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Las puertas abiertas para los migrantes venezolanos y nicaragüenses en América Latina y el Caribe se cierran un poco a medida que aumenta la escala de los flujos y la presión en los servicios públicos

WASHINGTON – A pesar de que los gobiernos de América Latina y el Caribe han tomado medidas generosas e innovadoras para lidiar con el desplazamiento forzado desde Venezuela y más recientemente desde Nicaragua, la cálida bienvenida se ha enfriado en algunos lugares a medida que el número de entradas, la presión sobre los servicios públicos y la preocupación del público aumenta.

Aproximadamente 3,9 millones de venezolanos se han mudado a otros lugares de América Latina o el Caribe en los últimos años, lo cual ha convertido a este fenómeno en la segunda crisis de desplazamiento forzado más grande del mundo después de la de Siria. Por otra parte, aunque el éxodo venezolano se ha acelerado notablemente desde 2017, entre 80,000 y 100,000 nicaragüenses han huido a Costa Rica en medio de la creciente represión política interna en el país.

Un nuevo informe del Migration Policy Institute (MPI), basado en un extenso trabajo de campo e investigación exhaustiva sobre las políticas regionales de inmigración e integración de inmigrantes, mapea el cambiante panorama de políticas públicas en 11 países. En Bienvenidas Asimétricas: Respuestas de América Latina y el Caribe a la migración venezolana y nicaragüense, el presidente de MPI, Andrew Selee, y Jessica Bolter, analista asociada de políticas, examinan cómo los gobiernos han tratado generalmente de acomodar a los migrantes recién llegados. La mayoría de estos países están proporcionando educación básica y asistencia médica de emergencia, así como habilitando mecanismos para regularizar la situación migratoria de muchos de ellos, a través de programas de regularización, nuevas categorías de visa y otras vías legales.

"Pero, a medida que estos flujos continúan—conformados tanto por la profundidad de las crisis venezolanas y nicaragüenses como por la porosa naturaleza de las fronteras en la región—los gobiernos están comenzando a erigir barreras de ingreso y a enfrentar nuevos desafíos en la integración de un gran número de migrantes recién llegados en las comunidades locales," encuentran los autores.

El informe acompaña el lanzamiento del Portal sobre Migración en América Latina y el Caribe de MPI, el primer sitio web integral que proporciona información actualizada, datos, investigación y análisis sobre el desarrollo de políticas de inmigración regionales y tendencias migratorias. El portal presenta una selección de informes confiables publicados por organizaciones internacionales, gobiernos, investigadores, sociedad civil y otros; estadísticas clave de inmigración; leyes y reglamentos relacionados con la política de inmigración; y comentarios originales de los expertos principales.

“Para responder al extraordinario contexto migratorio en el que se encuentran los países de América Latina y el Caribe, MPI ha desarrollado una plataforma de información para investigación, datos y análisis que puede ser un recurso para los formuladores de políticas públicas, líderes de la sociedad civil, organizaciones internacionales y otros actores interesados clave, a medida que busquen diseñar políticas de migración e integración, puedan beneficiar a los migrantes recién llegados y a las comunidades receptoras por igual", dijo Selee.

El informe adjunto, que se enfoca en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Perú, Trinidad y Tobago, y Uruguay, arroja varias conclusiones sobre el cambiante contexto político, que incluyen:

• Los requisitos de entrada relativamente bajos que la mayoría de los países de la región habían tenido, especialmente para los venezolanos, se están volviendo más estrictos. Chile, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago han comenzado a requerir visas de ingreso, que son difíciles de obtener para la mayoría de los venezolanos.
• Los países de la región están priorizando la regularización de la situación de los migrantes a través de diferentes medios. Colombia, Ecuador Perú y, en un grado mucho menor, Trinidad y Tobago, han emprendido campañas de regularización masiva para los venezolanos. Brasil ha ofrecido residencia temporal a cualquier venezolano que lo solicite, y Argentina y Uruguay han proporcionado a los venezolanos un acceso fácil a las visas de residencia del Mercosur, a pesar de que Venezuela ha sido suspendida del bloque. Otros países, como Costa Rica, Chile y ahora Colombia, han experimentado con llevar a cabo la regularización de migrantes basándose en el empleo.
• Los sistemas de educación pública generalmente están abiertos a los recién llegados, pero enfrentan desafíos de capacidad. La mayoría de los países de la región, con la excepción de Trinidad y Tobago ofrecen educación primaria y secundaria a los migrantes recientes, sin importar su situación migratoria. Sin embargo, los requisitos de registro y el hacinamiento escolar presentan barreras para algunos que buscan inscribir a sus hijos.
• *Los migrantes recientes de Nicaragua y Venezuela tienen altas tasas de participación en la fuerza laboral, pero la mayoría están trabajando en la economía informal. *En la mayoría de los países de acogida, estos migrantes son más propensos que los nativos a tener una educación profesional o técnica, pero enfrenten grandes barreras para que se reconozcan sus credenciales educativas. Como resultado, muchos no pueden obtener un trabajo que coincida con sus habilidades.

En general, los países de América Latina y el caribe han mostrado apertura e incluso creatividad para acomodar los flujos de migración forzada a gran escala en un corto periodo de tiempo”, concluyen los autores. Sin embargo, agregan que, “se necesitan nuevas estrategias para ayudar a los países anfitriones a enfrentar con éxito estos desafíos. Estas estrategias tendrán que provenir en gran medida de los propios países receptores, dada la diversidad de formas en que las presiones migratorias están afectando la educación, la atención médica y otros sistemas.”

Aun así, hay un papel de apoyo crítico para que la comunidad internacional juegue también, incluso el proporcionar fondos para expandir los servicios y apoyar el diseño y la implementación de estrategias bien pensadas para la integración social, concluyen Selee y Bolter.