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Honduras: Flash appeal - Tormenta Tropical Eta, noviembre 2020

Countries
Honduras
Sources
OCHA
Publication date

Resumen de la crisis

Eta, la tormenta número 28 de la temporada de huracanes del Atlántico de 2020, comenzó a afectar el norte de Honduras como huracán de categoría 4 a medida que se aproximaba a las costas nororientales de Nicaragua el 3 de noviembre. Eta trajo consigo lluvias torrenciales que, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC), dejaron hasta 635 mm de lluvia y causaron vientos de hasta 275 km/h.

Durante un lento viaje de tres días sobre Nicaragua, Honduras y Guatemala, Eta se degradó a tormenta tropical y luego a depresión tropical, inundando gran parte de Honduras y causando el aumento del nivel de los ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra en todo el país. Esos impactos han generado una serie de necesidades humanitarias convergentes a cientos de miles de personas de comunidades vulnerables que ahora se enfrentan a la cruda realidad de recuperarse del mayor desastre natural que ha sufrido Honduras en más de 20 años.

Muchas personas en las zonas más afectadas han recordado con horror los huracanes Fifi en 1974 y Mitch en 1998, ambos considerados como las tormentas más destructivas que jamás hayan golpeado a Centroamérica, dejando un saldo de miles de muertos. Mitch, considerado el segundo huracán más mortífero del Atlántico del que se tiene constancia, le costó a Honduras décadas de desarrollo. Las cifras diarias de la Comisión Permanente para Contingencias (COPECO) han ido aumentado a diario hasta alcanzar los 2,94 millones de personas afectadas al 12 de noviembre, aproximadamente el 30% de la población del país.

Las autoridades todavía están cuantificando los daños materiales de Eta, debido a las actuales limitaciones de acceso. Estos daños quizá no coincidan con el nivel de destrucción de Mitch, pero los efectos podrían ser peores, dadas las vulnerabilidades preexistentes derivadas de los recurrentes choques climáticos, el deterioro de las condiciones económicas, la elevada inseguridad alimentaria, el desplazamiento forzoso y la violencia crónica.

Eta ha llegado cuando Honduras se enfrenta a la pandemia de la COVID-19, que no ha hecho sino exacerbar esas vulnerabilidades. Por ello, la respuesta a Eta debe basarse en los esfuerzos que vienen realizando desde hace tiempo los socios que conocen bien el alcance y la escala de las necesidades multidimensionales de Honduras y que son los que están en mejores condiciones de prestar asistencia inmediata para salvar vidas y evitar la propagación de la COVID-19 en las comunidades afectadas por Eta.

Impacto

Las lluvias incesantes, las inundaciones generalizadas y los deslizamientos de tierra han causado daños en casi todos los 18 departamentos de Honduras. Al menos 745 comunidades de 155 de los 298 municipios de Honduras han reportado diversos grados de daños.

La magnitud de estos daños, sin contar el número de personas afectadas y el número oficial de muertos (74 fallecidos), podrá conocerse dentro de unas semanas, ya que los daños en 150 carreteras y más de 60 puentes dañados o destruidos han limitado el acceso a comunidades gravemente afectadas y han aislado a más de 103.000 personas, como ha reportado COPECO. Dado que miles de personas siguen aisladas sin que se sepa si tienen acceso a alimentos o agua potable para el consumo y el saneamiento, es posible que nunca se conozca el número real de personas afectadas y el número de muertes atribuibles a Eta.

Las al menos 42.000 personas que han sido alojadas en 425 albergues son una de las prioridades de la respuesta humanitaria. Las autoridades se están esforzando por llegar a todas las comunidades afectadas para salvar vidas y evaluar el verdadero nivel del impacto. El gran número de personas que se encuentran en los albergues, la capacidad limitada de gestión de los mismos, las necesidades urgentes de seguridad alimentaria, agua, salud y protección y la pandemia de la COVID-19 están creando una serie compleja de necesidades interrelacionadas que se agravan entre ellas.

Cada día se van descubriendo la verdadera magnitud del impacto, las consecuencias a largo plazo y los efectos en los medios de subsistencia y el bienestar físico y emocional. Los trabajos de limpieza pueden llevar meses. El lento descenso de las aguas ha contaminado la infraestructura de abastecimiento y distribución de agua y acabará casi con toda seguridad con las cosechas y los cultivos, poniendo en peligro la seguridad alimentaria y los medios de vida. Los informes iniciales citan pérdidas o daños en unas 318.635 hectáreas de cultivos. El agua estancada también facilita la transmisión de enfermedades por vectores, en un país que sufrió el brote de dengue más grave de su historia en 2019, con 112.000 casos y 180 muertes.

Estos impactos y sus consecuencias aún no resueltas, junto con la crisis de la COVID-19, plantean un nuevo conjunto de desafíos en un país en el que ya hay 1,6 millones de personas con necesidades humanitarias y 3 millones de personas con problemas críticos relacionados con la resiliencia y la recuperación, según el Panorama de las Necesidades Humanitarias de América Central de 2019. Antes de Eta y de la crisis de la COVID-19, el desempleo afectaba a 1,5 millones de personas, de las cuales el 26% pertenecía al sector formal y el 74% al sector informal. Las estimaciones de la OIT indican que el desempleo de los jóvenes llegó al 10,2% en 2019. La sequía prolongada y las inundaciones recurrentes dejaron a 962.000 personas en una situación de grave inseguridad alimentaria, 1,7 millones de personas con necesidades de agua, saneamiento e higiene (ASH), y la violencia crónica afectó a unas 485.000 personas, mientras que el desplazamiento forzoso afectó a unas 245.000 personas.

Zonas más afectadas

Los departamentos más afectados por los daños conocidos son Atlántida, Cortés, Santa Bárbara y Yoro, sumando más de 2 millones de personas afectadas (más de dos tercios del recuento nacional de COPECO al 12 de noviembre). Cortés, donde se encuentra la segunda ciudad más grande de Honduras y el centro industrial del país, San Pedro Sula, cuenta con al menos el 80% de todas las personas albergadas.

Algunas zonas de esos cuatro departamentos comprenden el valle de Sula, que es muy propenso a las inundaciones, una zona agrícola fértil en la que vive alrededor del 30% de la población de Honduras y que representa alrededor de dos tercios del producto interno bruto (PIB) del país. La zona, una de las más densamente pobladas del país, podrían sufrir pérdidas en la agricultura, la ganadería y los medios de vida que repercutirán en la inseguridad alimentaria y la pobreza y que podrían provocar un aumento de los desplazamientos y la migración. En esta zona también se concentra la industria pesada, la agricultura a pequeña y gran escala y la minería, por lo que todavía no se puede descartar el riesgo de contaminación química.

Otras áreas con impactos considerables son Gracias a Dios en el noreste, con 16.557 familias evacuadas, en segundo lugar después de Cortés y El Paraíso en el centro-sur de Honduras, donde casi un cuarto de millón de personas afectadas se encuentran sólo en los cuatro departamentos del valle de Sula.

Grupos vulnerables

En una crisis, las poblaciones más vulnerables son siempre las más afectadas de manera desproporcionada.

En Honduras, estos grupos son las personas en situación de pobreza extrema, las poblaciones indígenas, los grupos étnicos afro hondureños, los migrantes, las personas refugiadas y desplazadas internamente, las adolescentes embarazadas de 11 a 19 años, las mujeres solteras jefas de hogar, los niños y niñas menores de cinco años, los niños y niñas desnutridos, las personas que viven con discapacidades y los adultos mayores, entre otros. Estos grupos requerirán esfuerzos concertados para obtener datos desglosados por sexo y edad, así como datos desglosados sobre el origen étnico, la discapacidad y otras características, a fin de determinar las necesidades diferenciadas y orientar mejor los esfuerzos de respuesta.

Si bien Eta supone una grave amenaza para todos esos grupos, la mayor vulnerabilidad es la pobreza. Honduras ya tiene una de las tasas de pobreza más altas de América Latina y el Caribe, con un 54,8%. Esta cifra, según las estimaciones de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), puede llegar al 57,8%, sin contar los efectos de las medidas de confinamiento de la COVID-19. La clasificación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Honduras, de 0,623, lo sitúa en segundo lugar, después de Haití, como el más bajo de toda la región, y su IDH ajustado por la desigualdad, de 0,464, pone de manifiesto la tremenda desigualdad en materia de desarrollo humano que sigue asolando al país.

Geográficamente, las comunidades afro hondureñas garífunas se encuentran principalmente a lo largo de la costa caribeña norte de Honduras, mientras que los grupos indígenas tawahkas y miskitas se encuentran sobre todo en Gracias a Dios. Las dos zonas recibieron cantidades importantes de lluvia. Las poblaciones indígenas y afro hondureñas ya se enfrentaban a una falta de acceso a servicios básicos como el agua y el saneamiento, ya sea por la falta de cobertura en sus comunidades rurales remotas o por la deficiente infraestructura de los barrios urbanos más pobres a los que han emigrado, debido a la violencia y a la apropiación de tierras. Las poblaciones indígenas también se enfrentan a tasas de pobreza más elevadas de lo normal: se estima que al menos el 71% de ellos viven por debajo del umbral de pobreza.

Además, Atlántida, Cortés y Yoro tienen altas tasas de personas desplazadas internas y retornadas, dada su proximidad a la frontera oeste con Guatemala y a su condición de punto de tránsito de migrantes, lo que crea vulnerabilidades que dejan a este grupo doblemente expuesto en situaciones de emergencia. A largo plazo, Eta puede estimular aún más la migración desde Honduras, con la posibilidad de crear tensiones con los países vecinos en el contexto de la COVID-19, como se ha visto durante las recientes caravanas de migrantes.

Las dificultades añadidas causarán inevitablemente desplazamientos forzados y un aumento de los movimientos transfronterizos. Las corrientes migratorias masivas de Honduras a los Estados Unidos aumentaron considerablemente en los años posteriores a Mitch en el marco del Estatuto de Protección Temporal (TPS, en inglés) que permitía Estados Unidos. Guatemala ya anunció que solicitará el TPS para sus ciudadanos y Honduras podría hacer lo mismo.

El impacto de Eta a corto y largo plazo en la seguridad alimentaria puede afectar de manera desproporcionada a los niños menores de cinco años. Poco menos de la cuarta parte de todos los niños menores de cinco años sufren un retraso en el crecimiento. Las tasas de subnutrición crónica y retraso del crecimiento llegan al 48% en algunas zonas, característica que está estrechamente relacionada con la pobreza dada la disparidad de las tasas de crecimiento entre el quintil socioeconómico más alto (8%) y el más bajo (42%).

Necesidades urgentes

Las prioridades inmediatas son el acceso a los servicios de agua, saneamiento, alimentación y salud, la protección y las medidas de prevención de la COVID-19, tanto fuera como dentro de los albergues. Teniendo en cuenta los informes preliminares sobre el terreno, las consecuencias más preocupantes incluyen: el acceso a servicios seguros de abastecimiento de agua y saneamiento después de los considerables daños sufridos por las infraestructuras de almacenamiento y distribución de agua dulce; la seguridad alimentaria a corto y largo plazo tras los daños generalizados sufridos por los cultivos y el ganado; el acceso y la continuidad de los servicios sanitarios de calidad dados los daños notificados a los centros de salud y al personal sanitario afectado; albergues adecuados con recursos, capacidades y medidas suficientes para mitigar la propagación de la COVID-19 y garantizar estancias seguras y dignas a corto y largo plazo para las personas que no tendrán un hogar al que regresar; y una protección adecuada para los grupos vulnerables dentro y fuera de los albergues que ya corren un alto riesgo de sufrir violencia.

Si bien la interrelación de las necesidades típicas posteriores a un huracán requiere una coordinación ágil y eficaz, la interrelación de esas necesidades en medio de la actual pandemia de la COVID-19 presenta consideraciones de respuesta atípicas y una integración aún mayor de la respuesta intersectorial.

Evaluaciones en curso

Si bien el personal desplegado está produciendo información valiosa, todavía hay varias lagunas en las evaluaciones que los socios humanitarios están tratando de completar. Como complemento, unos 20 equipos integrados por organizaciones del Equipo Humanitario de País con presencia en los departamentos afectados están realizando evaluaciones multisectoriales iniciales rápidas (MIRA). El personal del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) también está en el terreno apoyando las evaluaciones.

Los socios de Seguridad Alimentaria están trabajando para llevar a cabo una evaluación rápida de las necesidades, así como una evaluación de daños y pérdidas para el sector agrícola. Los socios de Salud están realizando una evaluación rápida para apoyar la vigilancia epidemiológica. Los socios de ASH están evaluando los daños en comunidades específicas y en los albergues temporales. Télécoms Sans Frontières (TSF) está evaluando las necesidades de comunicaciones de emergencia.

El PMA está apoyando las necesidades de evaluación con una evaluación rápida dirigida a informantes clave de 105 municipios prioritarios. La priorización se basa en las vulnerabilidades a las inundaciones existentes y los indicadores históricos de emergencia, parámetros que han situado a varios municipios de Cortés, Atlántida y Gracias a Dios como zonas gravemente afectadas. En esta evaluación rápida se está reuniendo información clave sobre necesidades que van desde la seguridad alimentaria hasta la protección, la migración y la recuperación de daños materiales, entre otras, para apoyar los análisis intersectoriales.

La Célula Regional de Evaluación y Análisis (A&A) se puso en marcha antes del impacto para proporcionar a los actores la información más reciente, facilitar los escenarios de impacto preliminares e intercambiar información. Esta célula ofrece apoyo a los actores locales y regionales utilizando fuentes locales, regionales y globales.

La CEPAL está iniciando una misión para la Evaluación de Daños y Pérdidas (DaLA, en inglés) para evaluar el impacto económico y social de Eta, con un enfoque regional en las áreas más afectadas. La evaluación analizará el impacto de Eta en la infraestructura del país, así como en los sectores sociales y productivos.

Respuesta actual

Se están realizando esfuerzos para apoyar la respuesta del gobierno, tanto antes como después de su petición de asistencia internacional, a pesar de los numerosos problemas de acceso. Hay más de 50.000 voluntarios y personal de respuesta de primera línea. La presencia humanitaria, que incluye organizaciones internacionales, ONG nacionales y grupos religiosos, ha aumentado hasta incluir casi 300 actividades de respuesta de 22 organizaciones informantes que trabajan en 52 municipios de 16 de los 18 departamentos de Honduras. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación y la Evaluación en Casos de Desastre (UNDAC) desplegó un equipo de especialistas para apoyar la coordinación nacional y local, las actividades del Centro de Operaciones de Emergencia en San Pedro Sula y Tegucigalpa, las evaluaciones y el análisis y manejo de información.

El gobierno, que activó un fondo de emergencia inicial de US$2 millones al comienzo de la emergencia, ha entregado decenas de miles de unidades de artículos de socorro, suministros de alimentos y agua y equipos de bioseguridad a las comunidades afectadas y a las personas refugiadas. El gobierno también está rehabilitando las carreteras, los sistemas de abastecimiento de agua dañados y las viviendas en las zonas gravemente afectadas. Las autoridades están facilitando la llegada de la asistencia internacional mediante mecanismos aduaneros simplificados que permitirán agilizar la entrada y la recepción.

Las organizaciones humanitarias rápidamente han movilizado recursos internos y personal nacional y global para proporcionar apoyo material y técnico, entregando hasta ahora 45.000 litros de agua, casi 18.000 kits de higiene, kits de salud y/o kits de alimentos y desplegando 100 funcionarios para apoyar diversas necesidades operacionales relacionadas con ASH, protección, seguridad alimentaria y nutricional, albergues, gestión y coordinación de campamentos, salud, logística y coordinación/manejo de información. Algunos socios ya han explorado sus propios mecanismos de financiación global, como el llamamiento multinacional de $21,9 millones de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) para Eta que incluye a Honduras.

El Gobierno de El Salvador ha prestado apoyo bilateral con un envío de suministros alimentarios. El Gobierno de Colombia ha enviado unidades móviles de respuesta para la salud y operaciones y 55 funcionarios, y la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo de los Estados Unidos con sede en Honduras ha prestado apoyo en operaciones de rescate y logística. El Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC), órgano intergubernamental del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), también presta apoyo a las actividades de respuesta del gobierno.

Honduras también está recibiendo un generoso apoyo financiero de países e instituciones internacionales, ya sea a título individual o como parte de los fondos de socorro para Centroamércia con ocasión de Eta.
La Unión Europea está movilizando una cantidad inicial de $1,77 millones para Guatemala, Honduras y Nicaragua a fin de atender las necesidades urgentes de ASH, salud y protección. La República de Corea está asignando 700.000 dólares a cinco países centroamericanos afectados, incluido Honduras, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) proporcionó a Honduras una cantidad de $120.000 para las compras iniciales de socorro. Suiza se comprometió a aportar unos $547.000 al llamamiento regional de la FICR.

Instituciones financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) están comprometiendo su apoyo coordinado mediante planes de acción a corto, mediano y largo plazo para la financiación humanitaria y de reconstrucción de Honduras, así como de Guatemala y Nicaragua. El BCIE ya ha otorgado a Honduras 500.000 dólares para apoyar las actividades humanitarias.

COVID-19 y Dengue

La emergencia de la COVID-19 ha afectado gravemente a Honduras desde marzo, superando los 102.000 casos y más de 2.800 muertes en noviembre. Los 44.200 casos activos de Honduras sólo siguen a México en la región de Mesoamérica y sus 10.246 casos por cada millón de habitantes se sitúan solo por detrás de Costa Rica y Panamá en Centroamérica.

La pandemia surgió tras el peor brote de dengue registrado en Honduras, en el que se registraron más de 112.000 casos y 180 muertes en 2019, una emergencia que puso de manifiesto las limitaciones en la capacidad de diagnóstico y tratamiento del sistema de salud que se han trasladado a la actual respuesta de la COVID-19. Entre las deficiencias en la respuesta a la COVID-19 figuran el número insuficiente de médicos y enfermeras y las limitaciones logísticas que han restringido la adquisición de pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y de equipos de protección (EPP) para el personal sanitario. En la actualidad, el Ministerio de Salud informa de la existencia de 1.511 camas en hospitales públicos y 74 camas en unidades de cuidados intensivos (UCI) con tasas de ocupación del 25% y el 26%, respectivamente.

Las costas caribeñas de Honduras, muy afectadas, tienen algunas de las tasas más altas del país de casos de COVID-19 per cápita, en parte debido a las limitaciones de acceso a los servicios básicos de salud y ASH que existían antes de Eta. Estas condiciones crearán más vulnerabilidades en la transmisión del virus y de enfermedades transmitidas por vectores, especialmente para las comunidades étnicas indígenas y afro hondureñas concentradas en estas zonas, algunas de las más pobres y desatendidas del país.

Los datos oficiales muestran que los casos notificados de COVID-19 en todo el país han aumentado en 2.100 casos del 6 al 13 de noviembre, y se espera que haya más en los próximos días.

Miles de personas se encuentran desplazadas en albergues temporales con un acceso limitado a los servicios de agua y saneamiento a la vez que las aguas descienden lentamente y se convierten en lugares de reproducción de vectores portadores de enfermedades. Por ello, los albergues y las comunidades afectadas podrían convertirse en focos de COVID-19 y dengue en las próximas semanas y meses, creando la necesidad de una intervención multisectorial para prevenir una doble emergencia sanitaria.

Más allá de sus consecuencias directas para la salud, la pandemia de la COVID-19 ha aumentado considerablemente la pobreza y la vulnerabilidad en Honduras, ya que todas las actividades generadoras de ingresos del país se han visto afectadas por las restricciones de movimiento y el empleo ha disminuido en más del 50%. Antes del huracán, el 18% de la población padecía inseguridad alimentaria. Es probable que el doble impacto del huracán y de la pandemia limite aún más las opciones de subsistencia y ejerza presión sobre los recursos económicos, haciendo que los hogares afectados sean menos capaces de hacer frente a la conmoción adicional. Además, las remesas se verán seguramente afectadas, ya que alrededor del 20% proceden de países vecinos que también se vieron afectados por Eta.

Además, la financiación de la respuesta de emergencia a la pandemia de la COVID-19 ha estirado los ya limitados recursos financieros de que dispone el gobierno, lo que ha reducido considerablemente el espacio fiscal necesario para movilizar fondos adicionales en respuesta a esta nueva emergencia.

Violencia e inseguridad

La respuesta a Eta debe tener en cuenta la violencia e inseguridad crónicas de Honduras, que con frecuencia han mostrado algunos de los indicadores más preocupantes a nivel global. A pesar de los esfuerzos del gobierno para reducir la criminalidad en la última década, los 41,2 homicidios por cada 100.000 habitantes de Honduras representan la tercera tasa más alta de América Latina y el Caribe y la más alta de América Central. Las zonas norte y centro-norte del país siguen registrando la mayor cantidad de homicidios, en particular los municipios del Distrito Central en Francisco Morazán, donde se encuentra la capital, Tegucigalpa, El Progreso en Yoro y Choloma en San Pedro Sula. San Pedro Sula, en particular, es una de las zonas más afectadas por Eta y es el centro de operaciones de la respuesta humanitaria, lo que suscita preocupación por el acceso y la seguridad tanto del personal humanitario como de las comunidades afectadas, incluidas las mujeres y los niños y niñas. Aunque el gobierno se ha esforzado por combatir las redes de narcotráfico, el tramo que va del corredor atlántico de Honduras a la frontera con Guatemala sigue siendo un punto estratégico para el tránsito de estupefacientes hacia Norteamérica. Ya hay informes de que organizaciones delictivas del valle de Sula ejercen un control territorial en algunas comunidades afectadas y albergues, incluyendo extorsión del personal de socorro que trata de acceder a las comunidades inundadas. Después de Eta, también hay serias preocupaciones por los disturbios civiles y la violencia como reacción a la aparente insuficiencia de la respuesta del gobierno, ya que el Valle de Sula ha sido un foco de oposición antigubernamental durante la reciente crisis electoral de 2017.

El número de homicidios en general ha disminuido en 2020 debido a las medidas de confinamiento, y los recuentos mensuales de la policía muestran menos homicidios hasta octubre de 2020 que cada año desde 2013. No obstante, la violencia criminal es una de las principales fuerzas motrices de la migración forzosa en Honduras, tanto internacional como interna, con unos 247.000 desplazados internos en el país debido al conflicto y la violencia, según el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, en inglés). La invisibilidad de los desplazados internos los hace sumamente vulnerables después de Eta, ya que normalmente tratan de permanecer en las sombras por temor a ser perseguidos, lo que crea la necesidad de adoptar medidas de protección específicas para asegurarse de que no se escapen y reciban la asistencia que necesitan.

Cuestiones de género y violencia de género

Las consecuencias de Eta seguramente agravarán las desigualdades de género existentes que aumentarán los daños y riesgos para las mujeres, las niñas y la población LGBTI, al reducirse el acceso y la disponibilidad de los servicios básicos, los ingresos, los centros de salud y el suministro de alimentos. Antes de la pandemia y de Eta, Honduras ya se enfrentaba a graves problemas de violencia de género, incluida la segunda tasa más alta de femicidio de América Latina, con 10,2 víctimas de asesinatos por motivos de género por cada 100.000 habitantes. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) de Honduras estima que el riesgo de violencia contra las mujeres, las niñas y la población LGBTI afectaba al 22% de las mujeres antes de la COVID-19. La pandemia no ha hecho sino empeorar esas condiciones, ya que las medidas de confinamiento han obligado a las mujeres y los niños a permanecer en sus hogares con sus agresores, lo que ha dado lugar a un aumento de la violencia doméstica y a que se recurra poco a los sobrecargados servicios de protección social. La pandemia también ha limitado el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, lo que a su vez ha dado lugar a un aumento de las muertes maternas y los embarazos no deseados.

Según informes recientes de vigilancia de la mortalidad materna, el número de muertes maternas en los departamentos más afectados por Eta ha aumentado en 2020 como consecuencia de la falta de acceso a los servicios y suministros y de los partos en condiciones de riesgo. Las necesidades no satisfechas en materia de planificación familiar son aún más elevadas y se duplicarán del 12,9% al 23,8% en 2020.

Después de Eta, estos problemas aumentarán, especialmente en los albergues y las viviendas temporales, donde las mujeres y los niños corren un riesgo aún mayor de sufrir explotación y abusos sexuales. La falta de duchas y letrinas separadas para hombres y mujeres, la escasa iluminación de los albergues y las zonas circundantes, el hacinamiento, la falta de conocimiento de los mecanismos de prevención de la violencia de género y de las vías de remisión de casos entre los voluntarios que apoyan la coordinación de los albergues y la falta de albergues para mujeres no acompañadas son factores que agravan el riesgo de violencia de género en los refugios. Además, las mujeres y los adolescentes son objeto de una distribución injusta del trabajo de mantenimiento de los albergues, lo que las hace particularmente vulnerables a la falta de acceso al agua y la higiene. La carga de la labor de atención durante las crisis también tiende a recaer en las mujeres y las niñas, lo que a menudo las excluye a ellas y a sus capacidades de contribuir a los esfuerzos de reconstrucción.

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