afectados: Distrito Capital, Miranda y La Guaira.

  • El gobierno anunció la llegada 750.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 de China y Rusia y otros suministros (PCR, mascarillas, trajes de bioseguridad y medicamentos).

  • La OPS/OMS informó de la llegada de 55 toneladas de EPP, medicamentos y material quirúrgico. También llegaron al país 30 toneladas de ayuda humanitaria de la FICR.

  • En Apure, desde el 21 de marzo, enfrentamientos entre FANB y grupos armados irregulares han generado el desplazamiento de más de 5.000 personas hacia Arauquita (Colombia).

  • En enero, la respuesta humanitaria llegó a 630.000 personas con algún tipo de asistencia, incluyendo casi 400.000 con actividades de Agua, Saneamiento e Higiene.

Panorama de la Situación

Hasta el 31 de marzo, las autoridades han confirmado 157.943 casos de COVID-19 en el país, 146.196 personas recuperadas y 1.577 fallecidas. En las últimas semanas se ha reportado un aumento de los casos, incluidos los de la variante P1, especialmente en Caracas y en los estados de Bolívar, Miranda, La Guaira, Monagas, Anzoátegui, Falcón y Yaracuy. El 29 de marzo, se anunció que hubo 1.288 casos, el numero diario mas elevado desde que inicio la pandemia en Venezuela.

A nivel nacional y para hacer frente a este aumento de casos, las autoridades anunciaron una cuarentena radical que se va a extender hasta el final de Semana Santa y se están habilitando espacios adicionales, incluyendo hoteles sanitarios, para atender a pacientes.

En relación a las vacunas, alrededor de 750.000 dosis de la rusa Sputnik V y de la china Sinopharm han llegado al país. Según fuentes oficiales, 98.000 trabajadores de la salud han sido inmunizados con la Sputnik V. Por otro lado, las autoridades anunciaron que las vacunas desarrolladas en Cuba (Soberana-02 y Abdala) llegarán en abril para ser testadas en Venezuela y que su aplicación masiva comenzaría en julio. Además de las gestiones de las autoridades para adquirir vacunas, se están generando otras iniciativas de tipo privado como la de FEDECAMARAS. Esta asociación de entidades económicas gremiales privadas presentó una propuesta, que debe ser aprobada por el gobierno, para comprar 6 millones de dosis destinadas a trabajadores del sector privado y a sus familiares.

Sobre el mecanismo COVAX, el presidente, Nicolás Maduro, informó que el gobierno solo autorizará el uso de vacunas que previamente hayan recibido la aprobación de un comité científico nacional y que la de Astra Zeneca no será aprobada. Tras esta declaración, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tuvieron una llamada para hablar de las necesidades de Venezuela en relación a las vacunas de COVID-19. Posteriormente y vía Twitter, el director de la OMS dijo que OMS, OPS y COVAX están comprometidos en garantizar y acelerar el flujo de vacunas a todos los países, incluido Venezuela, para que los grupos prioritarios puedan vacunarse lo más pronto posible.

Por otro lado, la OPS informó que Venezuela ha recibido un cargamento adicional de 55 toneladas de Equipos de Protección Personal (EPP), medicamentos y material quirúrgico, en el marco del acuerdo entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la oposición. También llegaron al país 30 toneladas de ayuda humanitaria de la Federacion Internacional de la Cruz Roja (FICR) que incluye kits de higiene, kits de limpieza para hospitales y bidones para el almacenaje seguro del agua.

En relación a los movimientos migratorios, Migración Colombia informó que los pasos fronterizos terrestres y fluviales entre Colombia y Venezuela permanecerán cerrados hasta el 1 de junio de 2021. Sin embargo, durante el último mes se ha mantenido la tendencia de una movilidad mixta de las personas entre Venezuela y los países vecinos que siguen cruzando las fronteras por vías irregulares.

En Apure, desde el 21 de marzo, enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y grupos armados irregulares en La Victoria han generado el desplazamiento de más de 5.000 personas hacia Arauquita en Colombia. Desde el 27 de marzo, las autoridades locales abrieron el paso a La Victoria, con esfuerzos para facilitar el retorno de las personas, incluyendo la reactivación de servicios y jornadas de salud. Debido a la situación, las actividades previas de los actores humanitarios en La Victoria, con algunas excepciones como la Cruz Roja Venezolana, están suspendidas. La fiscalía también envió una comisión para investigar varias denuncias de derechos humanos en la zona durante los enfrentamientos.

En el estado de Bolívar y como medida de contención a la COVID-19, los Puntos de Asistencia Social Integral (PASI) continúan abiertos. En Santa Elena de Uairén, dos se encuentran activos para prestar servicio a personas que regresan al país mientras se les realizan pruebas diagnósticas. También en Puerto Ordaz, 5 PASIs tienen hospedados a 204 personas. La media de estancia en estas instalaciones es de entre 7 a 14 días hasta que el resultado PCR sale negativo.

En diversos estados del país se siguen reportando limitaciones en el acceso continuo a los servicios de agua, electricidad, gas doméstico y telecomunicaciones. El acceso a combustible a nivel nacional también continúa presentando retos, especialmente por la escasez de diésel que impacta de manera importante en la cadena de suministros. El diésel es el combustible más usado para el transporte de mercancías, incluyendo el de alimentos y su escasez impacta el transporte de los productos.

Un reciente informe de la FAO analizó los efectos de la COVID-19 en el sistema agroalimentario de Venezuela a partir de una evaluación realizada durante agosto-septiembre de 2020. El reporte indica que las medidas preventivas de la COVID-19 han afectado a los sistemas agroalimentarios venezolanos de múltiples maneras, como la reducción de las áreas sembradas por la escasez de insumos agrícolas y de combustible. Esto, unido a otros factores como la inflación o el alto coste del transporte, ha afectado a la oferta y la demanda de productos alimenticios. La pérdida de ingresos rurales es el resultado probable, situación que afecta especialmente a los hogares más aislados y alejados de los mercados que se dedican a la agricultura de subsistencia.

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