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Traduccion No Oficial del Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Situacion de los Derechos Humanos en honduras (A/HRC/46/75)

Countries
Honduras
Sources
UN HRC
Publication date
Origin
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Resumen

El presente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describe la situación de derechos humanos y las actividades de su Oficina en Honduras del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. El informe destaca los principales avances y desafíos en la promoción y protección de los derechos humanos, con un enfoque en la población en situación de vulnerabilidad y el impacto del COVID-19 y los huracanes Eta e Iota en los derechos humanos. El informe concluye con recomendaciones a diversas instituciones del Estado.

I. Introducción

  1. Este informe se presenta de conformidad con el artículo V (4) del acuerdo suscrito entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Gobierno de Honduras el 4 de mayo de 2015. El informe se basa en la información recopilada y analizada por ACNUDH a través del monitoreo de derechos humanos in situ y remoto, así como la información facilitada por las autoridades estatales.
    También incluye información proporcionada por la sociedad civil, las víctimas y otras partes interesadas. ACNUDH agradece al Estado por sus respuestas a las solicitudes de información.

  2. A pesar de los impactos de la pandemia de COVID-19, ACNUDH se mantuvo en pleno funcionamiento durante todo el período que abarca el informe, continuó monitoreando la situación de derechos humanos en el país y brindó asistencia técnica para la promoción y protección de los derechos humanos. Además del permanente monitoreo remoto, ACNUDH realizó 29 misiones de campo y 17 misiones a centros de detención para verificar in situ la situación de derechos humanos en el país. Dio seguimiento al menos a 105 casos de presuntas violaciones contra personas defensoras de los derechos humanos, incluidas defensoras del medio ambiente y de la tierra, y monitoreó 10 juicios de casos emblemáticos de derechos humanos. ACNUDH desarrolló estrategias de incidencia, 25 procesos de asistencia técnica y fortalecimiento institucional dirigidos a las instituciones estatales, y organizó 16 talleres y capacitaciones con la participación de diferentes actores. ACNUDH también brindó apoyo a más de 350 organizaciones de la sociedad civil. La Oficina lanzó ocho campañas de incidencia en medios de comunicación y publicó un informe temático, 15 comunicados de prensa y 59 pronunciamientos en redes sociales. ACNUDH también estableció alianzas estratégicas y fortaleció su colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, el sistema de las Naciones Unidas, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y las autoridades estatales, incluidos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las prioridades de la Oficina incluyeron la promoción del estado de derecho y la rendición de cuentas, la seguridad ciudadana y los derechos humanos, la ampliación del espacio cívico, el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, así como la igualdad y la no discriminación. A la luz de los impactos de la pandemia de COVID-19 y otras emergencias humanitarias, ACNUDH incidió para colocar los derechos humanos en el centro de la respuesta del Gobierno.

II. Contexto

  1. En 2020, Honduras siguió enfrentando importantes desafíos en materia de derechos humanos, incluidos altos niveles de pobreza, violencia, impunidad, discriminación y falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. La pandemia de COVID-19 y los huracanes Eta e Iota agravaron esta situación.

  2. El 15 de marzo de 2020, en respuesta a los primeros casos confirmados de COVID-19, el Gobierno adoptó el Decreto Ejecutivo PCM-21-2020 declarando estado de emergencia. El Decreto imponía restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y a la prohibición de detención más allá de veinticuatro horas sin que la persona sea puesta a la orden de autoridad competente. Siguiendo las recomendaciones de ACNUDH que enfatizaban que las medidas de emergencia deben basarse en los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y la no discriminación, el Gobierno modificó el decreto el 22 de marzo de 2020.

  3. El estado de emergencia fue extendido y aprobado periódicamente por el Congreso Nacional y al 31 de diciembre de 2020 continuaba en vigor. Las medidas adoptadas por el Gobierno en respuesta a la pandemia incluyeron un toque de queda absoluto que solo permitía los movimientos esenciales y el cierre de escuelas, universidades, oficinas públicas y la mayoría de las empresas privadas. Al 1 de junio de 2020, la Policía había reportado 30.000 detenciones por incumplimiento del toque de queda. La falta de requisitos legales claros para el arresto administrativo, así como su uso generalizado, generan preocupación por la naturaleza arbitraria de algunas de estas detenciones.

  4. Durante la pandemia del COVID-19, el Consejo Nacional Anticorrupción y las organizaciones de la sociedad civil documentaron presuntas irregularidades en los procesos de contratación pública, supuestamente facilitadas por las regulaciones de emergencia.1 Según una encuesta realizada en septiembre de 2020, el 94 por ciento de la población creía que se habían producido actos de corrupción en el manejo de la pandemia.2 El Ministerio Público está investigando3 las supuestas irregularidades y la corrupción relacionadas con la compra de siete hospitales de campaña móviles. La investigación exhaustiva, imparcial e independiente de estos casos es fundamental para garantizar la transparencia y reducir la desconfianza pública relacionada con la respuesta del Gobierno a la pandemia.

  5. Con vistas a las elecciones generales de 2021, ACNUDH celebra la aprobación en 2020 de un marco jurídico destinado a aumentar la participación y la representación política de las mujeres. A la Oficina le preocupa que los retrasos en la aprobación de la nueva ley electoral, que regularía los detalles de los próximos procesos electorales de marzo y noviembre de 2021, así como la asignación de un presupuesto específico para su aplicación, puedan afectar la legitimidad y la aceptación pública de los resultados, lo que podría ocasionar tensiones. ACNUDH subraya que la pronta adopción de una ley electoral y de los protocolos necesarios para su aplicación, que garantice el derecho a votar y a ser elegido, es necesaria para garantizar un proceso electoral transparente.

  6. El Consejo de Derechos Humanos examinó a Honduras durante el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el 5 de noviembre de 2020.