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Esta reseña de política proporciona información y establece una serie de recomendaciones esenciales para ayudar a los gobiernos y a otras partes interesadas a concebir respuestas de política al COVID-19 que ayuden a brindar protección a los trabajadores migrantes. Asimismo, pretende orientar las respuestas encaminadas a proteger a los refugiados y los desplazados que trabajan en países distintos del suyo, que estén desglosadas por género, según proceda, y que se apoyen en las normas internacionales del trabajo,1 y en las orientaciones y buenas prácticas de la OIT. Este documento se actualizará regularmente según evolucione la situación.

Introducción

La crisis del COVID-19 está teniendo un impacto sin precedentes en las economías, empresas y trabajadores en todo el mundo. La OIT estima que casi 2.200 millones de trabajadores, que representan el 68 por ciento de la fuerza de trabajo mundial, están viviendo en países en los que se recomienda o impone el cierre de los lugares de trabajo.2 Los trabajadores migrantes constituyen el 4,7 por ciento de esta fuerza de trabajo mundial integrada por 164 millones de trabajadores,3 la mitad de los cuales son mujeres. En muchos países, los trabajadores migrantes representan un porcentaje considerablemente mayor de la fuerza de trabajo que realiza contribuciones importantes a las sociedades y las economías,4 y que está en primera línea desempeñando trabajos esenciales en los sectores de la atención de salud, los servicios, la construcción, la agricultura y la industria agroalimentaria.5 Sin embargo, la mayoría de los trabajadores migrantes se concentran en sectores de la economía con altos niveles de trabajo temporal, informal o no protegido, caracterizado por unos salarios bajos y por la falta de protección social, especialmente en el trabajo de cuidados, que en muchos países es realizado en gran parte por trabajadoras migrantes.6

Los trabajadores migrantes se cuentan entre los más vulnerables. Los informes indican unos niveles cada vez mayores de discriminación y xenofobia contra los migrantes y, en algunos casos, inseguridad alimentaria, despidos, el empeoramiento de las condiciones de trabajo (incluida la reducción o el impago de los salarios), unas condiciones de vida precarias o inadecuadas, y el aumento de las restricciones a la circulación o de los retornos forzosos (a lugares en que los trabajadores pueden ser estigmatizados como portadores del virus).7

Los grupos de defensa de los derechos humanos temen que aumenten los niveles de violencia, en particular para los trabajadores domésticos, entre los que predominan las mujeres.8

Los trabajadores migrantes suelen ser los primeros en ser despedidos, pero los últimos en poder acceder a la realización de pruebas o a los tratamientos en pie de igualdad con los nacionales. A menudo se les excluye de las respuestas de política nacionales al COVID-19, como los subsidios salariales, las prestaciones de desempleo o las medidas de seguridad social y de protección social. En los casos en que está disponible el acceso a la realización de pruebas del COVID-19 o al tratamiento médico, tal vez no se presenten por temor a ser detenidos o deportados, en particular los que se encuentran en una situación irregular. En el caso de los trabajadores domésticos, los trabajadores a domicilio, los trabajadores agrícolas y otros trabajadores de la economía informal, la exclusión en muchos países se debe a que la legislación laboral no los considera trabajadores.

En algunos casos, las restricciones de viaje han dado lugar a que los migrantes estén atrapados en países de destino con pocas opciones para regresar a su país. Los despidos de trabajadores migrantes no sólo conducen con frecuencia a la pérdida de ingresos, sino también a la expiración de los visados o permisos de trabajo, por lo que los migrantes acaban estando indocumentados o en situación irregular. Las restricciones de viaje también han dado lugar a que se haya impedido a muchos trabajadores migrantes incorporarse a empleos en el extranjero para los cuales tenían un contrato, y para los cuales muchos puede que hayan tenido que pagar comisiones y gastos de contratación. A su vez, esto puede conducir a otros desplazamientos irregulares, a la servidumbre por deudas y a la trata de personas.
La pérdida de ingresos está provocando asimismo la reducción de las remesas enviadas por los migrantes a sus familias en su país de origen, y se prevé que las remesas disminuyan casi 110.000 millones de dólares de EE.UU. este año.9