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Representantes de Gobierno
Representantes de la Unión Europea
Representantes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas
Representantes de las Agencias de las Naciones Unidas

Ref. Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos en países de América Latina y el Caribe

Cordiales saludos.

Las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a ustedes en relación con la “Conferencia de Donantes en solidaridad con refugiados y migrantes venezolanos en países de la región”, a celebrarse virtualmente el próximo martes 26 de mayo de 2020, convocada por el Gobierno de España y la Unión Europea, con el apoyo de ACNUR y OIM. Esta conferencia representa una importante oportunidad ante la urgencia de aumentar el financiamiento de la respuesta a la crisis venezolana y que su asignación sea sostenible, planificada y oportuna, en la que reiteramos nuestra voluntad de trabajar conjuntamente en el contexto sin precedentes de la pandemia del COVID-19.

Hoy, más de cinco millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes han dejado su país, de los cuales el 35% son niñas, niños y adolescentes (R4V). Adicionalmente, el perfil de las personas migrantes cambió en los últimos meses, en el que la mayoría de los caminantes fueron mujeres solas y/o acompañadas por menores de edad. Las restricciones migratorias de los países en la región han expuesto a un mayor grado de vulnerabilidad a las personas en movimiento, debido a las limitaciones de ingreso a territorios vecinos y a las barreras de acceso a servicios básicos y vulneración de derechos fundamentales, tales como la protección ante todo tipo de violencias, la reunificación familiar, y los derechos a la identidad, educación, vivienda, salud, incluida la salud sexual y reproductiva, y empleo, entre otros.

A esta situación, se suma la pandemia del COVID-19 que representa una crisis dentro de otra crisis, que genera nuevas problemáticas y exacerba las necesidades preexistentes de garantía de derechos y acceso a servicios básicos, así como la vulnerabilidad de toda la población refugiada y migrante. Según la OMS, en América Latina y el Caribe se han registrado más de 580 mil casos y 32 mil fallecidos a causa del COVID-19. Los sistemas de salud de los países que albergan más de la mitad de los migrantes venezolanos -Perú, Colombia y Ecuador- no garantizan en todos los casos el acceso a la salud para migrantes, son frágiles y están sobrecargados. Nos preocupa que las medidas de contención y respuesta, como las restricciones de movilidad, agraven los riesgos de las personas refugiadas, migrantes y desplazadas. Nos inquieta también la insuficiente respuesta y atención a las y los miles de retornados venezolanos, quienes se han visto forzados a retomar una peligrosa trayectoria, exponerse al contagio del COVID-19 y regresar a un país con pocas garantías, debido a sus condiciones apremiantes en los territorios donde decidieron restablecer sus vidas. Recordamos que, debido a las estrictas medidas migratorias y las dificultades para obtener documentación dentro de su país de origen, la mayoría de las y los migrantes se encuentran en situación irregular, por lo que están altamente expuestos a perder sus empleos, a ser desalojados ilegalmente -sin tener medios para denunciar-, a que su salud mental se vea afectada, o a no ser atendidos por los sistemas de protección social y salud, entre otras situaciones. El número de personas retornadas a Venezuela también es una sobrecarga a la capacidad de atención de las autoridades, lo que supone riesgos de contagiarse y enfermar, riesgos inminentes de protección (principalmente para las niñas, adolescentes y mujeres) y retos en acceder a los servicios básicos y asegurar los derechos fundamentales. Debemos garantizar el Derecho a la Salud de las poblaciones migrantes durante la pandemia de COVID-19. Toda persona migrante o refugiada debe disponer de un sitio digno y seguro donde cumplir con el aislamiento social obligatorio o las medidas de cuarentena, debemos asegurar la disponibilidad de máscaras y elementos de protección personal para ellas y ellos, y debemos garantizar el acceso a pruebas y atención médica si fuera necesario.

La pandemia del COVID-19 ha expuesto carencias estructurales preexistentes de atención y protección a migrantes y refugiados, y comunidades de acogida, en todos los países. Estas carencias están no sólo relacionadas con problemáticas como la violencia endémica, la privatización de la salud o las desigualdades incluidas aquellas basadas en género, sino también a marcos normativos y políticas públicas migratorias restrictivas, siendo muy pocos los países que han adoptado medidas específicas que den respuesta a las necesidades de las poblaciones refugiadas, migrantes y desplazadas, al nivel de las provistas para las comunidades de acogida. Por ejemplo, faltan acciones de prevención y atención para responder la doble afectación en las mujeres y niñas -quienes ya estaban expuestas a riesgos específicos como explotación sexual y trata y tráfico y que ahora, durante las medidas de cuarentena, sufren riesgos adicionales de violencia basada en género. Además, a pesar de que el 55% de los casos son hombres, las mujeres están no sólo más expuestas a contraer el virus al estar en primera línea debido a su rol tradicionalmente asignado como “cuidadoras” sumado a la deuda estructural de los sistemas de salud en atención a víctimas de violencia sexual y basada en género, sino también a sufrir otros riesgos derivados del impacto de la pandemia. Por otro lado, persiste la necesidad de dar una respuesta integral a la crisis migratoria tomando en cuenta las múltiples vulnerabilidades de las poblaciones refugiadas, migrantes y desplazadas, tomando en cuenta que niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con VIH, poblaciones indígenas, etc. forman parte de ellas, así como las debilidades preexistentes de los sistemas de protección, todo ello con una mirada de largo plazo para evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos en la región.

Recordamos que las organizaciones firmantes estamos presentes en casi la totalidad de los países de la región de América Latina y el Caribe y representamos el 80% de los miembros de la Plataforma Regional R4V. Por décadas, hemos implementado programas de asistencia humanitaria a personas migrantes desplazadas y víctimas de los conflictos armados en la región, tanto en zonas de frontera y de difícil acceso, como dentro de Venezuela, teniendo así una relación cercana y de confianza con las poblaciones de acogida y en movilidad humana. Interactuar diariamente con las personas más afectadas, nos permite entender las problemáticas que impactan la crisis desde la raíz, así como los mecanismos existentes para brindar apoyo y mejorar sus condiciones de vida. Nuestra experiencia nos permite tener una visión estratégica coherente con la realidad del contexto venezolano en cuanto a las acciones y prioridades a implementar, de manera coordinada, para fortalecer la respuesta a nivel regional, nacional y local. Las importantes contribuciones de la sociedad civil nacional y local deben ser reconocidas por la comunidad internacional de donantes en general, así como por los gobiernos anfitriones. Lamentamos profundamente que nuestros aportes y conocimientos, así como las voces de quienes queremos ayudar, se vean opacados al no tener una participación sustancial en los espacios de colaboración y de toma de decisiones. Reiteramos así nuestra solicitud de ser consideradas como participantes activas e influyentes en los espacios de toma de decisiones de manera justa y equivalente al de otros actores, para expresar nuestras preocupaciones y propuestas.

La crisis venezolana en la región requiere de una respuesta coordinada a todos los niveles, involucrando a las poblaciones afectadas, incluidas niñas, niños y adolescentes, con alianzas a largo plazo y ofreciendo apoyo para fortalecer los servicios básicos y sistemas nacionales desde lo local, asegurando una respuesta inclusiva, sustancial, equitativa y multianual, siguiendo los principios humanitarios.

Las organizaciones firmantes urgimos a los países donantes, a la Unión Europea y al sistema de Naciones Unidas a:

• Aumentar de forma significativa el financiamiento para la respuesta a la crisis venezolana, de manera sostenible, planificada y oportuna, financiando plenamente el Plan de Respuesta para personas refugiadas y migrantes de Venezuela actualizado el pasado 12 de mayo y desde una perspectiva interseccional.

• Garantizar la asignación de recursos de forma costo-eficiente en función a la localización, y en línea con los principios humanitarios. Los donantes y las Agencias de Naciones Unidas deben garantizar la rapidez y la transparencia en asignación de recursos a las organizaciones que están en la primera línea, sobre todo las organizaciones locales, que tienen presencia en terreno y están posicionadas para incrementar su respuesta para atender a las poblaciones más vulnerables.

• Priorizar el apoyo a los sectores con mayores necesidades como protección, salud, incluyendo salud sexual y reproductiva, seguridad alimentaria, medios vida, educación, prevención y respuesta a violencias basadas en género y apoyo psicosocial, entre otros, con un enfoque transversal de género y etario.

• Garantizar la participación activa, sustancial y vinculante de la sociedad civil en los espacios de coordinación y toma de decisiones.

• Mejorar la coordinación entre los actores locales, nacionales y regionales, para promover respuestas integrales, multisectoriales, multipaís, multianuales y con enfoque tanto en las necesidades urgentes, como de mediano y largo plazo de la población migrante y refugiada y de las comunidades de acogida.

• Garantizar el principio de no devolución para proteger a las poblaciones migrantes y refugiadas de las repatriaciones a lugares donde sus derechos fundamentales corren peligro, así como no forzar a las y los migrantes regulares o no a permanecer en los países de acogida en caso de que quieran regresar de manera voluntaria.

• Promover que, en el contexto de la pandemia, los gobiernos de la región a) protejan a todos los habitantes de su territorio, sin discriminación por motivos de condición migratoria, b) garanticen acceso a servicios de salud y medidas de prevención y control de la enfermedad, c) aseguren el acceso de la población migrante a los programas de protección y asistencia social y d) eviten la estigmatización, las actitudes xenófobas y la violencia basada en género.

• Al tiempo que se da respuesta a la dramática situación de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en la región, es necesario no desatender las necesidades de la población venezolana dentro del país, como parte de una respuesta integral a la crisis venezolana, dentro y fuera del país.

Reiteramos nuestro compromiso como sociedad civil con la respuesta a la crisis de flujos migratorios mixtos desde Venezuela, los derechos humanos y los principios humanitarios, poniendo a disposición nuestro soporte, experiencia y conocimientos para trabajar conjuntamente por el bienestar e integridad de las personas más afectadas por la crisis. Confiamos en poder continuar apoyándonos mutuamente desde una estructura equitativa y transparente.

Atentamente,

Coalición de OSC para la Defensa de los Derechos de las Poblaciones Refugiadas, Migrantes y Desplazadas en LAC (Coalición LAC RMD), conformada por Care, HIAS, IPPF/RHO, NRC, Plan Internacional, Oxfam, Save the Children, Visión Mundial Internacional, y en calidad de observadores la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja