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Un rayo de luz en la ensombrecida Venezuela - Informe sobre América Latina N°75 | 15 de julio de 2019

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Venezuela
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Un discreto esfuerzo diplomático por parte de Noruega representa la mejor opción para romper el estancamiento político en Venezuela. Para detener la caída del país hacia una catástrofe humanitaria y económica, los partidarios más pragmáticos dentro del gobierno y la oposición deberían dejar de lado la vanas esperanzas de una victoria absoluta y apoyar un acuerdo negociado.

¿Qué hay de nuevo? Tras el fracaso del intento de la oposición de derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro en abril, un discreto esfuerzo diplomático por parte de Noruega ahora ofrece las mejores perspectivas para hallar una solución pacífica y negociada a la crisis política en el país y prevenir mayor violencia e inestabilidad.

¿Por qué importa? La economía de Venezuela está cayendo en picada, la infraestructura se está derrumbando, y millones de personas han huido. Si no se logra una solución negociada, el riesgo de violencia aumentará y amenazará con desbordarse a la región. Se ha abierto una pequeña ventana de oportunidad, pero podría cerrarse en cualquier momento.

¿Qué se debería hacer? Los más pragmáticos de ambos bandos deberían aprovechar esta fugaz oportunidad para buscar una solución de compromiso que incluya unas elecciones anticipadas, libres, justas y supervisadas por la comunidad internacional, así como garantías contra un resultado que arrase con alguna de las partes. Los aliados externos del gobierno y la oposición, junto con actores internacionales más neutrales, deberían respaldar estos esfuerzos y coordinar su apoyo a los mismos.

Resumen ejecutivo

El fracaso del intento de la oposición venezolana de derrocar al presidente Nicolás Maduro el 30 de abril presenta una fugaz oportunidad para alcanzar una solución negociada a la onerosa crisis política y económica del país. El levantamiento terminó ignominiosamente, ya que ninguna unidad militar respaldó a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional cuya declaración como presidente interino el 23 de enero ha sido reconocida por decenas de países. Este fracaso truncó las esperanzas de la oposición y sus partidarios extranjeros de lograr una rápida victoria. Pero los eventos del 30 de abril también sacudieron al gobierno, que ya estaba sufriendo los efectos de las catastróficas condiciones económicas, pues expusieron graves brechas internas. Dado que las encuestas sugieren que la mayoría de los venezolanos apoyan una solución pacífica, y que hay una renovada atención internacional a la crisis, las negociaciones mediadas por Noruega ofrecen la mejor (aunque tenue) posibilidad de llegar a una solución. Para lograrlo, los elementos más pragmáticos de ambos bandos deben demostrar su voluntad de compromiso; los potenciales saboteadores nacionales deben ser neutralizados; y los actores internacionales profundamente polarizados deben mostrar flexibilidad y apoyar plenamente la iniciativa de Noruega.

La crisis de Venezuela ha alcanzado proporciones épicas. Su economía hiperinflacionaria está cayendo en picada; a finales de mayo, el Banco Central admitió que el PIB se había contraído en casi un 48 por ciento entre 2013 y 2018, y que el año pasado la inflación superó el 130.000 por ciento. Las estimaciones independientes son aún más pesimistas. Las repercusiones externas son igualmente catastróficas: Colombia y otros países latinoamericanos tienen que lidiar con el grueso de un éxodo migratorio que hasta la fecha suma cuatro millones de venezolanos. Lo peor aún podría estar por llegar. Con abundancia de armas, el país alberga además numerosos grupos armados, entre ellos paramilitares conocidos popularmente como colectivos, bandas de crimen organizado y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que plantea la posibilidad de un sangriento conflicto interno si no se logra un acuerdo político.

En este momento, ninguna de las partes tiene motivos para sentirse confiada. Los pronósticos de una salida anticipada de Maduro demostraron ser sumamente prematuros, y los continuos esfuerzos por persuadir a las fuerzas armadas de abandonar al gobierno fracasaron. A medida que pase el tiempo, la oposición se verá cada vez más castigada por la creciente impaciencia de la población y las recurrentes fisuras internas. Si bien esto complacería al gobierno y sus simpatizantes, conocidos como chavistas, también ellos están bajo presión. Continúan siendo sumamente impopulares, están afectados por el peso de las arrolladoras sanciones de EE. UU., que incluyen el intento de bloquear los ingresos provenientes del petróleo de Venezuela, y el 30 de abril descubrieron que importantes figuras del gobierno habían estado conspirando con la oposición.

Los aliados externos de ambas partes apenas pueden ser más optimistas. Para la Administración Trump, los eventos del 30 de abril deben haber sido una importante llamada de atención que expuso la distancia entre las expectativas y la realidad. Sin duda, otros actores vinculados a la oposición se sienten igualmente desilusionados, y los actores regionales están cada vez más preocupados por los riesgos de una crisis prolongada. Por más que a Rusia, China y Cuba, los principales aliados del gobierno, les haya complacido el fracaso del levantamiento, no pueden hacerse ilusiones de que la crisis se pueda resolver sin una solución negociada. Sin duda, recuperar su inversión económica en Venezuela requerirá un nuevo gobierno y el fin de las sanciones.

En resumen, el proceso de Oslo–que ya estaba en marcha antes del 30 de abril y ha pasado por tres rondas de negociaciones desde entonces– ha llegado en el momento justo. Que las partes estén o no plenamente conscientes de esto es otra cuestión. De hecho, ambas parecen creer que el tiempo está a su favor. Para el gobierno, cada día que sigue aferrado al poder constituye una victoria; para la oposición, cada día que el gobierno demuestra su incapacidad de resolver la crisis o salir de su aislamiento es un éxito. Sus posturas se mantienen muy alejadas, en particular sobre la cuestión de si Maduro debería renunciar, y en qué momento; el momento oportuno y las condiciones de unas nuevas elecciones; y la cuestión del levantamiento de las sanciones de EE. UU. La oposición se muestra muy escéptica respecto a la buena voluntad del gobierno. El gobierno teme que la oposición busque eliminar al chavismo. El pasado también pesa notablemente: desde el 2014, tres intentos anteriores de diálogo nacional se han visto frustrados por las diferencias políticas, la falta de voluntad del gobierno de hacer o implementar alguna concesión importante, y la falta de unidad de la oposición. Las facciones más radicales de ambas partes están observando la situación muy de cerca.

Aún así, el colapso económico y humanitario sin precedentes de Venezuela, sumado a la sensación que muchos comparten de que ninguno de los bandos puede ganar y la violencia podría dispararse, ha favorecido cierto pragmatismo entre algunos elementos de ambos bandos. En el escenario internacional, aún polarizado, también hay tenues indicios, si bien no exactamente de convergencia, sí de una menor divergencia. El Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, presidido conjuntamente por la Unión Europea y Uruguay, está forjando apoyo global para una solución negociada que culmine en unas nuevas elecciones, y viene entablando conversaciones con países latinoamericanos opuestos a Maduro, así como regímenes aliados como China, Cuba y Rusia. Washington, por su parte, continúa haciendo declaraciones peligrosas sobre la posibilidad de una intervención militar, mientras que los aliados del régimen profesan su apoyo a las negociaciones.

Los elementos de un posible acuerdo se pueden dividir en tres categorías. La primera consiste de medidas de fomento de la confianza que se deben implementar antes de las elecciones y podrían incluir, por parte del gobierno, liberar a los presos políticos, permitir el retorno de los exiliados políticos, desmantelar la Asamblea Nacional Constituyente controlada por los chavistas y restaurar algunos de los poderes de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Por parte de la oposición, apoyar el envío de ayuda para afrontar las cuestiones humanitarias más urgentes provocadas por las sanciones. Una segunda fase conllevaría medidas electorales para garantizar igualdad de condiciones, entre ellas reconstituir un Consejo Nacional Electoral imparcial, reformar el Tribunal Supremo de Justicia, inscribir a la diáspora venezolana en los registros electorales y, algo de vital importancia para el chavismo, levantar al menos algunas de las más importantes sanciones de los EE. UU.

Finalmente, un tercer paquete estaría compuesto de garantías postelectorales, entre ellas acuerdos de distribución del poder y otras medidas para garantizar que el sistema no favorezca desproporcionadamente a alguna de las partes. Algunas de las posibles medidas incluyen restablecer la representación proporcional en las elecciones legislativas, volver a introducir límites al mandato presidencial, y reinstaurar una cámara alta que proporcione controles y contrapesos, junto con garantías de que los chavistas no serán perseguidos o marginados si pierden el poder, y de que la institución militar permanecerá intacta y sus intereses protegidos.

Al momento de redactar este informe está en marcha una tercera reunión en Barbados, pero Guaidó está bajo la presión de ciertos elementos escépticos del ala dura opositora, que insisten que Maduro debe irse antes del comienzo de las negociaciones. Esta postura es insostenible, pero el gobierno (que puso en marcha una represión generalizada después del 30 de abril, arrestando al vicepresidente de la Asamblea Nacional y obligando a muchos diputados a ocultarse o huir al anunciar la suspensión de su inmunidad parlamentaria) no ha hecho mucho para favorecer la flexibilidad del lado opositor. La liberación de varias decenas de presos políticos en respuesta a la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet del 19 al 21 de junio estuvo acompañada de nuevos arrestos. Posteriormente, el 29 de junio un oficial naval que se encontraba detenido murió tras ser interrogado por la contrainteligencia militar.

Alcanzar un acuerdo en Barbados requerirá no solo pactar sobre los elementos esbozados anteriormente, sino también superar objeciones de actores que no se encuentran en Barbados: los extremistas (del lado del gobierno, aquellos que temen perderlo todo si el poder cambia de manos, o del lado opositor, aquellos que ven las negociaciones como una estratagema por parte de un gobierno autocrático al borde del colapso para ganar tiempo); EE. UU. (algunas de cuyas duras sanciones tendrán que ser levantadas de cara a las elecciones); Cuba (a la cual EE. UU. acusa de desempeñar un papel clave en sostener a Maduro); y las fuerzas armadas de Venezuela (que querrán mantener sus considerables intereses económicos e institucionales).

Venezuela ha experimentado suficientes salidas en falso en anteriores negociaciones como para justificar el alto grado de escepticismo acerca del resultado. Pero las condiciones para llegar a un acuerdo son más propicias que nunca. Para ayudar a alcanzarlo, la población venezolana debería presionar a sus líderes y darles el espacio político necesario para el compromiso, mientras que los actores externos deberían buscar coordinar sus posturas a favor de los esfuerzos de Noruega. Sin un acuerdo, el riesgo es que la actual situación política se enquiste mientras las condiciones humanitarias se deterioran y los flujos migratorios aumentan, o aún peor, que se desate un conflicto violento generalizado. Barbados representa la mejor esperanza para el país, y esta ventana podría no permanecer abierta por mucho más tiempo.

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