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El 12 y 13 de junio, los Estados Unidos y Colombia están realizando su primera reunión del Plan de Acción Sobre la Igualdad Racial y Étnica. En esta reunión, los dos países están intercambiando ideas de cómo deben afrontar la discriminación racial contra afrocolombianos e indígenas, particularmente en los sectores de educación, salud, vivienda y empleo. El propósito de la reunión es de reunir los representantes de la sociedad civil y el sector privado con el fin de desarrollar una lista de prioridades para los años 2013 y 2014. Durante la recepción el lunes en la embajada de Colombia, el embajador Carlos Urrutia y la Secretaria Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental Roberta Jacobson expresaron su apoyo en combatir la discriminación racial en Colombia. Aunque se debe considerar la inclusión de más organizaciones afrocolombianas en el futuro, esta reunión es un buen paso para abordar los problemas de discriminación racial, exclusión y marginalización de afrodescendientes.

Siguen las graves violaciones de los derechos humanos de afrocolombianos. Una preocupación principal es la protección de los y las líderes y las comunidades afrocolombianos que están afectados por el conflicto interno armado. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en 2012, 36 por ciento de los nuevos desplazamientos en Colombia ocurrieron en la costa Pacífica, que es primariamente afrodescendiente. Éste representa un incremento de 22 por ciento en el número de desplazados comparado con el 2011, y el 20 por ciento de los nuevos desplazados en Colombia en 2012 fueron afrocolombianos. Gran parte del nuevo desplazamiento es causado por el conflicto armado, las guerras entre narcotraficantes y la violencia en conexión con la extracción de recursos, como las operaciones mineras. Las personas en las áreas afrocolombianas del Valle del Cauca y Nariño sufren mucho de la violencia perpetuada por los grupos armados ilegales. Según los grupos religiosos, entre el 1 de enero y el 19 de abril de este año, alrededor de 91 desapariciones fueron reportadas a las autoridades de Buenaventura. El reclutamiento forzado de menores—incluyendo de niños desde los ocho años—y el abuso sexual cometido por grupos armados, están generando desplazamiento y confinamiento de la población local. Dado esta crisis de desplazamiento, resulta alentador que la Asistente Secretaria del Estado Anne C. Richard visitara Colombia y Ecuador en mayo. La Señora Richard expresó su optimismo sobre la trayectoria de Colombia en cuanto los programas humanitarios para la población desplazada y el proceso de paz, pero también subrayó algunas preocupaciones sobre la persistencia de violencia y el desplazamiento en el país.

Otra gran preocupación sigue siendo la seguridad para los y las líderes afrocolombianos. Durante los últimos meses, WOLA ha recibido un creciente número de denuncias de amenazas de muerte, incidentes de seguridad e intentos de asesinato contra líderes afrocolombianos y defensores de derechos humanos. Estas amenazas de muerte van más allá que palabras, como se evidencian con los asesinatos de Miller Angulo de AFRODES, Demetrio Lopez del Consejo Comunitario de La Caucana (Valla del Cauca) y Sócrates Paz Patiño, el representante legal del consejo comunitario de Iscuande (Nariño). Según la Asociación Regional de Comunidades Negras (ASORCON), la 29ª frente de las FARC asesinó a Patiño el día 28 de mayo, presumiblemente por protestar la extorsión del mismo grupo a los mineros locales y los impactos negativos que la minería ilegal ha tenido en el territorio afrocolombiano.

El asesinato de Miller, una protesta pacífica de AFRODES en un foro con el vicepresidente de Colombia y nuevas amenazas de muerte e incidentes de seguridad contra varios miembros de AFRODES han provocado un diálogo entre la Unidad Nacional de Protección de Colombia y AFRODES. Este diálogo está guiando el desarrollo de medidas de protección colectivas para los líderes de AFRODES en seis áreas del país. Si bien este proceso tomará un tiempo para llegar a un buen término, los esfuerzos de la embajada de Estados Unidos, el Departamento del Estado, USAID y su contratante Chemonics en trabajar con las autoridades de Colombia han ayudado en avanzar la provisión de medidas de seguridad para este grupo, permitiéndoles a continuar con sus operaciones. Un reciente pronunciamiento de la embajada de Estados Unidos en Bogotá por el embajador Michael McKinley que condena la violencia contra líderes afrocolombianos—y que promete continuar el diálogo con el gobierno colombiano sobre los mecanismos de seguridad—es un paso importante en reconocer y abordar los abusos de derechos humanos y los riesgos de seguridad que las comunidades de afrodescendientes continúan a enfrentar. Mas allá de AFRODES, los oficiales de los Estados Unidos han tomado acciones frente todos los incidentes de seguridad de mayor importancia que han afectado a los afrocolombianos durante los últimos seis meses.

Después de muchos años de que EEUU se ha equivocado apoyando proyectos erróneos en el sector afrocolombiano, ahora los nuevos programas de USAID han empezado a tomar pasos correctos para comenzar a implementar algunos programas útiles.El implementador, ACDI/VOCA, por ejemplo está financiando programas que están generando nuevas oportunidades económicas para afrocolombianos. Recientemente, un programa conjunto con Movistar Colombia y Atento abrió un centro de llamadas en Quibdó—una ciudad conocida por los problemas asociados con sus altos niveles de desempleo—que beneficiará a unas 700 personas. En Barranquilla, unos 900 afrocolombianos ahora benefician de un proyecto que se está trabajando con la alcaldía y unas empresas locales para generar empleo.

Cambiar décadas de marginalización social, exclusión y racismo contra los afrocolombianos y abordar las causas de violencia que generan los problemas de seguridad y violaciones contra las comunidades afrodescendientes tomará tiempo. Sin embargo, es positivo ver que los Estados Unidos esté desarrollando programas para comenzar a afrontar estos problemas. La esperanza es que Colombia y las FARC negociarán una paz duradera, y en el posconflicto, los programas estadounidenses ayudarán a solucionar los problemas que las comunidades afrocolombianas continúan a encontrar.