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La salud es un derecho de orden público, instrumental para garantizar el derecho a la vida , y preservar ese derecho, es fundamental para preservar el orden público. En las Américas, nos hemos unido en el pasado para enfrentar amenazas a los valores que atesoramos como derechos inalienables, tales como la democracia, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo integral, y nos hemos comprometido colectivamente para proteger los derechos de todas las personas, incluido el derecho a la vida, y el derecho a la salud. La pandemia del COVID-19 nos plantea importantísimos desafíos a nivel nacional, y regional, pero también ofrece una nueva oportunidad para que nos unamos como región para defender estos valores. Particularmente, que reafirmemos el principio básico que nos unió al conformar la OEA, y que está reflejado en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre: que todas las personas “nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotadas como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente las unas con los otras.”

Esta pandemia nos afecta directa e indirectamente a todos. Sin embargo, para las personas en situaciones de vulnerabilidad el alcance del impacto, más allá del acceso limitado, o a veces nulo, a la atención médica, bienes y servicios, es mucho más profundo; y podría, muy probablemente, aumentar las brechas en su acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales básicos, considerando que estos grupos de personas son víctimas de discriminación múltiple e interseccional, y que estas discriminaciones se exacerban en situaciones de crisis como la actual. Nos referimos a aquellos que son pobres y marginalizados, muchos de los cuales también pertenecen a otros grupos en situaciones de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, afrodescendientes, personas mayores, personas con discapacidad, migrantes, refugiados y personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes y mujeres. Las múltiples e interseccionales discriminaciones que se han naturalizado en nuestros países limitan su acceso y goce de derechos básicos, y en condiciones de emergencia, esta limitación y exclusión se agrava. Como resultado, su capacidad de sobrevivir a la pandemia es mucho menos probable. Se debe poner el énfasis en estas poblaciones que tienen que tener un apoyo especial porque su condición genera aún más retos para enfrentar la situación, especialmente aquellos que sufren de la inequidad, la de género y de acceso a derechos económicos y sociales.

Hoy más que nunca, la región requiere de una OEA presente con claridad y capacidad para liderar procesos, y sobre todo que sea capaz de entender los derechos de las personas en los nuevos contextos, y apoyar a los Estados para su garantía y respeto. Es precisamente esto lo que se ofrece con esta Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos ante la Pandemia del COVID-19 en las Américas.

Sabemos que los sistemas políticos van a sufrir, que nuestros tejidos sociales van a sufrir, pero no podemos emerger de esta situación ni menos democráticos ni nuestros pueblos con menos derechos. Usemos este momento desafiante como una oportunidad única para mirarnos a nosotros mismos como Organización, mirarnos como región, reforzar los valores que creemos que son indispensables para la vida y el desarrollo humano, y asegurarnos que la ciudadanía más excluida de nuestras sociedades, no se quede fuera ni atrás, ni un minuto más.

Luis Almagro
Secretario General de la OEA