Guía para el manejo de personas que viven con VIH en situación de movilidad en espacios de acogida durante la emergencia del COVID-19, junio 2020
Introducción
La pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto sin precedentes en los sistemas de salud, profundizando en muchos casos las brechas de atención existentes. En el caso de América Latina y Centroamérica, este desafío se suma al impacto que han tenido las movilizaciones de personas ocurridas en los últimos años, cuya magnitud ha superado las capacidades nacionales para ofrecer atención oportuna y protección social, especialmente en el área de salud. Las personas en movilidad están siendo afectadas por la pandemia de manera directa, debido a que las políticas de restricción de la circulación, cuarentena y distanciamiento social les han limitado sus oportunidades de vincularse a las actividades económicas -que en muchos casos ya eran precarias- afectando de esta manera su acceso a alimentación, vivienda, medicinas y otros bienes esenciales de consumo, además de impedirle continuar con sus rutas de tránsito hacia los países de destino.
De igual forma, muchas personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo han sido deportadas: los países del Norte de Centroamérica han recibido más de 44 mil personas deportadas desde Estados Unidos y México durante el periodo enero-marzo de 2020, incluso cuando ya las fronteras habían sido cerradas en estos países. Otros, como los refugiados y migrantes venezolanos, han decidido retornar a su país de origen, como una medida desesperada ante la falta de protección, los desalojos forzosos que los han dejado sin vivienda, el corte de servicios como medida de presión y en general, la precariedad de las condiciones de vida como consecuencia de la falta de ingresos y oportunidades, que no les permiten garantizar su vida. A estas situaciones, se suman las personas en movilidad que se han quedado en medio de sus rutas migratorias, como los migrantes haitianos, cubanos y africanos que se encuentran en Panamá y Costa Rica, y que han sido confinados en estaciones de recepción migratorias que no tienen las capacidades para albergarlos y brindarles atención. Adicionalmente, se encuentra la situación de los desplazados internos que, a pesar de las restricciones de movilidad, han debido huir de la violencia, los reclutamientos forzosos y otras situaciones que ponen en peligro su vida o las de sus familias, especialmente niños, niñas y jóvenes.
Todos estos escenarios han generado que los países habiliten espacios para llevar a cabo el aislamiento obligatorio recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como medida de control del contagio de la COVID-19. Debido a la emergencia, la mayoría de estos lugares mantienen condiciones de hacinamiento, no tienen lugares diferenciados para mujeres, niñas y niños, no cuentan con áreas para la autogestión de la alimentación y el aseo, supeditando a las personas en movilidad a las decisiones de quienes administran los mismos, sin enfoque basado en el respeto a la dignidad y los derechos humanos.
En tal sentido, ONUSIDA dirige este documento a tomadores de decisiones en los niveles estratégico y técnico, además de personal de albergues, centros de acogida, estaciones de recepción migratoria y otros espacios habilitados durante la emergencia del COVID-19 para garantizar una atención adecuada a las personas que viven con VIH y se encuentran en situación de movilidad.