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Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con un especial sobre las transformaciones y continuidades en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR); los desarrollos del caso 004 en la JEP alrededor de los crímenes cometidos en San José de Apartadó; las nuevas dinámicas de concentración de los cultivos de uso ilícito en los municipios de Colombia; las voces de alerta del último informe de la ONIC y el CNMH sobre los pueblos indígenas; entre otros.

Los espacios territoriales donde están los excombatientes de las FARC se transforman

Este jueves 15 de agosto termina la figura jurídica transitoria de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Colombia. “Lo que ocurrirá –apunta Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)– es que a partir de ese día inicia la transformación de los ETCR a centros poblados o extensiones de corregimientos y veredas, dependiendo del ordenamiento jurídico donde se encuentren”.

René Hertz, el delegado de la FARC ante el Consejo Nacional de Reintegración (CNR), explica que: “Lo que sí debe aparecer es una resolución o un decreto para darle vida legal a estos espacios a partir del 15 de agosto. […] Vamos a identificar a los ETCR como unos centros poblados que deben estar articulados al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de cada municipio para que se siga dando de forma expedita su continuidad”. El gobierno definió que 13 de los 24 ETCR existentes tienen “una vocación de consolidarse en los territorios”. En otras palabras, estos lugares pueden convertirse en centros poblados o extensiones de las veredas y corregimientos circundantes. Por otra parte, 11 ETCR presentaron obstáculos y su continuidad está bajo revisión.

Por otro lado, a partir del 15 de agosto y hasta el 31 de diciembre próximo, la ARN extendió el plazo para que los exguerrilleros de las FARC reciban la renta básica mensual y otros beneficios para lograr su reincorporación efectiva a la vida civil. Hay que recordar que, tras la dejación de armas, el gobierno había establecido que hasta agosto de este año irían los beneficios para los excombatientes. No obstante, el proceso de estabilización económica ha sido lento y desde diferentes los ETCR han solicitado que se extiendan este tipo de medidas para evitar que los exguerrilleros regresen a las armas.

“A la fecha se han aprobado recursos para 245 proyectos productivos, 29 colectivos y 216 individuales, que vinculan a 2.183 excombatientes. La inversión supera los $17.463 millones”, puntualizó el director de la ARN. Por lo pronto, el gobierno nacional también evalúa cuáles serán los Espacios de Reincorporación que continuarán en los territorios, teniendo en cuenta que la mayoría de estos caseríos donde hoy viven los exguerrilleros se construyeron en tierras rentadas por un tiempo.

Los crímenes desconocidos de San José de Apartadó

Desde masacres hasta hostigamientos por la estigmatización hacen parte de la larga lista de hechos violentos desde la década de 1980 hasta el año 2016 que esta semana fueron contados por los habitantes de San José de Apartadó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quienes advierten que la guerra continúa.

Estos relatos son el complemento del informe escrito “Van por nuestras tierras: a sangre y fuego”, elaborado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación.

Según magistrados de la JEP, esto ayudará a esclarecer el caso 004, con el cual se priorizaron las violaciones de derechos humanos en la región de Urabá, específicamente en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, en Antioquia, y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en Chocó.

La magistrada de la JEP y la comisionada de la verdad, María Ángela Salazar, tomaron nota. Los pobladores, mientras tanto, les respondieron que lo hacen porque anhelan la verdad y la reparación. Esta, dice un líder, “es la última oportunidad”.

La hoja de coca “echó raíces” en diez municipios de Colombia

Pese a todas las acciones adelantadas para combatir la presencia de los sembradíos de hoja de coca, que van desde aspersión aérea, erradicación forzada manual, hasta la implementación del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), municipios como Tarazá, Tibú y Tumaco, se han convertido en algunos de los municipios colombianos con mayor presencia de cultivos ilícitos.

Así lo determinó el más reciente monitoreo de territorios afectados por presencia de cultivos ilícitos realizado por la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el cual señala que el 17 por ciento de los municipios colombianos (191 en total) registraron presencia de cultivos de hoja de coca, mientras que los 10 primeros sumaron el 44 por ciento del total durante 2018.

Ello quiere decir que en Tibú, Tumaco, Puerto Asís, El Tambo, Sardinata, El Charco, El Tarra, Orito, Tarazá y Barbacoas se encuentran 73.181 de las 169 mil hectáreas de hoja de coca. Los análisis del organismo multilateral muestran, además, que en estos municipios la hoja de coca ha estado presente de manera ininterrumpida desde una década o más, lo que ha generado una dependencia económica de las comunidades de este cultivo ilegal, aumentando las brechas de desigualdad y pobreza.

El 70% de los pueblos indígenas de Colombia está en riesgo de exterminio

Durante más de dos años investigadores de la ONIC y del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) recopilaron la memoria viva de los pueblos indígenas, la jurisprudencia que los ampara y los documentos que han contado su historia. Además, agregaron recomendaciones para que el genocidio contra los pueblos indígenas se detenga.

Óscar Montero, indígena kankuamo y coordinador del informe desde la ONIC señala: “Se trata de contar nuestra historia de violencia que se repite cada siglo, pero es la misma búsqueda de exterminar a los pueblos y de homogeneizar para impedir que existamos en medio de la diferencia y la diversidad étnica y cultural que realmente expresa un país como Colombia”.

En esta investigación pudieron evidenciar que de los 102 pueblos indígenas que existen actualmente, 70 de ellos están en riesgo inminente de ser exterminados física y culturalmente: 31 en riesgo de extinción por número de población y 39 en riesgo exterminio físico y cultural. Es decir, casi el 70% de ellos. Además, documentaron más 120 masacres contra población indígena, cuyos victimarios han sido los actores armados legales e ilegales, lo cual aún no se detiene.