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Diagnóstico sobre la situación e incidencia de la trata de personas en contextos humanitarios en América del Sur

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Аргентина
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IOM
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PRESENTACIÓN

Históricamente, la trata de personas ha sido de las más graves violaciones de derechos humanos. De hecho, son su causa estructural y también su consecuencia. Es un delito alimentado por las inequidades socioeconómicas y de género que encuentra en las personas migrantes y refugiadas en situación de vulnerabilidad, un terreno fértil para suplir una demanda creciente de servicios que cosifica a las personas, las esclaviza, y las convierte en mercancías de un negocio altamente lucrativo.

Cuando la movilidad humana es alta y se da en contextos de precariedad, la trata de personas aumenta. Esto sucede debido a dos factores: primero, la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas generalmente alcanza niveles alarmantes en situaciones de crisis, y segundo, hay un incremento en la actuación de redes delictivas de trata que precisamente encuentran en esta vulnerabilidad, una ocasión idónea para delinquir.
En el contexto de los desplazamientos de nacionales de Venezuela, la mayor vulnerabilidad se explica por la precariedad de los recorridos y de los medios de transporte, la fragmentación familiar con la consiguiente pérdida de vínculos afectivos y de protección durante el camino, el hacinamiento en casas de hospedaje, el tener que recurrir a ofrecer servicios sexuales para sobrevivencia, la falta de documentos de identidad y/o de viaje, la irregularidad migratoria y laboral, entre muchos otros factores. Así, las redes de trata ya existentes se reactivan y se fortalecen. A su vez, los factores de riesgo e impunidad aumentan cuando la presencia de las instituciones de protección del Estado en zonas fronterizas resulta insuficiente. En estos contextos de crisis humanitaria, la trata de personas constituye sin duda un riesgo latente y constante.

Para coordinar una respuesta regional efectiva y coherente al flujo de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) establecieron una Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (Plataforma Regional) a partir de una petición del Secretario General de Naciones Unidas del 12 de abril de 2018. El objetivo general de la Plataforma Regional es facilitar el análisis coherente y coordinado, la planificación estratégica y la respuesta operativa a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela a nivel regional.

Ante la necesidad de brindar una respuesta articulada en la región contra la trata de personas en el contexto de los flujos de personas venezolanas, la OIM planteó la necesidad de crear el Subsector de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que a través de un trabajo interagencial busca coordinar las acciones de prevención, y respuesta a estos dos delitos en la Plataforma Regional, de acuerdo con los principios humanitarios y los estándares internacionales de los dos protocolos de donde se derivan las definiciones en la materia.

La Plataforma a través del Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes (RMRP, por sus siglas en inglés) busca apoyar las operaciones nacionales y subregionales y garantizar las necesidades más apremiantes de los migrantes y refugiados de Venezuela, así como las de las comunidades que reciben esta población. Busca hacerlo, en coordinación con, y mediante la provisión de apoyo técnico a los gobiernos anfitriones y las respuestas regionales, incluido el Proceso de Quito. El Proceso de Quito se ha constituido en un referente de coordinación y cooperación regional en un contexto de crisis migratoria y humanitaria sin precedentes en la Región. Como tal, se ha comprendido que nos encontramos frente a una situación humanitaria y de protección excepcional, en donde los tradicionales marcos migratorios requieren de medidas específicas de adaptación para encontrar soluciones pragmáticas.

Los países miembros del Proceso de Quito, conscientes de que el delito de trata de personas aumenta en contextos de altos flujos migratorios han incluido acciones específicas de combate a la trata de personas en su Plan de Acción. Se ha reconocido que la trata de personas representa un gran reto para la política y la gestión migratoria y una grave violación para los derechos humanos de las personas venezolanas de la región.

Para profundizar sobre estos riesgos y las formas en que se manifiesta la trata de personas migrantes y refugiadas de Venezuela en la región suramericana, la OIM, inició un proceso de investigación de dos fases.
Un primer momento recoge la respuesta institucional frente a este delito en cada país y el análisis del marco normativo. En un segundo momento hace un análisis casuístico sobre diversas formas y manifestaciones de la trata de personas, tomando en consideración rutas geográficas, formas de reclutamiento, perfil de las víctimas y de los tratantes, tipo y duración de explotación, formas de rescate o salida de la situación, factores de atracción y expulsión, entre otras variables. Esta primera publicación contiene la información recogida en la primera fase de la investigación. Su realización se basó en la recolección y el análisis de información provenientes de distintas fuentes, incluyendo informantes clave tanto de gobiernos como de sociedad civil y academia. Este trabajo permitió identificar una serie de acciones que deberían reforzarse, con el fin de brindar una respuesta más integral y efectiva para el combate a la trata de personas. Así, provee recomendaciones generales para la formulación futura de políticas públicas orientadas a identificar, investigar, prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, así como garantizar una adecuada protección y asistencia de los sobrevivientes de este delito en el actual contexto humanitario en América del Sur.

En este sentido, la OIM ha encaminado esfuerzos para responder de forma prioritaria las necesidades de personas migrantes y refugiadas venezolanas más vulnerables, a través de una respuesta institucional integrada mediante la creación de la Oficina del Enviado Especial del Director General para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela que en coordinación con la Oficina Regional de América del Sur, brinda acompañamiento y soporte técnico a instituciones y gobiernos, para asistir oportunamente a esta población.
Esperamos que este diagnóstico brinde a contrapartes clave que trabajan contra la trata de personas elementos que permitan comprender el alcance de este delito en el contexto de las personas venezolanas en situación de movilidad humana, a la vez que constituya un aporte a los Estados de la región en sus esfuerzos por prevenirla, combatirla y sobre todo en la implementación de estrategias de protección y asistencia de sus sobrevivientes.