Colombia: Impacto humanitario por el COVID-19 - Informe de Situación No. 14 (23/09/2020)
Este informe de situación elaborado por OCHA es complementario a los Sitreps diarios que publica la OPS. Es el resultado de la coordinación y colaboración con la OPS, los Clústeres, Equipos Locales de Coordinación (ELC) y Equipos Humanitarios Locales (EHL) e información de fuentes oficiales y públicas. Cubre el período del 24 de agosto al 18 de septiembre de 2020. Este informe se publica mensualmente.
DESTACADOS
• Hasta el 21 de septiembre un total de 770.435 casos confirmados en los 32 departamentos de Colombia, mientras que 640.900 (83.1%) se han recuperado, 14.057 pacientes se encuentran hospitalizados por COVID-19 en área general y 1.242 en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI). Un total 24.397 personas han fallecido. Colombia ocupa el quinto lugar a nivel mundial en términos de total de casos reportados de COVID-19, después de Estados Unidos, India, Brasil y Rusia.
• Preocupan algunos departamentos y ciudades que presentan una tasa de mortalidad mayor a la nacional (480,6), tales como: Amazonas, Córdoba, Caquetá, Barranquilla, Bogotá y Santa Marta. También preocupa la ausencia de UCI en Amazonas y Guainía, mientras que otros presentan un 30 por ciento de la disponibilidad (Antioquia, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Vaupés)
• Desde el 1 de septiembre se entró en la fase de aislamiento selectivo, lo que ha permitido que el Gobierno emita decretos e implemente nuevos pasos para la reactivación económica gradual. Esto ha permitido apertura de los espacios públicos, transporte público, y apertura del espacio aéreo y terrestre, siguiendo lineamientos y protocolos de bioseguridad.
• Durante agosto se realizaron 559 actividades de respuesta humanitaria a la emergencia ocasionada por la COVID-19 que beneficiaron directamente a 432.033 beneficiarios directos en 23 departamentos, para más información consultar: https://bit.ly/2FFuuGj
• El impacto del COVID-19 puede significar retrocesos en la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la garantía de sus derechos, si no se toman medidas oportunas para mitigar sus efectos, pues la mayoría de las víctimas están vinculadas a la economía informal. Paralelamente ha habido una preocupante reducción en las tomas de declaraciones, en los casos de reclutamiento y violencia sexual por temor a represalias, además persisten las dificultades en los procedimientos de censo ante desplazamientos y confinamientos.