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Más 10.800 niños y niñas han suspendido su educación por el conflicto armado interno

Entre enero y agosto de 2019, más de 10.800 niños y niñas y cerca de 650 docentes fueron afectados por situaciones que pusieron en peligro su vida y que limitaron la continuidad de la educación, según el seguimiento realizado por Consejo Noruego para Refugiados (NRC).

“Sabemos que hay minas. Debemos tener cuidado o ‘bum’ explotan”, dijo una adolescente indígena de diecisiete años que tuvo que dejar de estudiar su primaria en Chocó. Debido a minas y fuego cruzado, su comunidad se desplazó. “Decíamos a los niños que no vayan para allá por las minas. Hay miedo y no podíamos dormir, así que nos desplazamos», agrega la madre de la adolescente.

El 91 por ciento de los eventos se reportaron alrededor y en el camino a las instituciones educativas, mientras que en 3 de cada 10 casos se cancelaron temporalmente las clases. La utilización de minas antipersonal sin explosionar cerca de los centros educativos es preocupante, más de 2.500 estudiantes se vieron afectados por esta situación.

“Las graves violaciones a la educación pueden tener un efecto devastador en el futuro de los menores de edad. Es necesario que el gobierno de Colombia garantice la educación y brinde esperanza a niños, niñas y jóvenes en todos los rincones del país”, expresó Nathalie Duveiller, especialista de educación de NRC.

Esta situación se evidencia en mayor medida en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Chocó. Como consecuencia del conflicto armado, docentes y familias enteras se han visto obligadas a desplazarse lo que interrumpe la educación. En algunos casos volver al sistema educativo puede tardar años.

En Chocó, este año se han presentado al menos 11 desplazamientos masivos de comunidades indígenas y afrocolombianas debido a enfrentamientos armados y contaminación por minas. Las niñas y niños rurales más vulnerables se encuentran en mayor riesgo de reclutamiento por grupos armados y las amenazas a docentes impactan de manera preocupante la educación.

Alentamos al gobierno colombiano a adherirse a la Declaración de Escuelas Seguras y garantizar que la educación sea protegida; así como a implementar medidas estrictas contra aquellos que violen sus principios.

“La reactivación del conflicto requiere que el gobierno adopte nuevas medidas que garanticen el derecho a la educación. Cuando las escuelas son atacadas y los caminos son minados, el sentido de seguridad se desvanece en los territorios”, dijo Duveiller.