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PRÓLOGO

Por Eduardo Stein

Han pasado cerca de 14 meses desde que asumí mi papel como Representante Especial Conjunto de ACNUR y la OIM para los Refugiados y Migrantes de Venezuela. Durante este tiempo, he podido visitar Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago. Allí, presencié situaciones humanas dramáticas, incluso en varios puntos fronterizos críticos, de esta implacable huida de uno de los países más ricos en recursos naturales de América Latina. Me conmovió mucho la inmensa solidaridad que demostraron los Gobiernos de los países receptores en América Latina y el Caribe en sus esfuerzos por ofrecer una fuerte acogida e integración de manera coordinada de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, así como la dedicación de los servidores públicos y personas de la sociedad civil, organizaciones religiosas, donantes, organizaciones financieras internacionales y agencias de la ONU. Los esfuerzos combinados de todas estas diferentes entidades han sido extraordinarios y reflejan una cultura común de solidaridad y generosidad, especialmente entre las comunidades de acogida en los países receptores que han abierto sus hogares y contactos sociales para quienes se encuentran en situación de necesidad.

La región de América Latina y el Caribe continúa enfrentada a una situación de personas refugiadas y migrantes sin precedentes, cuyo impacto se extiende a través de gran parte del hemisferio. Para el próximo año, se proyecta que el número total de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo aumentará de 4,5 millones en octubre de 2019, a 6,5 millones en diciembre de 2020, de las cuales casi el 85% se encontrarán en la región. Además de esta cifra, también existen movimientos pendulares de millones de personas que tienen que cruzar las fronteras para satisfacer sus necesidades básicas, personas en tránsito, así como personas retornadas desde Venezuela hacia sus países de origen.

No hay perspectivas claras de que este flujo masivo de población cesará en el corto plazo y, según como lo destacó claramente la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, preocupa especialmente el creciente número de personas refugiadas y migrantes en situaciones de mayor vulnerabilidad. Los problemas actuales incluyen graves riesgos de explotación y abuso, en particular la violencia basada en género, así como la separación familiar, especialmente para las niñas y niños no acompañados y separados.

La situación de las y los caminantes es particularmente preocupante debido a las largas distancias y a la variedad de riesgos de protección para las personas que cruzan grandes extensiones del continente. Ante el aumento de los niveles de xenofobia, las necesidades de las personas refugiadas y migrantes son aún más pronunciadas, ya que las perspectivas de integración local enfrentan obstáculos adicionales en materia social y cultural. Estos elementos muestran la necesidad de acceso al territorio y a la documentación, los acuerdos de estancia regular y los riesgos asociados con los movimientos irregulares, incluyendo, entre otros, la trata y el tráfico de personas.

El apoyo de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para garantizar un marco común de cooperación humanitaria para la asistencia a personas refugiadas y migrantes de Venezuela y la solidaridad internacional demostrada a lo largo del 2019 ha sido inspiradora y esperamos que se fortalezca aún más en el 2020. A pesar de todos los avances logrados, los Gobiernos de los países receptores se encuentran en este momento bajo inmensas presiones. Los esfuerzos y recursos necesarios para abordar las necesidades inmediatas y a largo plazo con frecuencia toman múltiples formas y operan de forma paralela, lo que va desde tensiones en los servicios públicos y presupuestos, hasta la opinión pública y actitudes negativas hacia la población venezolana, e incluso un incremento en los incidentes de xenofobia y discriminación.

Como resultado, y según como se observa en varias partes de la región, recientemente se han introducido requisitos de entrada nuevos o modificados para personas refugiadas y migrantes de Venezuela en respuesta a estas presiones. Los Estados tienen el derecho, y de hecho tienen la obligación frente a sus nacionales, de administrar el acceso a sus territorios de acuerdo con sus marcos y leyes nacionales, y de manera consistente con sus compromisos internacionales, es importante tener en cuenta que, en la práctica, los requisitos de acceso nacional son difíciles de cumplir para la población venezolana debido a la falta de documentación.

Esto aumenta la probabilidad de que muchas de estas personas puedan tomar rutas irregulares y queden sujetas a las vulnerabilidades posteriores asociadas a movimientos irregulares y a un estatus irregular, así como a una mayor presión sobre otros países de la región, especialmente Colombia.

En vista de esta situación, existe una clara súplica para abordar, junto con el impacto de la crisis en la región, la situación humanitaria en Venezuela como una cuestión prioritaria, ya que ambas dimensiones están esencialmente interconectadas entre sí. Una asistencia humanitaria basada en principios, libre de consideraciones y fines políticos sigue siendo crucial para mantener la prestación de asistencia a las poblaciones vulnerables. Para superar tantos desafíos, un esfuerzo concertado en múltiples frentes sigue siendo tan importante como siempre, tanto en el contexto del Proceso de Quito como en el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP, por sus siglas en inglés), junto con la cooperación de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial.

En el marco del RMRP de 2019, se logró brindar asistencia y servicios alcanzando a más de 1 millón de personas hasta octubre de 2019 en 16 países. Esto representó casi el 46% del total de personas beneficiarias para el año, un resultado acorde con el 48% de financiamiento para el mismo período. La respuesta operacional también se ha visto reforzada por los esfuerzos de la sociedad civil y otros actores para acompañar, asistir y brindar servicios a más de 100.000 personas por mes a través de las redes regionales desarrolladas por organizaciones religiosas, el Movimiento de la Cruz Roja y otras entidades nacionales e internacionales. Con el fin de influir en la opinión pública entre las comunidades de acogida y combatir la xenofobia, se han lanzado campañas regionales y nacionales que han alcanzado una audiencia de más de 75 millones de personas.

El resultado neto de estos esfuerzos ayuda a garantizar el acceso efectivo a los derechos y servicios básicos, incluyendo salud, educación y empleo, en muchas partes de la región.

Sin embargo, es esencial que la atención se centre ahora en lo que se avecina. Para el 2020, los fondos requeridos para este plan de respuesta serán de USD 1.350 millones con el fin de alcanzar a 2,47 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en el país de destino, 378.000 en situación pendular, 264.000 personas retornadas y 877.000 miembros de comunidades de acogida a lo largo de 17 países, a través del llamamiento de unos 137 socios.

Existe una amplia variedad de necesidades humanitarias y de desarrollo tanto inmediatas como continuas en sectores clave, que van desde salud hasta educación o asesoramiento jurídico y que requieren una respuesta continua y a gran escala; y en la región, ya existen bastantes buenas prácticas en marcha, pero requieren de un mayor apoyo internacional y esfuerzos continuos para fortalecer la coordinación estratégica y operacional. El RMRP 2020 abordará estas crecientes necesidades a través de un proceso multisectorial, coordinado y consultivo, que proporcionará acuerdos flexibles, prácticos y con una perspectiva de protección, en coordinación con los Gobiernos de la región, según sea necesario, para mitigar los riesgos para las personas refugiadas y migrantes y el impacto secundario en los países vecinos.

En todo el continente Americano, continuará una mayor consideración e inversión en las comunidades de acogida que albergan a personas refugiadas y migrantes, muchas de las cuales ya tienen sus propias necesidades preexistentes, así como en las poblaciones vulnerables. La respuesta para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela representa un claro ejemplo de la necesidad de planificación tanto inmediata como a más largo plazo, alianzas y respuestas que operen de forma paralela y recurran a todos los socios de los sectores de desarrollo, humanitario, público y privado.

Ningún país receptor puede manejar la crisis actual por sí solo y los flujos de personas refugiadas y migrantes no se limitan únicamente a los puntos fronterizos oficiales o límites territoriales. Solo a través de un enfoque coordinado y armonizado será posible abordar eficazmente la escala de necesidades, que seguirán aumentando y evolucionando en la medida en que la crisis actual continúe. Con este fin, el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes para el 2020 representa un elemento fundamental en torno al cual los esfuerzos colectivos deberían movilizarse y consolidarse aún más.