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Índice de Paz México 2019: Identificar y medir los factores que impulsan la paz

Pays
Mexique
Sources
IEP
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RESUMEN EJECUTIVO

El Índice de Paz México (IPM) 2019, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), proporciona una medición integral de los niveles de paz en México. El IPM se basa en la metodología del Índice de Paz Global, la más reconocida medición de la paz en el mundo, que ha sido elaborado por el IEP cada año desde 2007. Esta es la sexta edición del IPM y en ella se presentan las principales tendencias, los modelos y los factores que impulsan la paz en México, incluido un análisis desde la perspectiva de la Paz Positiva, que estudia ocho estructuras sociales y destaca áreas importantes para el diseño de políticas públicas.

El informe también realiza una estimación del impacto económico de la violencia sobre la economía mexicana, y hace hincapié en la necesidad de aumentar la capacidad y la inversión en el sistema de justicia penal. Por último, aporta evidencia cuantitativa para ayudar al desarrollo de políticas públicas orientadas a crear una sociedad más pacífica. Esta investigación será útil para formuladores de políticas, investigadores, líderes empresariales y, en general, cualquier persona interesada en la tarea de construir la paz en México.

En 2018, la paz en México tuvo un retroceso de 4.9%; el nivel de paz mejoró en 10 estados, y en 22 se deterioró. La razón principal de ese deterioro fue el recrudecimiento de la tasa de homicidios, que se elevó 14%. En 2018, esta tasa alcanzó en México niveles históricamente altos: 27 muertes por cada 100,000 habitantes, o más de 34,000 víctimas. Este grado de violencia supera el punto álgido que hubo en 2011. El incremento en la tasa de homicidios en 2018 se acompañó de un aumento considerable en la tasa de violencia con armas de fuego, que creció 16% y provocó que 24 de los 32 estados reportaran crecientes tasas de delitos cometidos con ese tipo de armas.

El principal hallazgo del informe de este año es que, ante la escalada de violencia, el gobierno ha invertido en el sistema judicial menos de lo que se requiere.
Actualmente, el gasto del gobierno en las fuerzas policiales y el sistema judicial como porcentaje del PIB, es apenas la mitad del promedio de los demás países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aunado a ello, únicamente en 7% de los delitos se abrieron carpetas de investigación en 2017 y menos de 3% terminaron en una sentencia, lo que arrojó una tasa de impunidad de 97%.

El impacto económico de la violencia se elevó 10% en 2018, alcanzando los 5.16 billones de pesos (US$268 mil millones), lo que equivale a 24% del PIB del país. En términos per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 41,181 pesos, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano. Además, esta cifra varía considerablemente de estado a estado:va desde 10,808 pesos en Yucatán hasta 83,167 pesos en Colima.

El costo de oportunidad perdido es alto: reducir la violencia de todo México al nivel de sus cinco estados más pacíficos generaría un dividendo de paz de 2.5 billones de pesos al año, o 10 billones de pesos durante un periodo de cuatro años. Eso implicaría un valor económico adicional equivalente a 11% del PIB de México de 2018, o más de 11 veces el gasto actual del gobierno federal en seguridad interna y justicia.

De nueva cuenta, Yucatán fue el estado más pacífico de México, seguido de Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo. Sin embargo, el año pasado estos cinco estados registraron un incremento en sus tasas de homicidios, lo que concuerda con la tendencia nacional.
Tres de los cinco —Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo— presentaron un deterioro en sus calificaciones del IPM en 2018, lo que indica que la escalada de violencia ha alcanzado incluso a las zonas más pacíficas del país.

Baja California se ubicó como el estado menos pacífico de México por primera vez en 2018, seguido de Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua. Los cinco estados menos pacíficos presentaron un deterioro en 2018 y abarcan toda la geografía del país: Guerrero,
Colima y Baja California se encuentran sobre la costa del Pacífico; Quintana Roo está en el mar Caribe, y Chihuahua se localiza en la frontera con Estados Unidos. Las calificaciones de estos estados fueron bajas prácticamente en todos los indicadores.

La mayor mejora correspondió a Baja California Sur, que subió siete lugares en la clasificación, de la posición 32 en 2017 a la 25 en 2018. Este estado ha reducido su tasa de homicidios en 76%, de 105 a 26 por cada 100,000 habitantes. Baja California Sur fue el único estado del país en lograr ser más pacífico en todos los indicadores.

En los tres estados con mayores mejoras en el IPM 2019 —Baja California Sur, Sinaloa y Sonora—, los gobiernos pusieron en marcha programas específicamente creados para atender los retos locales. Todos esos programas incorporaron a organismos intergubernamentales, con la participación de empresas y sociedad civil. En la sección 3 se detallan las características clave de los programas de seguridad que han tenido éxito.

México sigue enfrentando altos índices de corrupción. En 2018, casi 70% de los mexicanos creían que los jueces eran corruptos y más de 65% tenían la percepción de que en el Ministerio Público, la institución a la que deben denunciar un delito, había corrupción. Este porcentaje es mayor entre las personas que han sido víctimas de un delito, pues llega a 78% de los encuestados.

Pese a los elevados índices de homicidios, delitos con violencia y crímenes de la delincuencia organizada, los estados de México registraron en 2017 una mediana de 110 elementos de seguridad pública por cada 100,000 habitantes, lo que evidencia la falta de capacidad suficiente. Esta proporción representa menos de la mitad del promedio del resto de América Latina. De acuerdo con los datos más recientes, México tiene tan sólo 3.5 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, muy por debajo del promedio global de 16. El déficit de jueces se traduce en que menos casos vayan a los tribunales y contribuye a que haya bajas tasas de condenas.

Resulta alentador que en los últimos años ha habido mejoras en la capacidad del sistema judicial. Por ejemplo, el número de agencias del Ministerio Público se incrementó 8% y la proporción de Ministerios Públicos que cuentan con especialistas en delitos “graves”, como homicidio y violación, ha aumentado de 15% a casi una tercera parte de las agencias desde 2016. Además, el presupuesto per cápita de los Ministerios Públicos estatales se incrementó 20% en el mismo periodo, y el personal de las procuradurías generales de justicia estatales creció 3% en los dos últimos años. Será necesario que México siga destinando una mayor inversión a la capacidad del sistema de justicia penal y mejore la distribución presupuestaria para revertir la creciente tendencia de violencia.

Cada año, uno de cada tres adultos es víctima de un delito en México, pero algunos tipos de violencia afectan de manera desproporcionada a ciertos grupos en particular. Por ejemplo, es más probable que los hombres sean víctimas de homicidio, mientras que 44% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida. Fueron hombres las víctimas en nueve de cada diez homicidios y en 74% de los secuestros. Sin embargo, también fueron hombres quienes cometieron el 85% de los delitos. La violencia afecta más a los jóvenes que a los adultos de más edad, y de hecho la tasa de homicidios de jóvenes de entre 15 y 29 años fue 42% más alta que la de la población en general. Al analizar todos los datos sobre las víctimas, los perpetradores y el sistema judicial, se observa que hay sectores de la población de hombres jóvenes de México que están inmersos en ciclos de violencia.

En México, la mayor parte de las personas que están encarceladas son hombres jóvenes que tienen familia y cierto nivel educativo; 64% tenían por lo menos un hijo que dependía económicamente de ellos en el momento de su detención. Acabar con este ciclo traerá beneficios para la economía, los futuros índices de violencia y el desarrollo.

El análisis del IEP sobre la relación entre la violencia y los factores que sustentan la paz, conocido como Paz Positiva, revela que en México cuatro de los ocho pilares son débiles y están deteriorándose. Ante el aumento continuo de violencia, se requieren estrategias mucho más amplias para construir la paz, que atiendan tanto las causas como los síntomas de la ilegalidad.
El análisis sistémico de Paz Positiva del IEP descubrió que las calificaciones bajas en buen funcionamiento del gobierno, bajos niveles de corrupción y libre flujo de información han atrapado a México y su sistema social en un ciclo de violencia. Estos pilares no sólo son débiles en comparación con el resto del mundo y de América Latina, sino que también están deteriorándose, lo cual es motivo de gran preocupación. Adicionalmente, la investigación global del IEP ha demostrado que una característica que define a los países altamente pacíficos es el desempeño equilibrado en todos los pilares. Sin embargo, las calificaciones de México no son balanceadas y la brecha entre los Pilares de Paz Positiva sigue en aumento. A menos que se atiendan estas áreas, será difícil que el país mejore sus niveles de paz.

Una estrategia efectiva debe contemplar múltiples dinámicas de varios factores y la forma en que interactúan. Por ejemplo, un Estado de derecho débil repercute en el libre flujo de información, y los periodistas se enfrentan a elevadas tasas de violencia en todo el país. En 2017 se registraron 507 casos de agresiones contra periodistas. Durante el primer semestre de 2018, se registraron 389 ataques, un 40% más que en el mismo periodo del año anterior.
Al analizar la paz en México como un sistema complejo, se pueden identificar dinámicas con el potencial de detonar cambios más acelerados, generando “puntos de inflexión” que aumenten y mantengan el ritmo de mejora.

Así, aunque parezca que algunos cambios suceden lentamente, es fundamental saber que estos van en el sentido correcto, lo cual resulta particularmente valioso para los programas de reforma del sistema judicial y de aplicación de la ley.