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Pronunciamiento

Ginebra, 23 de julio de 2020 - La ausencia de medidas efectivas para reducir el extremo hacinamiento en las cárceles de Bolivia, la precariedad de la atención médica en el ámbito penitenciario y la falta de seguimiento y aislamiento adecuados de las personas infectadas de COVID-19 tiene consecuencias fatales para las personas privadas de libertad y para el conjunto de la comunidad.

Con el objetivo de reducir la población carcelaria ante la actual crisis sanitaria de COVID-19, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó, el 4 de mayo de 2020, el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y de Emergencia Nacional. Sin embargo, esta medida se ha mostrado totalmente ineficaz para reducir los preocupantes niveles de sobrepoblación en las cárceles bolivianas, hecho que ha tenido un profundo impacto en el derecho a la salud y en las vidas de las personas privadas de libertad, sus familias, el funcionariado penitenciario y el conjunto de la comunidad.

En primer lugar, las previsiones de aplicación de amnistía e indulto introducidos por el Decreto Presidencial arriba mencionado son excesivamente restrictivas, en tanto que no reflejan la realidad de la población carcelaria boliviana.

En este sentido, a pesar de que el 66% de personas privadas de libertad se encuentran en prisión preventiva, solo un número reducido de ellas han podido beneficiarse de indulto o amnistía, dado que los delitos de los cuales se los acusa no figuran en las previsiones del Decreto Presidencial.

En segundo lugar, añadido al hacinamiento, los centros de detención y cárceles del país presentan altos niveles de insalubridad, así como una atención médica precaria. Ante la actual crisis sanitaria, dicha situación se ha traducido en la imposibilidad de adoptar medidas adecuadas y eficaces de prevención del contagio de COVID19, que incluyen, entre otros, el aislamiento de personas infectadas o sospechas de haber contraído la enfermedad, el respeto a las medidas de distancia física o la provisión de productos de higiene. En este contexto, el reciente cese por parte del Ministerio de Gobernación de 70 profesionales de la salud y de la psicología especializados en la atención a personas privadas de libertad no hace más que ahondar la situación de extrema vulnerabilidad de las personas detenidas y supone una vulneración de su derecho a la salud. En el momento de publicación de este pronunciamiento, se contabilizan al menos 159 presos en las cárceles de Bolivia infectadas de COVID-19 y un número de 40 fallecidos.

Es especialmente preocupante la situación en el Centro Penitenciario de San Pedro, situado en la ciudad de La Paz, en el que se ha confirmado la muerte de al menos 23 personas por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. En las últimas semanas han fallecido dos personas con síntomas relacionados con el coronavirus sin haber recibido atención y tratamiento médico adecuados. El 7 de julio de 2020 falleció por problemas respiratorios el Sr. Segundino Pari, quien se encontraba en prevención preventiva. Ocho horas después del fallecimiento, su cuerpo todavía se encontraba en la celda que compartía con su hijo. El 8 de julio, falleció el Sr. Franklin Sandi, de 79 años de edad, tras haber sido evacuado el día anterior en un estado grave de salud.

La OMCT se muestra profundamente preocupada por la grave situación sanitaria en los centros penitenciarios de Bolivia, así como por las consecuencias sociales que ésta está generando dentro de los penales, donde se observa un aumento de los motines y de las situaciones de violencia.

Por ello, la OMCT urge a las autoridades de Bolivia a modificar el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y de Emergencia Nacional con el fin de asegurar que un número más elevado de presos puedan beneficiarse de medidas alternativas a la pena privativa de libertad, y a tomar las medidas necesarias para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud de las personas detenidas en el país en el actual contexto de crisis sanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) trabaja junto con las más de 200 organizaciones que conforman la Red SOS-Tortura para acabar con la tortura, luchar contra la impunidad y proteger a las personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo. Juntos, constituimos el mayor colectivo movilizado a nivel global en oposición a la práctica de la tortura. Como altavoz de las voces locales apoyamos a nuestros aliados en el terreno y proporcionamos asistencia directa a víctimas. El Secretariado Internacional de la OMCT tiene su sede en Ginebra y cuenta con oficinas en Bruselas y Túnez.

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(Encargada de Comunicaciones)