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Colombia: Desplazamientos Masivos en Cúcuta y Tibú (Norte de Santander) Flash Update No. 1 (31/07/2020)

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Colombia
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UNCT Colombia
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Este documento fue elaborado por OCHA con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC), el Grupo Temático de Manejo de Protección (GTP) de Norte de Santander y otras contrapartes locales.

SITUACIÓN GENERAL

En lo corrido de 2020, la situación de violencia armada se ha agudizado en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, particularmente en la zona que colinda con el área rural de Cúcuta, su área metropolitana y Tibú, debido a los enfrentamientos entre Grupos Armados Organizados (GAO) que se disputan el control territorial y el manejo de las economías ilícitas. Está situación fue alertada por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana de inminencia No 011-2020, en la que se hace referencia al “grave riesgo de la población civil por posibles enfrentamientos entre miembros del ELN y el grupo armado los Rastrojos, así como combates de estos con el Ejército Colombiano, generando afectaciones en civiles por quedar en medio del fuego cruzado y contra los bienes protegidos por el DIH”. Cabe resaltar que, durante el 2020 en esta misma zona se han perpetrado cinco masacres (tres en julio), han sido asesinados cuatro líderes sociales y se han generado cinco desplazamientos masivos, de los cuales tres se han originado desde territorio venezolano.

En este escenario, desde mediados de junio hasta mediados de julio al menos 167 personas (50 familias), 120 de nacionalidad venezolana y 47 pertenecientes a una comunidad indígena Wayú, se desplazaron desde el Estado de Zulia, sector Caño Motilón (Venezuela), hacia zona rural de Cúcuta (Colombia). Este desplazamiento se da en busca de protección para salvaguardar sus vidas por los constantes enfrentamientos entre los diferentes GAO con presencia en el territorio venezolano.

Posterior a estos hechos, se registran amenazas constantes, enfrentamientos a las que están expuestas las comunidades, y la masacre perpetrada contra ocho civiles, entre ellas un líder social de Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) el 18 de julio en la vereda Totumito Carboneras del municipio de Tibú; en consecuencia, se generó el desplazamiento masivo de 419 personas (138 familias de las cuales 124 son de nacionalidad venezolana, pertenecientes a las veredas La Vigilancia, Totumito y Nueva Victoria quienes llegaron al casco urbano del corregimiento de Banco de Arena, zona rural de Cúcuta, en busca de albergue y protección. Por las mismas causas, el 19 de julio se desplazaron otras 433 personas (182 familias), 81 son refugiados y migrantes, de las veredas Barco La Silla y Totumito Carbonera del municipio de Tibú hacia la escuela de la vereda de Ambato y la escuela del sector de la Florida, en el municipio de Tibú, también en busca de albergue y protección. (ver tabla No.1)

Del desplazamiento proveniente del Estado de Zulia en Caño Motilón (Venezuela), y de los desplazamientos en zona rural de Cúcuta y Tibú (Colombia), se ha identificado un total de 1.019 víctimas según censos de las alcaldías de Cúcuta y Tibú; de este total 325 personas son de nacionalidad venezolana, 82 son miembros de la comunidad indígena Wayúu y 45 son adultos mayores, configurando una doble afectación (ver tabla No. 2). Así mismo, se evidencia mayor vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes los cuales representan un 34 por ciento de la población censada, un 26 por ciento son mujeres y un 40 por ciento son hombres. Se prevé que aumente el número de personas desplazadas al interior de Colombia, en territorios fronterizos- en los próximos días debido a la continuidad de los enfrentamientos entre los GAO. Al momento, se considera que un retorno de las personas desplazadas a sus comunidades de origen solamente podría darse si existen las debidas garantías de seguridad por parte de las autoridades, así como la garantía de los principios de voluntariedad y dignidad frente a el retorno.

Preocupa que, estas emergencias humanitarias se desarrollan en contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, lo cual implica riesgos adicionales y dificultades de acceso por parte de las instituciones Estatales y de organizaciones humanitarias hacia las comunidades, lo cual tiene implicaciones en la posibilidad de una respuesta integral y sostenible frente a las necesidades de la población afectada.

Ante estos eventos, los socios humanitarios de la zona trabajaron conjuntamente para llevar a cabo una misión de evaluación en los sitios receptores de desplazados, así como acompañar a las autoridades en la respuesta. Esta asistencia se dio de forma articulada para atender las necesidades más urgentes de población venezolana y colombiana.

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