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Contexto

Como parte del control social y sobre el cuerpo de las mujeres por parte de los grupos armados en diversos territorios, la violencia sexual y otras violencias basadas en género son impactos recurrentes y profundamente invisibilizados en contextos de alta presencia de actores armados y economías ilícitas. El impacto que se ha logrado documentar corresponde principalmente a violencias sexuales dentro y fuera del marco del conflicto, particularmente aquella contra mujeres adultas, adolescentes, niñas y niños, y personas LGBTI. De acuerdo con ONU Mujeres en consulta al Registro Único de Víctimas (RUV), en los últimos 50 años de conflicto armado, el 89.4% de los delitos contra la libertad y la integridad sexual se han ejercido contra mujeres (29.439, según el RUV).

En ocasiones los patrones culturales patriarcales y sus consecuentes prácticas violentas a nivel familiar y comunitario (violencia física, psicológica, económica, patrimonial y social), aunadas al desconocimiento de sus derechos de parte de las afectadas, propician la no denuncia o la naturalización de estas violencias, y limitan su capacidad de resiliencia y empoderamiento para salir de dichos patrones de afectación; incluso impulsándolas a acudir a mecanismos de afrontamiento negativo, como la vinculación a grupos armados o a dinámicas de trata o trabajo sexual, lo que las expone a una continuidad de afectaciones y a una múltiple victimización. Preocupa además la violencia sexual ejercida contra mujeres defensoras de derechos humanos: durante su visita a Colombia en noviembre y diciembre de 2018, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, hizo énfasis en el alarmante incremento de estos casos, así como de los riesgos adicionales a los que se exponen los defensores de derechos humanos de la comunidad LGBTI, directamente relacionados con su orientación sexual e identidad de género.

Según la Encuesta Nacional de Salud (ENDS), la violencia sexual es una forma de las violencias de género, considerada como una de las manifestaciones más severas de desigualdad entre hombres y mujeres, y que reafirma un ejercicio de poder en el que se evidencia un claro desequilibrio. Además, se entiende como “toda acción consistente en obligar a una persona a tener contacto físico o verbal de tipo sexual o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considera daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas” (Ley 1257, 2008).

Por su parte la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (UARIV), utiliza como referencia el concepto señalado por el ICBF que indica que la violencia sexual es “cualquier acto u omisión orientado a vulnerar el ejercicio de los derechos humanos, sexuales o reproductivos, dirigidos a mantener o a solicitar contacto sexual, físico, verbal o a participar en interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza o la amenaza de usarla, la intimidación, la coerción, el chantaje, la presión indebida, el soborno, la manipulación o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal de decidir acerca de la sexualidad y de la reproducción”(3), lo anterior en el marco del conflicto armado interno o en situaciones que guarden relación cercana y suficiente con el mismo.

En la gráfica 1, se muestra la información de los casos reportados en el Registro Único de Víctimas (RUV) de la UARIV de los años 2008 a 2019, según sexo.