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El costo de la doble carga de la malnutrición. Impacto social y económico en Guatemala

Países
Guatemala
Fuentes
ECLAC
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Fecha de publicación
Origen
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Resumen

La asociación entre el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se remonta a 2005, cuando ambas organizaciones se unieron para desarrollar y aplicar la metodología del Costo del Hambre en la región de América Latina y el Caribe y luego en África. Esta vez, como resultado del aumento del sobrepeso y la obesidad, en un contexto en el cual todavía existe desnutrición, se amplió el modelo de análisis para medir el impacto social y económico de la doble carga de la malnutrición.
Inicialmente, se realizó un estudio piloto en México, Ecuador y Chile. Luego del estudio piloto, en esta segunda fase del estudio, y con el apoyo del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), se ha trabajado en Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana.

Para el caso de Guatemala, en la dimensión incidental retrospectiva del modelo se estimaron efectos y costos que la malnutrición generó para el año 2018. En la dimensión prospectiva, los efectos y costos futuros resultantes de la malnutrición que afectó a la población guatemalteca en el año 2018 se proyectaron para el período 2019-2082.

A continuación, se listan los principales efectos y costos asociados a la desnutrición:

• El costo público en salud de la desnutrición y la EDA e IRA-neumonía se estimó en 365,3 millones de dólares, que representan el 45,0% del total del gasto público en salud para el año 2018. Se estima una carga total de mortalidad de 672 030, mostrando una baja a partir de 1983.

• Se estima que, del total de 101 643 repitencias escolar observadas en 2018, el 45,0% se asocian a la desnutrición. El costo total de cada repitencia es de 983 dólares, de los cuales el costo para el sistema educativo alcanza los 697 dólares y el costo para cada familia los 286 dólares. El costo total para el sistema de educación representa un 1,5% del gasto público social en educación.

• El costo total por pérdidas de productividad en 2018 representó 7 807,9 millones de dólares que equivalió a 10,6% del PIB.

• Los costos anuales futuros ascienden, en salud, a alrededor de 0,40 millones de dólares y en educación a 0,50 millones de dólares. Por su parte, el costo anual por pérdida de productividad potencial debido a desnutrición oscila entre 500,5 y 770,4 millones de dólares (dependiendo de la tasa de descuento).

A continuación, se listan los principales efectos y costos asociados al sobrepeso y la obesidad:

• El costo total para el sistema público de salud en 2018, dada la carga de diabetes e hipertensión, ascendió a 3 596,2 millones de dólares y equivale a más de cuatro veces el gasto social en salud. De incorporarse a estas estimaciones las demás enfermedades contempladas en el modelo, este costo podría incrementarse hasta en un 17%.

• Los costos por pérdida de productividad debido al ausentismo laboral relacionado a la carga de morbilidad y a las muertes prematuras atribuibles a la obesidad alcanzó a 96,6 millones de dólares, lo que es equivalente a un 0,13% del PIB.

• Los costos anuales futuros para el sistema público de salud se estiman entre 5 061 y 5 558 millones de dólares (dependiendo de la tasa de descuento aplicada). El costo anual por pérdida de productividad potencial debido al ausentismo laboral y la mortalidad prematura oscila entre 179 y 194 millones de dólares (dependiendo de la tasa de descuento), equivalente al 0,30% del PIB de 2018.

Se concluyó en este estudio que, para 2018, el costo de la doble carga de la malnutrición asciende a 12 034 millones de dólares, equivalentes al 16,3% del PIB. De éstos, 8 220 millones (poco más de dos tercios) son atribuibles a la desnutrición y 3 813 millones al sobrepeso y la obesidad.

Sinembargo,debidoaqueladesnutriciónpresentaenlasúltimasdécadasunaligeratendenciaalabaja(aunque sigue siendo alta), los costos futuros de la doble carga de la malnutrición serán atribuibles, principalmente, al sobrepeso y a la obesidad (aproximadamente un 88%) reflejando muy claramente el cambio en los perfiles nutricional, epidemiológico y demográfico. Además, estos costos se concentrarán particularmente en el sistema público de salud, debido a la carga de DM2 y HTA que se genera debido a las prevalencias actuales de sobrepeso y obesidad, estimándose unos 5 558 millones de dólares anuales para el período 2019-2082.

Dado estos resultados, es impostergable acelerar la velocidad de la reducción de la desnutrición para un mejor aprovechamiento del bono demográfico que presentará Guatemala en los próximos 25 a 30 años. De lo contrario buena parte de la creciente población en edad de trabajar estará integrada por personas que sufrieron desnutrición en la infancia, lo que restringirá las oportunidades de crecimiento económico del país (ver proyección demográfica, cap. I). Además, en paralelo, el sistema de salud deberá adaptarse para hacer frente a la creciente carga de enfermedades no transmisibles que ha sido proyectada.

Se exponen a continuación los ejes de recomendaciones propuestos por el Comité Asesor Nacional en base a los resultados de este estudio:

  1. Los resultados del presente estudio deben ser socializados y compartidos con los distintos actores sociales, políticos, tomadores de decisión, sector académico, líderes nacionales y comunitarios, sector privado, la sociedad en su conjunto y cooperantes, a fin de informar y sensibilizar sobre los efectos y el costo que significa no haber atendido y no atender en el futuro los problemas de la doble carga de la malnutrición en Guatemala.

  2. Abordar la doble carga de la malnutrición en Guatemala necesita de un trabajo coordinado y colaborativo de todos los sectores sociales, gobierno central, gobiernos locales, sector privado, organismos no gubernamentales, sociedad civil y la comunidad en general para promover y alcanzar los cambios necesarios para que la pobreza disminuya, se mejore el acceso a medios de vida y se logre la universalidad en la dotación de servicios básicos, en especial los de salud, nutrición y educación, para así romper el círculo vicioso y la transmisión intergeneracional de la malnutrición.

  3. Es urgente y necesario abordar la prevención de la malnutrición con un enfoque de ciclo de vida, con énfasis en la primera infancia y población adolescente y joven, a fin de potenciar como motor para el desarrollo la transición demográfica y su ventana de oportunidad o bono demográfico.

  4. Es necesario revisar, actualizar, generar y cambiar de forma rápida y ágil los marcos legales nacionales, de tal forma que permitan garantizar a toda la población su derecho a la seguridad alimentaria y nutricional.
    Se sugiere, a nivel multisectorial, ampliar el enfoque y la conceptualización de la seguridad alimentaria y nutricional, incorporando objetivos, estrategias e indicadores de la malnutrición por excesos y sus efectos en la salud, a través de:

a. La revisión y actualización de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POLSAN), agregando temas de sobrepeso y obesidad en diferentes etapas del curso de la vida, identificando los principales problemas y correspondientes objetivos, resultados esperados e intervenciones multisectoriales.

b. El ajuste a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN), ampliando la gama de actores e instituciones públicas y privadas que deban incorporarse al SINASAN, haciendo visible en la Ley del SINASAN el quehacer de la Comisión Multisectorial para la Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Factores de Riesgo, como integrante vital del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN).

c. El fortalecimiento de la participación estratégica de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) en la Comisión Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Cáncer, a través de sus mesas técnicas de nutrición y de actividad física que son facilitadas por el Programa de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Cáncer del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

d. ElposicionamientodelatemáticadeactividadfísicadentrodelquehacerdelaComisión,aprovechando la participación en la mesa de actividad física de actores como el Ministerio de Educación (MINEDUC),
Consejo Nacional del Deporte, Actividad Física y Recreación (CONADER), Comité Olímpico Guatemalteco y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, entre otros. Bajo esta misma Página 10 línea, será necesario reforzar el trabajo de la mesa de actividad física a nivel municipal, incorporando en los planes anuales de las municipalidades acciones de promoción de actividad física que se apoyen en proyectos de infraestructura deportiva.

e. La oficialización, difusión e implementación de la estrategia multisectorial de prevención de sobrepeso y obesidad en niñez, adolescentes y adultos, desarrollando una campaña comunicacional permanente con mensajes clave sobre el incremento acelerado del sobrepeso y obesidad y las diferentes estrategias y planes nacionales que han sido formuladas para su abordaje en los distintos sectores.

f. El desarrollo de acciones de cabildeo para conseguir la aprobación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable en las mesas de trabajo organizadas para el efecto, las cuales cuentan con la participación de la Comisión Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, la academia, la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la cooperación internacional y la sociedad civil.

  1. La sociedad civil, las comunidades y la población en general deben ser partícipes activos en el desarrollo de las políticas, programas, planes o proyectos, ejerciendo su rol de auditoría y verificación, en todos los niveles, con calidad y transparencia, empoderando y ampliando la visión y el trabajo permanente y sostenido de la Instancia de Consulta y Participación Social (INCOPAS) en relación con la prevención de enfermedades crónicas.

  2. Las instituciones nacionales garantes del cumplimiento del derecho a una alimentación saludable deben desarrollar políticas, estrategias y programas de forma articulada, con presupuesto suficiente para el desarrollo de las acciones a nivel nacional. Este presupuesto debe ser justificado tomando en cuenta la magnitud de las pérdidas asociadas al 'statu quo' que resulta de no tratar el problema, evidenciando el costo-beneficio positivo que conlleva la prevención de estas enfermedades.

  3. La evidencia generada en relación con el costo público en salud debido a la alta tasa de desnutrición crónica infantil y enfermedades asociadas (45,0% del gasto público en salud) y a la carga de diabetes e hipertensión (más de cuatro veces el gasto público en salud) en 2018 sugiere que el país debe:

a. Trabajar en la priorización de la prevención de la desnutrición crónica, el fortalecimiento de la red de servicios de salud -en el marco de la Atención Primaria en Salud-, el posicionamiento de temas prioritarios de la atención a las mujeres en edad fértil en la Ventana de los 1,000 días, en el fortalecimiento del componente normativo de los programas de nutrición en salud y en la incorporación de actores locales y comunitarios en el trabajo preventivo y promocional.

b. Priorizar, en el quehacer del MSPAS, el funcionamiento del Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, asignando de forma permanente recursos financieros y humanos.

  1. Como parte del reforzamiento de la prevención de la doble carga de la malnutrición y la reducción de los costos futuros estimados por la carga asociada a sobrepeso y obesidad, es indispensable maximizar el trabajo oportuno con las niñas, adolescentes y jóvenes en la escuela, garantizándoles su permanencia en la misma y facilitando el desarrollo de planes de vida que permitan romper el ciclo de la malnutrición en Guatemala.

  2. Fortalecer los temas de nutrición y salud en el sector salud, llevando a cabo la suplementación con micronutrientes y otras acciones relacionadas con la promoción de la salud, el monitoreo de su estado nutricional y la promoción de estilos de vida saludables para adolescentes y jóvenes de ambos sexos.

  3. Es esencial mejorar el desempeño de la comunidad educativa, la capacitación de docentes, la actualización curricular y la entrega de atención en salud y nutrición a los grupos de educandos.

  4. El gobierno debe garantizar la continuidad de la implementación de la Ley de Alimentación Escolar, a través de la asignación presupuestaria adecuada, mejorando la vinculación con la producción agrícola familiar para garantizar dieta diversa en las escuelas, y regulando el funcionamiento de los expendios de alimentos saludables en las escuelas para contribuir a una niñez mejor nutrida y sana en el mediano y largo plazo.

  5. Los resultados del estudio ponen de relieve el impacto que tienen tanto la desnutrición como el sobrepeso y obesidad en la morbilidad, mortalidad y productividad, afectando directamente los beneficios económicos de los individuos, las empresas y el país. La estimación de las pérdidas de productividad debe alertar sobre la urgencia de la inversión oportuna y suficiente del desarrollo nacional, por lo que será esencial que el sector privado y otros sectores productivos del país prioricen la inversión en capital humano (nutrición, salud y educación) para garantizar mayores niveles de competitividad interna y externa.

  6. Debe desarrollarse un proceso de sensibilización con los sectores productivos y autoridades del sector público para convencerlos sobre la necesidad de incrementar el gasto público en salud y los servicios sociales, mediante el aumento de la carga tributaria y el mejoramiento de la calidad del gasto.

  7. Los sistemas de información en salud deben considerar, además de la cuantificación de la prestación de servicios - eltotal de consultas, eltotal de pacientes o los totales de medicamentos prescritos-, obtener una correlación clínico-epidemiológica que permita hacer estimaciones de costos desglosadas por patologías, edad y su relación con medicamentos u otros consumos, a fin de hacer vigilancia epidemiológica y hacer ejercicios de costeo de la atención.

  8. Es crítico mejorar los sistemas de información nacionales a fin de contar con evidencia clara que permita la toma de decisiones oportunas y de calidad. Los sistemas rutinarios de información en salud deben registrar datos confiables y representativos a nivel nacional y por Área de Salud que permitan ilustrar la magnitud de las principales enfermedades crónicas no transmisibles en diferentes grupos de edad (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores)

  9. Fortalecer el Sistema de Información Gerencial de Salud (SIGSA) y del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), ambos del MSPAS, así como la recolección de información por patología y no únicamente por paciente: diabetes, dislipidemias, hipertensión arterial, infarto del miocardio, evento cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica, los diez tipos más frecuentes de cáncer, cirrosis hepática, y sus factores de riesgo como sobrepeso y obesidad.

  10. Continuar con el desarrollo de encuestas nutricionales con representatividad nacional, de forma periódica, sobre desnutrición y enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo, su vinculación con determinantes sociales de la salud, su interrelación con otras situaciones de salud y nutrición y el costo de la atención en salud.