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RESUMEN

Mientras que una de cada 30 personas en el mundo es desplazada o refugiada, en Colombia una de cada 47 personas es migrante venezolana. Para finales del 2018, 1.032.016 millones de venezolanos habían migrado a Colombia. Durante el 2018 la población migrante ubicada en los departamentos de la frontera con Venezuela se incrementó casi en un millón (418%). Arauca, Cesar, La Guajira y Norte de Santander recibieron y acogieron casi dos tercios de la población migrante que llegó a Colombia (Gobierno de Colombia, 2018).

Los migrantes venezolanos llegan al país con múltiples necesidades insatisfechas en salud sexual y salud reproductiva (SSSR) y pueden enfrentar barreras en el acceso a la atención en salud, por razones de su situación migratoria, discriminación y desinformación. El perfil de los migrantes venezolanos es de hombres y mujeres, particularmente en adultos entre los 18 y 59 años. A pesar de la relativa capacidad instalada de las instituciones colombianas, ésta no se traduce en un acceso efectivo y oportuno a servicios de salud sexual y salud reproductiva (SSSR) para estas mujeres y hombres. Para garantizar el acceso se requieren recursos, así como la eliminación de barreras de acceso para la población migrante. En este sentido, se requieren estrategias de comunicación para confrontar la desinformación acerca de la SSSR. Adicionalmente, es necesario reconocer que, aunque las necesidades en SSSR varían ampliamente, estas son específicas y se incrementan debido a las condiciones de vulnerabilidad derivadas de la situación de crisis migratoria, además de la discriminación experimentada por sus otras identidades antes de ser migrantes. Por ejemplo, existen grandes inequidades entre la migración irregular y pendular cuando se compara con migrantes regulares o en proceso de regularización, los cuales tienen mejores condiciones de acceso al sistema de salud pública. Por esta razón, las respuestas y las intervenciones en SSSR deben ser diferenciadas para acercar los servicios de salud a las necesidades y circunstancias de la población migrante en toda su complejidad.

El Paquete Inicial Mínimo de Servicios de Salud Reproductiva (PIMS) debe difundirse ampliamente en Colombia, y particularmente en los lugares de la crisis humanitaria. Los flujos masivos migratorios sin preparación o regulación adecuada por parte de los países receptores crean desafíos y riesgos significativos, incluyendo la violación extrema de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Las crisis humanitarias limitan el acceso de mujeres y niñas a la SSSR, lo cual tiene consecuencias en sus vidas que se profundizan en estos escenarios, por ejemplo el embarazo no deseado y la falta de acceso a un aborto seguro, incrementa el riesgo de la morbilidad y mortalidad materna. Adicionalmente, el incremento de todas las formas de violencia basada en género, en el lugar de origen, durante el tránsito, y en el lugar de destino, aumenta también el riesgo de embarazo no deseado, las ITS, incluyendo el VIH, el trauma psicosocial y la demanda de abortos. Sin acceso a servicios de SSSR están en riesgo las vidas de muchas personas, especialmente las de las mujeres y las niñas más vulnerables.